“Para garantizar la legitimidad y confianza de las instituciones democráticas (…) se requiere una reacción inmediata del gobierno en búsqueda de la verdad sobre las acciones militares desarrolladas en la Vereda El Remanso, Putumayo”.
La vereda El Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, es el centro de atención desde el pasado lunes 28 de marzo, cuando el ministro de Defensa señaló que un operativo militar contra alias “Bruno”, culminó con la muerte de once (11) disidentes de las Farc. Sin embargo, la comunidad y organizaciones defensoras de Derechos Humanos denuncian que los fallecidos, incluyendo un menor de edad, son civiles que se encontraban en una celebración en medio de un bazar.
Así las cosas, frente a las diferentes versiones que existen en relación con la operación adelantada por el Ejército, y con la finalidad de absolver las dudas al respecto, es momento de realizar verificaciones exhaustivas que permitan obtener las primeras conclusiones objetivas. Necesitamos el acompañamiento de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, quien actúa como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o de algún otro organismo internacional que brinde garantías, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La mejor manera de proteger a nuestra fuerza pública, que está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (artículo 216 Constitucional), es mediante un esfuerzo institucional que se traduzca en hechos concretos que sean conocidos por la opinión pública.
El gobierno nacional, por intermedio del ministro de Defensa, se encuentra en la obligación de enviar un mensaje correcto al país, promoviendo que las investigaciones avancen, porque incluso en la guerra no todo vale.
Como lo señaló la editorial de El Espectador del día 4 de abril, “la existencia de tantas dudas merece un cambio de tono por parte del Gobierno y la apertura del Ejército a permitir una verificación externa de lo ocurrido (…) cuando la comunidad hace denuncias tan graves, es fundamental que sea escuchada y sobre todo que las respuestas dadas se hagan con toda la claridad posible”. No se trata solo de una cuestión de mero trámite o formalismo.
No podemos retornar a esas épocas de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Los falsos positivos son una expresión atroz del conflicto que vive el país.
La Procuraduría delegada para la defensa de los Derechos Humanos, a través de comunicado fechado 30 de marzo, recuerda que “los ataques contra población civil se encuentran proscritos por el Derecho Internacional Humanitario”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, “solicitó a las autoridades judiciales competentes el rápido esclarecimiento de los hechos”, añadiendo que “la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido”. Además, Human Rights Watch, pidió al ministro de Defensa: “¿qué evidencia tienen para decir que se trataba de “criminales”?”.
Para garantizar la legitimidad y confianza de las instituciones democráticas conviene investigar lo ocurrido por parte de organismos y entidades independientes. En un Estado social de derecho corresponde que todos los reclamos sean escuchados y atendidos. En este sentido, El Tiempo, el día 6 de abril, hizo un llamado concreto: “los interrogantes en torno a la operación militar en Putumayo deben tener respuesta clara”. Ante cualquier duda razonable, la lógica indica que, por la credibilidad del Ejército y tranquilidad de la comunidad, se requiere una reacción inmediata del gobierno en búsqueda de la verdad sobre las acciones militares desarrolladas en la Vereda El Remanso, Putumayo.
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