““…en medio de una guerra entre ustedes y los delincuentes”. Con estas palabras Guillermo Lasso selló la rendición del Estado ecuatoriano al crimen organizado. La ciudadanía se queda sola en esta guerra que los generales del presidente (Diego Ordóñez y Juan Zapata) se dedicaron a perder retirada tras retirada”.
Escribo estas líneas a toda prisa minutos después de que, por cumplir el capricho de una oligarquía violenta y de unos libertarios oligofrénicos que le hacen de asesores —y, probablemente, para congraciarse con el Partido Social Cristiano y evitar su enjuiciamiento político—, el presidente Guillermo Lasso ha autorizado el porte de armas de uso civil para defensa personal.
Me proponía enviar al equipo editorial de Al Poniente una columna acerca de la admisión del juicio político contra el presidente por parte de la Corte Constitucional. Iba a hablar de la ignominiosa defensa que Guillermo Lasso hizo de su honra mientras evitaba hablar del trabajador de una joyería embalado con explosivos por extorsionadores. También me planteaba comentar la completa falta de empatía del presidente al hablar de “asesinos de la reputación” mientras el país vive una ola de asesinatos muy reales. Quería reiterarme en mi posición de que la única válvula de escape para el país, en este momento, es la salida del presidente vía juicio político y no a través de la muerte cruzada, cuyos efectos serán indudablemente lesivos para el régimen democrático y para la estabilidad social.
Sin embargo, la irresponsable decisión del presidente esta noche me obliga a desechar cualquier rezago de ingenuo optimismo acerca del futuro inmediato de mi país. Hoy, sábado 1 de abril de 2023, el presidente de la República del Ecuador ha resuelto despojar al Estado del monopolio del uso de la violencia legítima, precisamente en el momento en que las bandas criminales gobiernan las calles.
“…en medio de una guerra entre ustedes y los delincuentes”. Con estas palabras Guillermo Lasso selló la rendición del Estado ecuatoriano al crimen organizado. La ciudadanía se queda sola en esta guerra que los generales del presidente (Diego Ordóñez y Juan Zapata) se dedicaron a perder retirada tras retirada.
Hoy, en un último acto desesperado, el gobierno ha enviado, como carne de cañón, a los ecuatorianos al frente de batalla a morir a manos de las huestes del narcotráfico o, peor aún, a perecer bajo fuego amigo.
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Desde hoy pasamos del “usted no sabe quién soy yo” al “usted no sabe que traigo aquí”; de los tramitadores de documentos a los tramitadores de armas; de los psicópatas que apalean a los guardias de seguridad de sus urbanizaciones privadas a los asesinos de sangre azul que la policía nunca encuentra hasta que ya abandonaron el país.
Hasta hoy, el legado de Guillermo Lasso se resumía en policías sin uniformes, hospitales sin medicinas, universidades sin presupuesto, masacres carcelarias, ministerios que no ejecutan sus presupuestos y hasta un censo fracasado. A esta ya de por sí penosa lista, ahora agrega el retorno al estado de naturaleza, ese que tanto anhelan los libertarios de “Ecuador Libre” que lo han asesorado durante estos dos años de desmantelamiento del Estado.
Erosión de la democracia, desfinanciamiento del Estado, desempleo y empleo precarizado, evasión de impuestos, mafias enquistadas en el sector público, violencia e inseguridad son todo lo que puede ofrecer un gobierno en el que los libertarios tengan voz y voto.
En un país en el que una petición de bajar el volumen a la música puede resultar en tentativa de asesinato, en el que unos cuantos dólares son suficientes para obtener cualquier documento en una institución pública, en el que no existen políticas de salud mental, donde las tasas de femicidio no hacen más que aumentar año con año y en el que el encargado de la seguridad es Diego Ordóñez, el porte de armas de uso civil es un llamado a la violencia más desgarradora y a la ruptura absoluta de cualquier sentido de comunidad.
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