“Rectificar un titular va más allá de una simple corrección: es responsabilidad, empatía y dignidad para las víctimas”.
Un gran reto están experimentando los medios de comunicación nacionales e internacionales producto del enorme problema de explotación sexual, trata de personas y gentrificación que vive Medellín. El cubrimiento de estos temas supone un desafío para los periodistas quienes necesitan mirar los hechos con los lentes de los derechos humanos para ser responsables y no caer en narrativas revictimizantes.
El debate estalló luego de la noticia de que el estadounidense Timothy Alan Livingston fue encontrado con dos niñas, de 12 y 13 años, en el hotel Gotham —el cual fue liquidado— con signos de abuso sexual. A este hecho, se suman otros casos como el de Dominick Divencenzo, un estadounidense de 40 años que fue capturado en el barrio La Floresta de Medellín por delitos sexuales contra menores de edad. Como lo reveló el medio La Vorágine, estos no son casos aislados y revelan el entramado de la industria de la explotación sexual que opera en la ciudad.
Medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, han centrado su mirada en estos hechos. Algunos con más cuidado y éxito que otros han logrado hacer un cubrimiento con enfoque de género y derechos humanos, pero quisiera precisar en el lenguaje que se usa desde la prensa para referirse a estos temas.
El lenguaje crea imaginarios, realidades, legitima o deslegitima actos o sucesos. Gran parte de las noticias que se han publicado sobre el tema han usado el término «turismo sexual», como por ejemplo: «El alcalde Federico Gutiérrez reveló cuáles son las bandas encargadas del turismo sexual en los alrededores del parque Lleras en Medellín» titular del medio digital Infobae.
No existe el “turismo sexual”. Existe la explotación sexual asociada o en el contexto del turismo. Usar el término “turismo sexual” normaliza el uso de la infraestructura turística de un país por parte de las redes e industrias del crimen organizado y la explotación sexual.
Asimismo, y no menos grave, está este ejemplo: «Niñas prostituidas y extranjeros voraces: la explotación sexual en Medellín», titular de El País de España. No existen las “niñas prostituidas”, no hay “niñas prostitutas”. Esto tiene un nombre y es un delito tipificado en el Código Penal colombiano como explotación sexual comercial de niños y adolescentes (ESCNNA) (ley 599 del 2000 art 218).
Usar el término “niñas prostituidas” responsabiliza a las víctimas de su propia explotación, por lo tanto es revictimizante. Además, legitima prácticas que son ilegales. La explotación sexual no es una actividad, servicio o trabajo que la víctima ejerza, es exclusivamente la conducta de los explotadores. Y ¿a qué nos referimos con «extranjeros voraces»? ¿A explotadores sexuales, puteros, pedófilos o proxenetas? Esto tiene un nombre específico y es un crimen reconocido por el derecho internacional y nacional.
Seguramente existen muchos ejemplos similares, pero mi punto es que aunque en la normativa colombiana actual existan términos como “prostitución de menores”, “pornografía con menores” y “turismo sexual”, en el periodismo podemos y tenemos el deber y la responsabilidad de usar un lenguaje adecuado al enfoque de derechos humanos cuando hablamos de temas de sensibles como la explotación sexual. Un lenguaje que no normalice ni legitime lo que es delito. Rectificar un titular va más allá de una simple corrección: es responsabilidad, empatía y dignidad para las víctimas.
Todas las columnas de la autora en este enlace: https://alponiente.com/author/mariaisabelmoreno/
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