Avanza en el Congreso de la República de Colombia una serie de proyectos de reformas sociales. Sin embargo, cuando se aprecia en discutir la economía, la seguridad social y el trabajo de los sectores populares, estos no se abordan como sujetos de derechos públicos.
En el marco de la formalidad cualquier trabajador tiene una obligación con el Estado y con su empleador y el Estado y su empleador con el trabajador conforme sus procesos de afiliación al sistema de protección social. a contrario sensu, para el caso de Colombia solo el Estado protege a través de “políticas asistencialistas” a los sectores populares. Como bien, señala Alexandre Roig “la distribución del ingreso, no están conectadas significativamente con una relación de derecho fundada sobre la relación fiscal, en la cual la obligación de pagar impuestos (incluidas las cotizaciones a la seguridad social) esté asociada con el derecho a prestaciones sociales obligatorias que cubran los principales riesgos sociales”. ¿Cuál es el coco fiscal que siempre sale a relucir en cualquier reforma en Colombia? ¿No está en riesgo social las economías populares? ¿Qué podemos cambiar en una reforma de la protección social si la base de la economía es un modelo neoliberal? Finalmente, Cada quien debe hacerse responsable por costear su propia protección. Así de sencillo y sin sonrojarse lo impone el modelo económico-político neoliberal.
Ante la marginalidad que tienen en Colombia los sectores populares ya manifiesta por un modelo económico-político (caduco) neoliberal; se suman políticas sociales inadecuadas y poco focalizadas. La posibilidad de presentar una reforma a la protección social de los sectores populares, cada vez, tiene menos ambiente político en el congreso por parte de la coalición del gobierno nacional. Estamos hablando un poco más de 60 “políticas asistencialistas” que no conducen a mejorar los modelos de equidad y mucho menos en lo que han denominado algunas instituciones internacionales a mantener una “lucha contra la pobreza”. En este sentido, hay que decir, que al Banco Mundial le asiste una gran responsabilidad, solo ha mantenido un concepto desarrollista, positivista y lineal de los marcos referenciales que aluden a la pobreza sin que este presente un estudio serio que comporte elementos estratégicos que puedan hacer frente junto los Estados. Aun así, los sectores populares insisten y se movilizan para tal fin (con toda razón) porque han manifestado sus propias formas alternativas de ejercer mejor sus capacidades democráticas. Los proyectos se han construido con las bases comunitarias para que el gobierno nacional pueda adoptarlo en una “posible” reforma a la seguridad social.
El gobierno que representa Gustavo Petro al igual que los gobiernos departamentales y locales, así como, las organizaciones multilaterales; deben comprender, además, de saber que, los sectores populares hoy no solo sobreviven, son una economía viva, pujante y alternativa que dan solución a muchas de las crisis laborales que se adentran en Colombia. No se puede abandonar la discusión, si acaso consideran una reforma a la protección social la inclusión de los sectores populares.
En aras del debate, no se puede dejar a un lado la heterogeneidad que habita en lo común (Comunitario) de la producción y reproducción que encarna las economías populares. Sus prácticas sociales son la fuente de los derechos públicos. Pensemos siempre que la base de la economía es su gente. Son la propuesta social para una un país más solidario que valora más la inversión en el desarrollo colectivo y personal que el consumo de bienes opulentos. “Una sociedad justa es la que permite a todos sus miembros acceder a los bienes fundamentales de la manera más amplia posible, como por ejemplo la educación la salud” Thomas Piketty, y agregaría; la protección social de los sectores populares.
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