En la mitología griega, Themis es la diosa que encarna la justicia divina, el orden y la ley; se le representa sosteniendo una balanza, que simboliza la equidad, y con los ojos vendados, indicando que la justicia debe ser imparcial y no influenciada por la apariencia o actos de las personas. Adoptada y adaptada por los romanos, Iustitia nos muestra la objetividad de la justicia, que busca la verdad, la equidad y el equilibrio en las leyes, principios cruciales que sirven para para mantener el Estado de Derecho en cualquier sociedad. Dichos conceptos son especialmente relevantes en el actual contexto de México, donde se propone una reforma judicial que podría socavar la independencia y la imparcialidad que simbolizan Themis y Iustitia, poniendo en riesgo, no solo la impartición de justicia en el país, sino sus cimientos, pues, las consecuencias de la impunidad afectan a todo el tejido social: a las personas, a sus vidas, sus pertenecías, su economía, su seguridad y, por supuesto, su libertad.
En recientes encuestas presentadas por Claudia Sheinbaum, virtual presidente de México, se ha mostrado un amplio respaldo ciudadano a la reforma del poder judicial promovida por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, donde se propone la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular. Aunque esta propuesta pretende incrementar la participación ciudadana y la transparencia, es una medida que tiene un excelente contenido populista, independientemente de su falta de lógica, ¿Qué campaña puede hacer un juez o magistrado? En realidad, es un atentado grave al Estado de Derecho del país.
La independencia judicial es uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho, ya que asegura que los jueces puedan tomar decisiones sin influencias externas indebidas, bien sean políticas o sociales; actualmente, nadie cree en Themis o en Iustitia como diosas, pero los países se adhieren a pactos sociales para asegurar la convivencia en un mundo global, así garantizan el derecho a un juicio imparcial y competente. México forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ende, al elegir jueces por voto popular introduce la posibilidad de que estos funcionarios deban responder a las corrientes políticas y a las preferencias del electorado, en lugar de actuar con base en la ley y los hechos, lo que automáticamente cae en violación a estos tratados, poniendo a los propios ciudadanos en riesgo, pues la justicia dejaría de ser ciega.
La corrupción es uno de los vicios de cualquier sistema judicial. Para asegurar la observancia de la ley, en México existe el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Entre sus funciones destacan la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros supervisando el desempeño de jueces y magistrados, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de asegurar que cumplan con sus responsabilidades de manera adecuada y conforme a la ley. Además, el CJF regula el ingreso y la formación, promoción y permanencia de los jueces y magistrados federales mediante un sistema basado en el mérito y la capacidad, y tiene la autoridad para crear, suprimir y modificar los juzgados y tribunales federales según las necesidades de la administración de justicia.
Siguiendo con el simbolismo, el CJF representaría la venda de la justicia. Su función de vigilancia y disciplina permite investigar y sancionar a aquellos que incurran en conductas indebidas, promoviendo un comportamiento ético y profesional. Este marco administrativo y disciplinario reduce la posibilidad de corrupción y favoritismo, y contribuye a la transparencia y eficiencia en la impartición de justicia, asegurando que se base en hechos y leyes, y no en presiones políticas o intereses particulares.
La reforma judicial pretende eliminar el CJF y crear un Tribunal Disciplinario Judicial, cuyos miembros serían elegidos también por voto popular, lo que aumenta el riesgo de caer en corrupción, favoritismo y todos los vicios que puede traer consigo el gerenciamiento de justicia. De esa forma, los encargados de mantener en equilibrio la balanza de la justicia podrían ser comprados e influenciados tanto por grupos delincuenciales como por partidos o instituciones políticas, y no actuarían con base en la ley, el mérito y la capacidad profesional de quienes tienen como misión de vida llevar la justicia a los ciudadanos.
Ahora bien, la reforma también propone reducir los términos de los jueces, magistrados y ministros sincronizándolos con el sexenio presidencial, medida que podría incrementar la influencia del ejecutivo sobre el poder judicial, erosionando aún más la independencia judicial y convirtiendo la justicia en un instrumento de los intereses políticos del Gobierno en turno. Todo esto, crearía una fusión entre los poderes ejecutivo y judicial, puesto que propone también la vinculación entre los salarios de los jueces y los del Presidente de la República.
Pese a que la reforma propuesta busca incorporar mecanismos democráticos en el sistema judicial, sus implicaciones son profundamente perjudiciales para el Estado de Derecho en México. La elección de jueces por voto popular, la reducción de sus términos, la creación de un tribunal disciplinario politizado y el control financiero del poder judicial amenazan con debilitar la independencia judicial: un pilar esencial para una justicia imparcial y competente. Por lo tanto, es vital reconsiderar estas propuestas para asegurar que el sistema judicial mexicano siga siendo un contrapeso independiente y efectivo frente a los demás poderes del Estado. Sin un Estado de Derecho volvemos a la barbarie, lo cual nos afecta a todos los ciudadanos: así la justicia sería solamente un instrumento para legalizar la corrupción.
Esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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