La aprobación en cuarto debate de la reforma pensional es tanto una victoria pírrica de Petro como una prueba de que fue exitosa la operación de soborno de los congresistas, aceitada con el dinero del presupuesto público como prueba el escándalo de la UNGRD.
En efecto, el gobierno consiguió que la plenaria de la Cámara aprobara, vía proposición y votando en bloque todo el articulado, el mismo texto al que la plenaria del Senado había dado su visto bueno, de manera que no hubiera necesidad de conciliación para compaginar lo aprobado en ambas cámaras y no se hundiera por tiempos. Lo hizo con el quorum y los votos de parlamentarios liberales (20), conservadores (5) y de la U (11), 36 de 86 votos favorables, algunos de ellos directamente acusados por Olmedo López y Snyder Pinilla como beneficiarios de las coimas pagadas desde la UNGRD, entre ellos el presidente de la Cámara, Andrés Calle.
Sin embargo, la aprobación se hizo con flagrantes violaciones del reglamento del Congreso. Como mínimo, se vulneró el principio de publicidad, no se declaró la suficiente ilustración antes de proceder a votar y, lo más importante, se evitó la discusión y el debate sobre el articulado. Así lo reconoció, con descaro, una representante del Pacto Histórico que, pretendiendo justificar lo ocurrido, escribió en su cuenta de X que «en total hubo tres debates de cuatro». ¡Pero ocurre que se necesitaban los cuatro! La Corte Constitucional ha resaltado que «no conocer de manera suficiente lo que se aprueba o negar la posibilidad de proponer, debatir o ajustar, constituye una abdicación de las responsabilidades que a ese órgano [el Congreso] le confío la Constitución». Por cuenta del pupitrazo se debería hundir en la Constitucional. Sí, un triunfo pírrico.
La reforma, por cierto, tiene varios males, algunos muy graves. Uno, que atenta contra la libertad de elegir porque obliga a prácticamente a todos los colombianos a entregar sus aportes, hasta lo correspondiente a 2,3 salarios mínimos, a Colpensiones. Las únicas excepciones serán las de aquellos que queden en el régimen de transición. Dos, que hay una confiscación de hecho de los ahorros de los dieciocho millones de colombianos que están en los fondos de pensiones privados y cuyos dineros correspondientes a los aportes hasta 2,3 salarios se irán a una pozo común en Colpensiones. Esa plata, cuyo dueño es hoy cada uno de los ahorradores en sus cuentas individuales en los fondos privados, sería en adelante del Estado y no se usaría para asegurar ingresos en la vejez de quienes los han ahorrado sino para pagar subsidios a otros ciudadanos, incluso de quienes no han cotizado jamás. Con la excusa de la solidaridad, el Estado se apropia de todo o parte del patrimonio de los individuos que han hecho el esfuerzo de ahorrar para cuando sean viejos. Tres, que lo propuesto es insostenible y no resuelve los problemas estructurales del sistema actual por varias razones: una, que todas las pensiones en Colpensiones están subsidiadas y entre más alto el salario, mayor el subsidio. Al determinar que el umbral será de 2,3 salarios, y no de 1 o 1,5, como proponía los expertos, aumentan los subsidios, que además son regresivos, y con ellos el hueco financiero del sistema; dos, no modificó la edad de pensión, 62 años los hombres y 57 las mujeres, una medida impopular pero indispensable. Y no es solo que el promedio de vida ha aumentado de manera sustantiva y en Colombia ahora es de 77 años, 74 los hombres y 80 las mujeres, sino que ha bajado de manera radical la tasa de natalidad. En el 2023, tuvo una reducción del 11%. Hubo 510.357 nacimientos, menos incluso que en el 2012. La caída de la tasa de fecundidad es también acelerada. Si en 1993 era de 3,36 hijos por mujer y en 2018 era de 1,95, en el 2023 la tasa fue de 1,4. Los colombianos vivimos mucho más y los jóvenes serán cada vez menos, de manera que un sistema piramidal como el colombiano está destinado a colapsar. Más temprano que tarde habrá que hacer una nueva reforma para cambiar los parámetros de edad de pensión y habrá que hacer una gigantesca tributaria para poder pagar los subsidios que hoy se están aprobando.
Cuarto, la reforma le dará unos recursos sustantivos a Petro con los que hoy no cuenta. Recursos para seguir con la compra de congresistas y para asegurar apoyos vías otros subsidios en plena época de elecciones. Aunque el problema de sostenibilidad es gravísimo, a Petro no le importa porque no tendrá que resolverlo él. Y la oposición se equivoca creyendo que la solución es entregarle al Banco de la República la administración de los recursos que se trasladarían desde los fondos privados. El problema no está ahí sino en los dineros del presupuesto nacional que hoy están destinados al pago de pensiones y que serán liberados para que el gobierno los malgaste.
Finalmente, aunque hay muchos otros daños, habría que resaltar que si la reforma entrara en vigor, como está previsto, el 1 de julio del próximo año, habrá un enorme problema en Colpensiones. La entidad no está y no estará preparada para triplicar su número de usuarios en un año, considerando que llegarían alrededor de 16 millones adicionales a los 10 que ya tiene. La transición requiere adecuar los sistemas de información y contratación de la entidad y no hay tiempo suficiente para hacerlo.
En fin, otra vez, como en tantas otras cosas, estamos en manos de la Constitucional.
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