Permitir, validar, (y en un caso extremo) justificar la segregación de derechos humanos y libertades fundamentales de otra persona, es “abrir la puerta” para que el día de mañana cercenen los propios.
El pasado 12 de agosto de 2022, la Organización de Estados Americanos (OEA) sesionó con el fin de condenar la violación de Derechos Humanos en Nicaragua, orquestada por el dictador Nicolás Ortega, quién, entre otras situaciones degradantes, ha cerrado iglesias y ha expulsado a presbíteros y párrocos católicos de este país y dirige una persecución política que pone en vilo la vida de la población nicaragüense. A tan solo 5 días de posesionado como Presidente de Colombia el exguerrillero del Movimiento 19 de abril (M-19) desmovilizado durante el proceso constitucional de 1990-1991, Gustavo Petro Urrego toma la decisión como jefe de Estado, de no hacer partícipe a Colombia (como Estado-Nación) de esta condena de carácter diplomático.
El 1 de noviembre de 2022, Petro, como Presidente de Colombia, sostuvo la primera reunión oficial con el cuestionado gobierno criminal de Venezuela, representado por Nicolás Maduro, contra quien se había optado por romper todo tipo de relaciones diplomáticas hace aproximadamente más de 6 años, una vez la crisis económica, social y política ocasionada por la corrupta gestión del régimen se acentuó al punto de generar el fenómeno migratorio y de miseria más impactante de América Latina. Desde la fecha, y en repetidas ocasiones, Petro como Presidente de Colombia ha afirmado reestablecer las relaciones entre gobiernos, permitir la reapertura de fronteras y levantar los bloqueos comerciales establecidos contra Venezuela, actual socio de Rusia.
Para el 26 de enero de 2023, desde su cuenta oficial de Twitter, Petro como jefe del Estado colombiano, interviene en la geopolítica global y señala textualmente “Ni invasiones ni bloqueos” para referirse a la guerra vigente entre Rusia y Ucrania, abogando por la “paz” y la retaliación conceptual a la solicitud de Estados Unidos de enviar armamento a Ucrania, como el resto de países de cercanos y parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Guerra que, entre otras consecuencias humanitarias, ha puesto en evidencia la necesidad que tienen los países de establecer y buscar el mayor grado de soberanía e independencia energética como uno de los estandartes políticos y económicos fundamentales para proteger la ciudadanía de los Estados democráticos y el bienestar de la población en general.
“… a diferencia del pasado, hoy en día la democracia no muere en manos de dictadores que la remplazan por sistemas autoritarios, sino que se pervierte en manos de líderes electos”. Nancy Bermeo (2016)
La cuestionable Ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, quien, para tomar posesión del cargo sometió a una de las carteras técnicas más importantes del país, por orden de Petro como jefe de gobierno, a modificar el manual de funciones y competencias mínimas requeridas para acomodarse a ella; acusada de falsificar cifras y mentir inescrupulosamente en informes y foros internacionales sobre las reservas minero-energéticas del país, ha sostenido con vehemencia el deseo de promover la “Transición Energética” de Colombia supeditando el país a la importación de gas venezolano. El viernes 17 de febrero de 2023, el Ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, dio a conocer mediante entrevista para el medio venezolano Globovisión, que las aspiraciones de la activista y hoy Ministra de Minas y Energía son absolutamente posibles para este gobierno, y que en el mediano plazo se espera que Venezuela exporte gas a Colombia.
Las presiones sobre el peso como moneda nacional (COP) acrecentadas por la falta de confianza inversionista, habían sido moderadas y controladas por la postura del Ministro de Hacienda de Colombia, quien reconocía la necesidad de continuar con los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio, dentro de los términos jurídicos que actualmente rigen el Estado colombiano. No obstante, la agenda política <de cambio> del gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro Urrego, no contempla riesgos fiscales ni sociales dentro de la planificación de su implementación, incidiendo en factores económicos y macroeconómicos de forma exorbitante e incentivando la polarización del pueblo colombiano, que no ha logrado superar el conflicto armado pese a la voluntad indulgente del Estado para con los actores del terrorismo, implicados también en minería ilegal como una de sus principales fuentes de ingreso.
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