Este 28 de junio se cumplen tres años desde que la Comisión de la Verdad le entregó al país su informe final. Tres años desde que miles de testimonios, documentos y voces silenciadas durante décadas se convirtieron en una narrativa colectiva sobre lo que nos ha pasado como sociedad, haciendo de la verdad un bien público.
“La verdad no es una recompensa: es un derecho y una responsabilidad compartida” dice la Comisión en su Convocatoria a la Paz Grande. No basta con que exista un informe extenso, riguroso y digitalizado. La verdad necesita circular, conmover, mover, doler y transformar. Necesita ser contada en los colegios, discutida en los medios de comunicación, apropiada por las comunidades, convertida en acción política. Porque la verdad sin acción son relatos estancados.
El Comité de Seguimiento y Monitoreo ha documentado avances importantes en la implementación de las recomendaciones como la creación del Sistema Nacional de Paz, avances en el Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la aprobación del Estatuto del Campesinado, la inclusión de las recomendaciones en planes de desarrollo territoriales y el trabajo de cientos de organizaciones que, sin recursos, pero con convicción, han mantenido viva la llama del legado de la Comisión.
También es cierto que el contexto se ha vuelto más hostil. El conflicto armado no ha cesado, por el contrario, en muchas regiones ha recrudecido. Las economías ilegales siguen dictando las reglas del juego. Y el retiro progresivo de la cooperación internacional ha dejado a muchas ONG y procesos comunitarios al borde del abismo. La pedagogía del informe, que es clave para que sus contenidos sean conocidos y comprendidos, hoy está desfinanciada y sin respaldo estatal suficiente. Y frente a eso, hay una pregunta que no podemos esquivar: ¿cómo apropiarnos de la verdad si no se garantiza el derecho a conocerla?
A esto se suma algo preocupante, la verdad también se ha convertido en un campo de disputa política. Hay sectores que siguen negando lo evidente, que desacreditan el trabajo de la Comisión, que atacan a las víctimas y distorsionan los hechos. No se trata solo de un debate ideológico, sino de una estrategia peligrosa para bloquear la posibilidad de un consenso mínimo sobre lo que nos ha pasado. Sin ese consenso, no hay reparación efectiva ni garantías de no repetición.
Ante este panorama es importante entender que el informe de la Comisión no es un libro para especialistas, sino una herramienta que nos ayuda a comprender este presente tan complejo. Un texto que nos permite interpretar lo que nos ha pasado y nos sigue pasando como país, por qué siguen matando líderes sociales, por qué persisten las violencias, por qué ciertas regiones siguen abandonadas. El informe nos da claves para leer la coyuntura, no como algo nuevo, sino como una continuidad de hechos que no hemos sabido cerrar.
Además, debemos reconocer que no estamos solos. Hay jóvenes, mujeres, líderes comunitarios, docentes y artistas que están llevando la verdad a lugares donde el Estado no llega. En veredas, escuelas, bibliotecas y encuentros populares se sigue hablando del informe, se sigue contando lo que pasó, se siguen sembrando semillas de futuro.
A tres años de su entrega, el informe final de la Comisión de la Verdad sigue siendo uno de los ejercicios de escucha más valiosos de nuestra historia reciente. No lo podemos dejar en el olvido ni permitir que se lo trague el cinismo político. Necesitamos cuidarlo, compartirlo, discutirlo. Hacerlo parte de nuestras conversaciones cotidianas y decisiones colectivas.
Porque como dijo la Comisión: hay futuro si hay verdad. Y esa verdad no es solo un diagnóstico del pasado, sino una brújula para lo que viene. Una verdad que incomoda, sí, pero también que posibilita. Que nos obliga a actuar, pero también nos da un horizonte compartido. Hoy la verdad necesita de nosotros tanto como nosotros necesitamos de ella.
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