En Colombia la paz nunca ha sido un consenso pleno. Ahí radica parte de la dificultad que hemos tenido para construirla. Más que un punto de partida, ha sido una aspiración disputada, atravesada por lecturas distintas sobre el conflicto, la justicia y el orden social. Por eso cada intento por consolidarla termina envuelto en controversias.
Con el tiempo, además, la paz empezó a llenarse de apellidos: paz con legalidad, paz total, paz territorial, paz urbana. Cada gobierno la redefine y cada sector la interpreta. En esa proliferación de enfoques, la discusión pública se fragmenta y la posibilidad de un horizonte común se diluye.
El acuerdo firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC abrió una oportunidad histórica. También evidenció una dificultad estructural, firmar es un acto político, pero implementar exige transformaciones institucionales, económicas y culturales de largo aliento. Los retrasos, los incumplimentos, la persistencia de economías ilegales y la violencia contra líderes minaron la confianza en el proceso.
La apuesta de la paz total buscó ampliar los diálogos frente a un conflicto que mutó y se diversificó. Sin embargo, los avances desiguales y la continuidad de hechos violentos en distintas regiones reforzaron la sensación de inestabilidad.
En ese contexto, la paz ha sido simultáneamente promesa y realidad parcial. La paz debería traducirse en oportunidades concretas y garantías efectivas de derechos para las comunidades y los territorios: acceso a justicia, seguridad, educación, salud, empleo, participación. Cuando esas condiciones no se consolidan, la palabra pierde anclaje en la vida cotidiana de los ciudadanos.
El problema no es la acepción del término. La paz es palabra, pero es mucho más que palabra. Es arreglo institucional, es confianza, es límite moral frente a la violencia. Lo que desgasta no es nombrarla, es no lograr, a través de ella, transformaciones sostenidas.
Quizá por eso amplios sectores rechazan la violencia, pero desconfían de los procesos que buscan reducirla. No por indiferencia, sino por fatiga frente a expectativas sobredimensionadas y resultados insuficientes.
Hoy el desafío no es inventar un nuevo apellido, sino recuperar la paz como sustantivo. Una paz sin calificativos no es ingenua ni despolitizada. Requiere una ciudadanía activa y comprometida, también políticas públicas coherentes que garanticen derechos y reduzcan brechas estructurales.
Pensarla así implica asumir que la paz no se agota en un acuerdo ni en un periodo de gobierno, asumir que será lenta, acumulativa y muchas veces invisible, pero siempre necesaria.
La pregunta es si estamos dispuestos a sostener la paz como un compromiso democrático que trascienda gobiernos y coyunturas. Que no sea fortín electoral ni patrimonio ideológico, sino acuerdo básico sobre el valor de la vida, la dignidad y la tramitación pacífica de los conflictos.
La democracia existe precisamente para que las diferencias no se resuelvan por la fuerza, sino a través de reglas, deliberación y construcción de consensos. La paz, entendida así, no borra el desacuerdo, lo encauza. No uniforma a la sociedad, le da un marco para convivir en medio de su diversidad. Y es en ese marco, imperfecto, exigente, pero compartido, donde puede echar raíces una transformación duradera.
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