El territorio colombiano está caracterizado por una concentración de oportunidades en las áreas conurbadas y un marginamiento en el resto de las subregiones de carácter rural que afecta negativamente la competitividad y el desarrollo sostenible de los departamentos y el país.
Evidentemente existe una gran disparidad territorial, una concentración del desarrollo y los factores productivos en las aglomeraciones urbanas, que terminan definiendo el Pareto del crecimiento económico y social, en pequeñas porciones del territorio que en el tiempo no generan grandes oportunidades de crecimiento de manera sostenible, por la saturación y depresiones sociales en temas ambientales, de seguridad y movilidad entre otros.
En Antioquia, por ejemplo, el Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA), corresponde a un poco menos del 2% del territorio, en el cual vive cerca del 62 % de la población del Departamento, el cual le aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del departamento el 66% aprox., lo que concluye que en las 8 subregiones de Antioquia aportan el 34% restante, con un promedio no superior al 4 % por subregión, lo que genera grandes reflexiones e inquietudes frente al modelo de desarrollo que se tiene concebido.
Para dimensionar la concentración: La densidad poblacional del Área Metropolitana del Valle de Aburra es de unos 3.350 habitantes por Km cuadrado y la de las regiones de Antioquia es de 45 – 50 habitantes por Km cuadrado. Es decir, por cada 1 habitante en la zona rural se encuentran 79 habitantes en la conurbación.
Frente al análisis económico es necesario referenciar que el PIB de Antioquia en los años – 2016 / 2019 crece a tasas promedio del 3%, cuando en la última década anterior venía a tasas del 4,1% lo que en la práctica es posible considerar que no hay un crecimiento real del desarrollo económico y social del Departamento de manera sostenible en forma integral, información estadística con tendencias antes de la pandemia, que por sus impactos económico hoy no tenemos una trazabilidad que genere análisis estructurales en periodos de tiempo superiores por el corto lapso postpandemia.
El aumento del PIB de una región genera mayores niveles de empleabilidad, mayores ingresos y mejores niveles de necesidades básicas insatisfechas a sus habitantes, análisis que nos puede anticipar una posible desaceleración económica y social estructural de Antioquia, cuando antes de la pandemia aportaba al PIB nacional entre el 13 – 14% sin un gran margen de crecimiento en su participación por los fenómenos estructurales antes mencionados dentro de las causas, para años postpandemia se ha generado leves crecimientos por encima del 15% que es positivo, pero aun con márgenes para crecimientos superiores.
¿Qué está pasando con las demás regiones y territorios? ¿Acaso no pueden ser productivos y competitivos?
En este caso, los territorios antioqueños que no hacen parte de los 10 municipios del Valle de Aburra no deberían aportar al desarrollo de Antioquia de manera marginal, deberían aportar al crecimiento del departamento de manera que impacte. Esto no quiere decir que el Área Metropolitana produzca menos, sino que las regiones participen con un mayor nivel contributivo en el desarrollo económico y social de Antioquia.
Sera imposible pensar en crecimientos del 4, 5 o 6% y cifras superiores de la economía del Departamento, mientras se siga concentrado en una porción tan pequeña del territorio, técnicamente nos encontramos en un proceso de ralentización paulatino del desarrollo y esto se traslada al crecimiento empresarial, vamos encaminados a una contracción estructural del mercado y su capacidad de consumo por la macrocefalia urbana que nos afecta el principio de equidad territorial y desarrollo armónico de las regiones.
“Tenemos que replantear el modelo de desarrollo de Antioquia y otras regiones o departamentos del país” Volver a pensar en los polos de desarrollo subregional, a consolidar ciudades intermedias y crear modelos de Ciudad Región (no conurbadas) y territorios inteligentes, comunicados por vías modernas y adecuadas, pero sumando una conectividad eficiente (tecnología) es el gran reto inmediato y futuro de la dirigencia pública y privada.
Es por esto, que la combinación de un modelo bajo el principio de descentralización territorial que plantea la Constitución de 1991, en donde se propone un modelo de estado unitario, pero descentralizado, y la aplicación del principio constitucional de autonomía territorial, deberían ser los dos pilares que empiecen a ser los dinamizadores del crecimiento del país. Lo anterior promovería modelos de desarrollo territorial más pertinentes en las regiones, como instrumento para reducir la desigualdad e inequidad y así avanzar definitivamente en la búsqueda de un diálogo constructivo que rompa las asimetrías entre el centro y la periferia de nuestros territorios.
Lo anterior en consonancia con los principios de planeación frente a la solidaridad, concurrencia y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.
Debemos dar un paso adicional frente a los modelos de planeación territorial tradicionales en los que el ser humano está en función de lo material, y avanzar a “Modelos de Ocupación” en donde el punto de referencia sean las personas, donde los ciudadanos construyan una relación equilibrada con el ambiente, la productividad y la competitividad, entre otros. La meta es lograr una mejor calidad de vida y ciudadanos felices.
En Colombia resulta paradójico que siendo los municipios que direccionan los territorios, usos del suelo y sus vocaciones, sean los más pobres en la cadena del estado. “En los modelos económicos de cualquier país desarrollado a nivel mundial, el territorio y los usos del suelo son uno de los elementos de mayor generación de ingresos fiscales y riqueza, situación que en nuestro país parece no tener la misma lógica y trascendencia”.
Los territorios de un Departamento y la Nación pertenecen a algún municipio, esto concluye que Colombia es un país municipalista; el uso del suelo, sus potencialidades y restricciones son determinados por los municipios, sus Alcaldes, concejos y sus habitantes, bajo los instrumentos de ordenamiento y desarrollo que se derivan de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOTT, Ley 1454 / 2011). No hay Planes de Ordenamiento Territorial nacional ni departamental, los únicos en el país que tienen estos instrumentos y, además, Planes de Desarrollo como los otros niveles de gobierno son los municipios; quienes al parecer no tienen gran claridad o desconocen su poder frente al desarrollo territorial y la instrumentalización del direccionamiento de políticas públicas bajo una planeación moderna que impulse el crecimiento económico y social.
Si cada municipio tiene limitaciones para suplir sus necesidades y potenciar sus posibilidades, podrían unirse a través de Esquemas de Asociatividad Territorial, sumando capacidades institucionales, generando economías de escala y mayor poder político y social que dignifique el protagonismo que les corresponde.
Todas las columnas del autor en este enlace: Alexander Zuluaga Zuluaga
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