Un fallo de la Corte Suprema de Massachusetts según el cual la policía de ese estado no tiene autoridad para detener a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente si no están acusadas de algún delito constituye un duro golpe a las políticas inmigratorias del presidente Donald Trump, según organizaciones de derechos civiles.
Sienta un importante precedente de que somos un país que cumple con la constitución y con las leyes?, declaró Carol Rose, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles. Esta victoria es la primera de su tipo en el país. En momentos en que el gobierno de Trump impulsa políticas agresivas y discriminatorias sobre la inmigración, Massachusetts está a la vanguardia de los esfuerzos por limitar la forma en que los organismos policiales locales y estatales asisten a las autoridades federales de inmigración.
La opinión del máximo tribunal estatal abarca específicamente a los agentes que custodian los tribunales estatales, pero plantea que ningún policía de Massachusetts está obligado por la ley a cumplir los requisitos de las autoridades federales en relación con la inmigración ilegal. Una de las asociaciones de policías del estado dijo que el dictamen abarca a todas las fuerzas policiales.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que permanecer en el país cuando alguien está sujeto a ser deportado es una infracción civil, no penal. Y en un fallo unánime emitido el lunes, el tribunal supremo de Massachusetts señaló que ninguna ley estatal estipula que ?los agentes de los tribunales de Massachusetts tienen autoridad para arrestar y retener a un individuo requerido por el servicio de inmigración más allá del tiempo necesario? para su excarcelación.
Las leyes estatales no conceden a los agentes de la policía la autoridad para detener por cuestiones civiles y menos para arrestar por asuntos de inmigración civiles de jurisdicción federal, expresó la corte por escrito.
Un vocero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no respondió de inmediato a pedidos de comentarios.
El presidente de la Asociación de Jefes de Policía de las Ciudades Grandes de Massachusetts dijo que el fallo generará grandes cambios. Brian Kyes, quien es jefe de la policía de Chelsea, localidad próxima a Boston, señaló que las personas acusadas de un delito deberán ser liberadas tras pagar una fianza. En el pasado, la policía podía retenerlas la pedido del servicio de inmigración.
El pronunciamiento del tribunal supremo de Massachusetts llegó en el caso de Sreynoun Lunn, quien en octubre fue acusado de robo sin armas en Boston. El Departamento de Seguridad Nacional libró una orden de detención contra Lunn, quien es hijo de camboyanos.
La acusación de robo fue desestimada el 6 de febrero, pero un juez se negó a excarcelar a Lunn, quien permaneció detenido hasta que fue entregado al servicio de inmigración.
Los abogados de Lunn apelaron, diciendo que la decisión de retenerlo a pedido de las autoridades federales era inconstitucional.
Lunn, de 32 años, fue finalmente liberado en mayo por un juez federal y permanence en Estados Unidos, de acuerdo con la Unión de Libertades Civiles.
Pero sigue librando una vieja batalla contra la deportación.
Lunn nació en un campamento para refugiados de Tailandia, hijo de padres camboyanos que le huían al Jmer Rojo, y fue traído a Estados Unidos a los siete años. Recibió status de refugiado y un permiso de residencia permanente. Tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos.
Las autoridades de inmigración trataron de deportarlo por primera vez en el 2009, tras ser condenado por un delito con agravantes. Pero tanto Camboya como Tailandia le negaron la ciudadanía y no le dan documentos de viaje.
El tribunal de Massachusetts exhortó a la legislatura estatal a que resuelva este tema.
Por: Mark Pratt
