Todos los días traen su afán y cada año viene con retos. Además de los usuales, este 2021 trae algunos singulares.
El primero y obvio es la vacunación. El Gobierno no busca vacunar a toda la población. Calcula que con el 70% se alcanzaría la llamada «inmunidad del rebaño». Eso supone llegar a 35.7 millones de colombianos, de los que excluirán en la primera fase a 1.5 millones que tendrían inmunidad natural por ya haber sido contagiados. Hasta hoy, el MinSalud ha anunciado la compra de 49 millones de dosis que, por sus características, cubrirían a 29 millones de compatriotas. Es de esperar que en las próximas semanas se anuncie otro acuerdo para comprar entre 8.5 y 17 millones de dosis adicionales, si las vacunas que se adquieran exigen que se ponga dos veces. Se empezará por los profesionales de la salud y mayores de 80 y se irá bajando por fases a otros sectores y grupos etarios en consideración al riesgo de cada uno. Los menores de 16 años quedarán por fuera y los venezolanos no serán vacunados sino hasta que se cubra a los nacionales. La vacunación será voluntaria y empezaría no antes de marzo. En el segundo semestre seguramente habrá oferta privada.
Las dosis serán distribuidas a través del mecanismo usual del programa general de vacunación y una base de datos especial que tendrá la identificación y las condiciones de cada usuario. Según el Ministerio, Colombia cuenta con 7.920 vacunadores y la posibilidad de aplicar 277.200 vacunas por día. Dos incertidumbres quedan por despejar: la manera en que se manejaran las vacunas que requieren ultracongelación, como las de Pfizer, y la creciente resistencia dentro de la población a vacunarse. Una campaña pedagógica para resolver las dudas y convencer a los reacios será vital. Debería ser objeto de discusión que los que se nieguen a vacunarse paguen los tratamientos en caso de que se infecten y necesiten ser tratados. En cualquier caso, la «normalidad» apenas empezará a recuperarse en el segundo semestre.
Las vacunas serán gratuitas pero las pagaremos todos con nuestros impuestos. Y ahí está el segundo gran desafío: se viene otra reforma tributaria con espíritu fiscalista, como las que se hacen usualmente en nuestro país, es decir, una que busca aumentar recaudo.
El pasado ha sido el peor año de la economía colombiana desde que tenemos estadísticas, con una caída de al menos el 7.7% del PIB. El menor crecimiento y el frenazo de los precios internacionales del petróleo han traído menores ingresos tributarios. El Gobierno calculaba que el recaudo fiscal del 2020 estuviese 24 billones de pesos por debajo de lo esperado.
A la par que los ingresos caían, el gasto se disparó por los esfuerzos en materia de salud (nuevas unidades de cuidados intensivos, compra de ventiladores y pruebas Covid, ahora las vacunas), por el aumento de las ayudas a la población vulnerable (más transferencias a los programas ya existentes y creación del de Ingreso Solidario), y por los apoyos al sector productivo, en particular el subsidio a la nómina.
Como los ingresos del Gobierno dependen de los impuestos en un 85%, la reforma es inevitable. El Min Hacienda ha advertido que buscará recaudos nuevos del orden del 2% del PIB, 20 billones de pesos, alrededor de tres veces más de lo que usualmente se consigue con una reforma tributaria tradicional en nuestro país. Es decir, la que se viene será brutal.
En mi opinión, esa reforma solo debería producirse después de examinar la naturaleza y calidad del gasto público, que creció exponencialmente entre 2010 (148.3 billones) y el 2018 (235.6 billones). Desde entonces no ha parado de crecer: 258.9 para el 19, 271.7 el 20 y 313.9 para este año que empieza. Los gastos de funcionamiento se han triplicado desde el 2010. Hay que reducir el tamaño del Estado. Y hasta hoy, de austeridad, nada.
También es indispensable revisar los compromisos asociados con el pacto de Santos con las Farc, del orden de 130 billones de pesos. Y ser muy eficaces en la lucha contra la evasión y la elusión, a partir del buen trabajo que viene haciendo la DIAN. Y hay que evaluar las exenciones tributarias.
El punto es que la tributaria debería pensarse desde otra óptica, más allá de la de aumentar el recaudo: debería, por un lado, centrarse más en dar estímulos para crear empresas y generar empleo que en hacer permanentes los subsidios de la red de protección social. La red es indispensable como mecanismo de emergencia, pero hacer dependientes a los ciudadanos de los subsidios es dañino para la lucha contra la pobreza; por el otro, hay que crear condiciones para la formalización, una de las plagas de nuestra economía; y, además, hay que hacer el país más competitivo y atraer inversión extranjera que, en las circunstancias actuales, es lo único que nos permitirá entrar a una senda de crecimiento permanente de más del 5% anual.
Finalmente, este será un año preelectoral, con una campaña que empieza temprano y que estará muy polarizada. La gran alianza para asegurar la vigencia de la democracia, las libertades y la economía de mercado en el 2022 es un desafío fundamental.
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