En el 2015, como parte de la investigación para mi tesis de maestría, consulté las ediciones de la revista ‘Semana’ entre enero de 1985 y agosto de 1990 (les puedo asegurar que en ese entonces la revista poco tenía que ver con la revista actual). Revisando fuentes primarias entendí que la guerrilla nunca fue el verdadero problema de Colombia, esta solo fue la manifestación de problemas mucho más profundos cuyas soluciones continúan siendo postergadas. Es precisamente por esto que la implementación del Acuerdo de Paz ha generado tanta resistencia.
Una de las razones que explican el surgimiento de la guerrilla es el cierre del régimen político. Fue la apertura del régimen lo que motivó el inicio de los diálogos con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Como parte de este proceso de democratización se creó, en mayo de 1985, la Unión Patriótica (UP) y, en enero de 1986, se aprobó la reforma constitucional de elección popular de alcaldes que rigió a partir de las elecciones de marzo de 1988.
Esta reforma fue el punto neurálgico de la apertura democrática porque significaba el inicio del fin del bipartidismo. Tanto los candidatos conservadores como los liberales tenían miedo de no quedar elegidos en muchos municipios, pues sabían que la UP se estaba convirtiendo en una fuerza política con posibilidades reales de llegar al poder. Era tal su auge que, desde mayo de 1985 hasta agosto de 1987, fueron asesinados 453 de sus miembros.
Pocos meses antes de los comicios de marzo de 1988, se puso en marcha un plan para desestabilizar las elecciones. No solo asesinaron a los líderes de la UP en las regiones donde su victoria estaba asegurada, sino también a líderes campesinos y sindicales. Las regiones más afectadas fueron Urabá, Córdoba y los Llanos. Tras la masacre de Curralao, en el Urabá antioqueño, la revista ‘Semana’ afirmó: “Lo que no queda muy claro es por qué en Urabá, donde hoy por hoy hay una gran concentración de efectivos militares –es la sede de X Brigada con 5 batallones de cerca de mil hombres cada uno– no se ha logrado el control de la zona y la violencia aumenta día a día. En varias oportunidades, los dirigentes de la UP han denunciado la complicidad de militares con los asesinatos de trabajadores y líderes del movimiento, y aunque nada se ha podido comprobar, lo cierto es que o el Ejército es ineficiente para garantizar la vida, honra y bienes de los habitantes de Urabá, o se está haciendo el de la vista gorda”.
También en ese entonces los representantes del Gobierno minimizaron los asesinatos. Pero nadie puede negar que se trató de un genocidio político: el exterminio sistemático de un grupo de personas por razones políticas.
Lo que está ocurriendo hoy nos recuerda el genocidio de la UP. La pregunta es: ¿por qué hay personas que se resisten a calificar el exterminio sistemático de líderes sociales y exguerrilleros de las Farc como un genocidio? Desde la firma del Acuerdo final hasta la fecha han sido asesinados 222 exguerrilleros de las Farc, ¿no les parece un exterminio sistemático? En cuanto a los líderes sociales, no pertenecen todos a un mismo partido, pero están cumpliendo una labor política, por eso los asesinan. Es evidente que existe un plan para asesinar a aquellas personas que están produciendo o podrían producir cambios políticos concretos en sus zonas de influencia. Los líderes sociales y excombatientes transforman las relaciones de poder en esos territorios y, por lo tanto, son una amenaza para las fuerzas políticas que históricamente se han resistido a la transformación social de Colombia.
Hace unas semanas, durante la quinta asamblea virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo que, desde el gobierno de Iván Duque, existía una venganza genocida contra los procesos con las Farc y el Eln. El Gobierno inmediatamente salió a desautorizarlo. Lo que no se puede negar es que Álvaro Uribe, el líder supremo del partido de gobierno, quien llevó al poder al presidente Duque, ha sido el principal enemigo del Acuerdo de Paz y que la posición del partido de gobierno ha sido la de “hacer trizas” los acuerdos. ¿No creen que este odio visceral hacia el Acuerdo, lejos de desanimarlos, empodera a los autores materiales de estos asesinatos?
No podemos quedarnos callados; no podemos permitir que este nuevo genocidio siga ocurriendo frente a nuestros ojos. No podemos seguir contando los asesinatos como si fueran unas estadísticas más. Existe un plan para asesinarlos y hoy, a diferencia de lo que pasó en los años 80, sabemos perfectamente quienes son los que no quieren que Colombia viva en paz.
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