Una vez leí una definición de la reconciliación, que me gustó mucho, entendiéndola como un proceso que permite transitar de un pasado dividido a un futuro compartido para que “antiguos enemigos” coexistan pacíficamente. Eso exactamente creo que significa la transición de mando presidencial de Iván Duque al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro; por las siguientes razones.
Petro perteneció a un grupo guerrillero, es decir, una organización que tenía por fin derrocar el estado de cosas que consideraban ilegítimo –con justa razón- para crear uno más justo. Finalmente el M-19 se desmovilizó y desde ese momento Petro ha transitado en la izquierda colombiana -que siempre había sido minoritaria- denunciando desde sus posiciones de poder a la clase otrora dirigente del país, lo que le costó muchos “enemigos” políticos y económicos; como el uribismo que fue la fuerza política hegemónica durante la mayoría de años de lo que lleva este siglo.
Por su parte, Francia Márquez, una lideresa ambiental y social premiada internacionalmente, de extracción rural, quien en defensa de los recursos naturales que afectaban el territorio del Consejo Comunitario de La Toma, en el municipio de Suárez, Cauca, en el que nació, también se hizo varios enemigos que protegen intereses de la minería a gran escala.
Un gobierno para la reconciliación es un gobierno diverso. Se han anunciado nombramientos como los de i) la Ministra de Cultura, Patricia Ariza, dramaturga, poeta y sobreviviente del exterminio de la UP a manos de grupos criminales en connivencia con el Estado, ii) la embajadora ante la ONU en Nueva York a Leonor Zalabata Torres, lideresa Arhuaca y defensora de los derechos de las mujeres y la naturaleza; iii) la Directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, abogada Embera; y iv) al Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, líder Nasa y exgobernador del resguardo de Huellas en Caloto. Pueblos indígenas que han sido declarados por la Corte Constitucional en peligro de exterminio físico y cultural por el conflicto armado interno y víctimas de gravísimas violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos.
Sin duda todos ellos representan minorías históricamente marginadas en Colombia, que por décadas han sido excluidas de las posiciones de poder, precisamente por la élite nacional.
Así, las circunstancias de marginalidad y las posturas de contrapoder y de oposición a los intereses hegemónicos han contribuido a configurar un “pasado dividido”, que tras la apertura democrática que trajo consigo el Acuerdo Final de Paz, ha generado que, con estas elecciones ganadas por el Petro y Márquez, tengan poder otros intereses excluidos, con el fin de construir entre todos los sectores, un futuro compartido que nos permita coexistir como una sociedad pacífica; permitiéndose unos relevos de poder presidencial que hacen bien a cualquier democracia pues permiten un mayor y mejor control a la gestión y denotan la posibilidad de que las posiciones de poder son accesibles a los marginados. Dicho en pocas palabras, permite la reconciliación.
Adenda: Llama la atención el escándalo que generó en el Centro Democrático la designación de un indígena al mando de la Unidad de Restitución de Tierras, insinuando un conflicto de intereses por pertenecer al pueblo Nasa, víctima del conflicto armado. Todo lo contrario, precisamente la función misional y legal de la URT es la defensa de las víctimas del conflicto armado. En todo caso, si de conflictos de intereses se trata, el director de dicha entidad en el gobierno saliente trabajó 9 años en FEDEPALMA, cuando varios de los opositores en los procesos de restitución de tierras son empresas palmicultoras.
También causa extrañeza ver a quienes cuestionan los resguardos indígenas por improductivos ¿acaso pretenden poner a los pueblos indígenas, varios de ellos nómadas, cultivando palma africana y exportando cabezas de ganado?
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