“Delirio de persecución que asalta a Gustavo Francisco Petro Urrego, por estos días, es la materialización del miedo que él tiene a la justicia como base de la convivencia y la democracia. Respeto y unidad que debe existir en el país es vulnerado por un eje ideológico que desde la izquierda exalta los ánimos y busca imponer división.”
Tormenta política que desató su mandatario al llamar a preparar jornadas de movilización para defender el voto popular, denotan que él olvida que tiene como primer deber respetar la ley y la Constitución. Narrativa de violencia, que se desprende del discurso de su presidente, alienta el odio ciudadano frente al conjunto de reglas expresadas en las leyes, las normas de conducta y los procedimientos coherentes bajo la ética y la moralidad pública. El irrespeto selectivo, y conveniente, de Gustavo Francisco Petro Urrego frente a la institucionalidad se camufla en una alucinación de golpe de estado. Razones de peso que tienen, los organismos de vigilancia y control, para emprender acciones jurídicas contra quienes violaron la norma, y el concepto de ética, son totalmente desconocidas por quien está a la cacería de disculpas que le permitan esconder su incapacidad gestora.
Ruptura institucional que se quiere vender desde la izquierda es el caos perfecto para invisibilizar que a Gustavo Francisco Petro Urrego lo frenan, en el ejercicio del poder, única y exclusivamente tres factores: el correcto funcionamiento de algunos contrapesos del estado; el que se haga visible, con pruebas y argumentos, sus mentiras; y su propia ineptitud, y la de sus alfiles, que se trasluce en la corrupción que los rodea. Contribuir a exaltar los ánimos, y llevar nuevamente a las masas populares a las calles, antes que contribuir a respetar y aceptar al que ganó en las urnas, es ayudar a atomizar la independencia, la autonomía, la coherencia, la imparcialidad y el respeto que debe primar al interior de una democracia. Complejo resulta que quien fue elegido para regir los destinos de una nación sea quien desconoce a los organismos de control y pretenda que se pase por encima de ellos para darle gusto.
Imperativo es cuidar las bases del estamento democrático en el país, velar por que exista un respeto por las instituciones y no sean utilizadas para el proyecto político del Pacto Histórico. Cuidado de la nación lejos está de quien quiere ejercer acciones desde el ejecutivo a favor personal, familiar y de su primer círculo social. Dieciocho meses en el poder, y años en la práctica política, denotan que Gustavo Francisco Petro Urrego poco respeto tiene por la legislación actual, y lejos está de tener preceptos éticos en su proceder. Desacato que se advierte, por parte de su mandatario, frente a las diferentes ramas del poder del estado es el reflejo de que el Sensei de los humanos algo teme. El proceso sistemático de consolidación de las conductas, e ideas profesadas por su presidente, son la prueba fehaciente de que quien elude someterse a la justicia es porque sabe que existen pruebas que develan que sí se cometió un delito.
El aceptar, respetar y acatar la decisiones de los órganos de control, muy a pesar de que no favorezcan al cacique de la izquierda, aislado está de constituirse en el mecanismo para configurar un golpe de estado orquestado desde la derecha. El cumplimiento de las reglas, de un juego llamado democracia, permite que cada individuo sin importar su raza, credo o condición social pueda vivir en paz dentro de un país libre y soberano. Aires de dictadura, que ya esboza Gustavo Francisco Petro Urrego, se consolidan con el ataque directo que se profesa contra el conjunto de instituciones públicas, a las cuales la Constitución y la ley les otorgó funciones específicas para garantizar la materialización del estado social de derecho y la independencia de los poderes públicos. La movilización social, a la que se convoca por parte de su mandatario, no puede ser el escudo para evadir responsabilidades y resarcir la victimización constante que se vende desde el Palacio de Nariño.
El régimen que quieren imponer en Colombia, desde el progresismo socialista, se ve en peligro por los escándalos que se destapan desde los medios de comunicación y las pruebas que afloran en cada proceso de investigación que inician los órganos de control. Gustavo Francisco Petro Urrego y su séquito de aduladores están desesperados por ocultar los escándalos de dineros en la campaña, las erráticas designaciones de funcionarios activistas y antitécnicos, los lujos de Verónica del Socorro Alcocer García, las incoherencias de Francia Elena Márquez Mina, las incómodas acciones de Nicolás Fernando Petro Burgos, entre otros hechos que pulverizan la credibilidad de una apuesta política que mucho prometió y nada ha sido capaz de cumplir. El entorno de oportunidad favorable que se vendió desde la izquierda a los colombianos se está diluyendo, y dejando a los ciudadanos presos de los delirios mesiánicos de un aspirante a dictador en el territorio nacional.
Separación de poderes, descentralización, estado social de derecho, transparencia, libertad de expresión, reglas claras para todos, respeto a lo público y lo privado, son principios que poco a poco se van perdiendo en Colombia. Las bases de la democracia llaman a que el Pacto Histórico se alineen con la coherencia, el respeto a la independencia de los poderes, la autoridad y la justicia. La nación debe tener una fuerza pública fortalecida, entes de control autónomos y eficientes, pero, sobre todo, respetados y acatados. Entorno de tensión y división se complejiza al tener claro que quien rige los destinos del país es una persona que fue capaz de empuñar un arma, enfrentar al estado y a sus fuerzas militares, y ahora desde el artilugio de la palabra, bajo una verdadera democracia que lo llevo al poder, es capaz de acabar con la institucionalidad mintiendo y haciendo creer que desde la oposición la están afectando para acabar con lo designado por el voto popular.
Sin democracia se pierde la libertad, esa autonomía que se encuentra en juego con la denuncia, de seudo persecución contra el gobierno Petro Urrego, que quieren instaurar desde el Pacto Histórico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instancia multilateral que en múltiples oportunidades ha atizado la divergencia ideológica de los colombianos y evidenció el sesgo de ese tipo de organismos que dejan en el ambiente que los derechos humanos solo aplican para quienes violan la ley. Erudición de lo políticamente correcto que vive del qué dirán, las apariencias de las relaciones, no impide afirmar que la CIDH es un idóneo sistema de la izquierda latinoamericana, instancia que se deslegitima al tener pronunciamientos sin fondo y que desde la cobardía evitan llamar las cosas por su nombre. Colombia no puede desmoronarse a manos de una doctrina voraz secundada por organismos que miran el devenir de la nación desde su imaginario distante de la realidad.
El país no puede seguir inerme ante los maquiavélicos planes desestabilizadores de Gustavo Francisco Petro Urrego, zorro político que funge de conciliador, pero en el fondo construye una agenda de crisis generada por él mismo. Ansias de poder que se tejen desde una trinchera filosófica que amenaza, y hace bullying social, a quien piensa diferente y no se alinea con la visión de nación que vendieron en campaña a los “nadies”. La agenda informativa de los últimos días está plagada de doble moral en la interpretación de los hechos, hoguera social que se enciende para llevar al escarnio público a quien tiene el valor civil de llamar los hechos por su nombre. En la nación debe cesar la prudencia que hace verdaderos sabios, actitud de hipocresía en la que el sujeto tiene una convicción en privado, pero diametralmente opuesto se comporta y expresa en público. Factor común de la izquierda no es solo la pésima gestión administrativa sino la intransigencia que los caracteriza, para ellos es incómodo tener unos límites y por ello una vez elegidos, con votos, la democracia es una palabra que no existe porque desaparece la autocrítica y comienza a operar la dictadura, el autoritarismo, el caudillismo y la persecución a opositores o quien piensa diferente al régimen.
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