El sector rural padece de una enfermedad crónica que tiene que ver con el Estado: interviene donde no debe intervenir, no interviene donde debe intervenir, y cuando interviene lo hace de manera inapropiada. Esta es la causa de la pobreza campesina.
En Colombia la intervención del Estado, por corrupción o incompetencia, resulta a veces ser más dañina para las comunidades. El enfoque que se ha tenido para los productos agropecuarios exportables introducido en un artículo anterior, y algunos ejemplos de políticas de desarrollo en comunidades rurales introducido por Fabio Lozano en un seminario del IBSER, son dos ejemplos claros de un Estado nacional que más parece empleado de gobiernos extranjeros que de su propio pueblo.
En otros casos el Estado ha dejado algunos mercados libres de intervención a pesar que a todas luces se necesita de su mano promotora y estabilizadora. Es el caso de las cadenas de abastecimiento en el sector agropecuario para bienes perecederos: los que se producen y consumen internamente.
Los promotores del libre mercado son malos estudiantes. La famosa “mano invisible” es mencionada por Adam Smith una sola vez en su libro La Riqueza de las Naciones para argumentar exactamente lo contrario: que debido a la preferencia por invertir en su propio país, Inglaterra estaría protegido por una “mano invisible” de los efectos negativos de la libre movilidad de importaciones y capitales.
Varios son los premios Nobel de economía galardonados precisamente por demostrar que la realidad es muy diferente a como predice la teoría del libre mercado: hay ineficiencias, monopolios, asimetrías de información, y el comportamiento de los “agentes económicos” no se caracterizan precisamente por su “racionalidad”.
Estas discusiones no pasarían de ser anécdotas académicas si no tuvieran efectos tan negativos en las personas, sobre todo en las más pobres; y en los sectores económicos, sobre todo los más vulnerables.
El ejemplo de los productores de bienes agropecuarios perecederos es el más grave. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO- encontró que en Antioquia los campesinos sólo acceden al 25% del valor total de sus productos. El 75% restante queda en manos de especuladores y comercializadores, precisamente debido a monopolios, ineficiencias, y asimetrías de información.
En Colombia es común que los alimentos vayan a los grandes centros de comercio y se devuelvan a sus mismos centros de producción antes de ser consumidos. Esto minimiza los ingresos de los productores y encarece el precio a los consumidores. Lo anterior sin contar con la gran cantidad de alimentos que se desperdician a pesar de que casi la mitad de la población (42,7%) vive en condiciones de inseguridad alimentaria.
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el mundo el hambre mata a más personas que el sida, la malaria, y la tuberculosis juntos, y sin embargo se desperdician la tercera parte de la producción mundial de alimentos (unas 1,300 millones de toneladas anuales). Las políticas agrarias enfocadas sólo en aumentar la producción y la productividad pueden sonar bien en teoría, pero no se compadecen con los problemas reales del campo, del campesino, de los consumidores, y de las personas más pobres.
La política de aumentar la producción agropecuaria para solucionar los problemas del campo es como sí se promoviera la venta de más vehículos para solucionar los problemas de movilidad. Es evidente que lo urgente son políticas estatales para optimizar las cadenas de comercialización, de tal manera que los campesinos reciban un mayor porcentaje del valor de sus productos, los consumidores obtengan alimentos más baratos, y los más pobres puedan acceder a una alimentación digna.
Esta columna fue realizada por uno de los miembros del IBSER.
