La inundación que desafió la capacidad del Estado
En la tarde del 30 de noviembre del 2010 a causa del fenómeno de la niña en Colombia se presentó un catastrófico invierno en el que las lluvias causaron, en Santa Lucía la tragedia del sur del departamento del Atlántico: durante 3 meses, por un boquete entraron más de 2.000 millones de metros cúbicos de agua del Canal del Dique que afectaron alrededor de 175.000 personas y ocho municipios inundados.
Según datos de la gobernación del atlántico en municipios como Santo Tomás, el diluvio dejó pérdidas por $362.876 millones solo en el sector agropecuario así como la destrucción o afectación de más de 10.000 viviendas. De igual modo quedan deudas por parte del Fondo de Adaptación que fue creado en el 2010 por el entonces presidente Juan Manuel Santos.
Por otra parte los abogados Roberto Tapia Ahumada y Fernando Borda, representantes de una acción de grupo interpuesta por aproximadamente diez mil personas del sur del departamento, tras la afectación del rompimiento del canal dique. Nos cuenta el primero de ellos (Roberto Tapia) cómo va el proceso y qué esperan de él. En la charla nos explicó, acerca de la demanda y otros detalles sobre este caso que conmemora 8 años.
«Alrededor de 3 a 4 billones de pesos aproximadamente estaría pagando el estado a los afectados por el rompimiento del canal del dique; hasta el momento la discusión se centra en los tribunales en el que deciden si lo sucedido pudo ser premeditado o si por lo contrario era impredecible» subrayó el defensor.
Así mismo el jurista cuestionó el accionar del estado antes y después de la tragedia “La gente pasó muchas necesidades, de seguro fue una navidad horrible. Hay sitios en los que aún no se ha podido mejorar la tierra, se han hecho algunas obras por parte del gobierno a través de una entidad que se creó, pero son obras que en realidad no mitigan, pues no le dan el valor de lo ocurrido. Esa zona la sobrevolamos el doctor Fernando Borda y yo, en lancha también recorrimos hasta donde se pudo, en ese entonces fue sin duda algo terrible, que quizá se pudo evitar, puesto que el IDEAM les advirtió del aumento del caudal y prácticamente hicieron caso omiso, lo que deja ver la imprevisibilidad por parte de la nación».
Por lo tanto Tapia Ahumada hizo un contundente llamado a los jueces que tienen en sus manos el caso, para que piensen en el beneficio que llevaría fallar a favor de la población en aras de resarcir el daño causado. «Yo espero que el tribunal entienda de la mano de los magistrados Fandiño y Torres que esto no fue fuerza mayor porque hubo advertencia de manera anticipada lo que quiere decir que era predecible. De igual modo nunca se le dió el mantenimiento adecuado al terraplén lo que significó otro punto en contra de los habitantes». Puntualizó, el profesional del derecho.
Considero que no es justo que aún estas personas estén esperando un gesto sensato por parte del estado como método de reparación (después de lo vivido). Ojalá las autoridades regionales y nacionales hayan aprendido la lección de esta catástrofe y de muchas otras que nos llevan a pensar en el déficit de políticas públicas que tiene el país en todos sus frentes pero en especial con los desastres naturales o invernales que azotan constantemente a Colombia a lo largo y ancho de su territorio. ¿Qué medidas estamos tomando cómo ciudadanos ante estas situaciones? ¿Nos estamos capacitando de forma individual para responder de la mejor manera? Estos son algunos de los interrogantes que debemos tener presente sin importar en el lugar que cada quien habite, pues recuerden que la madre naturaleza vive “pasándonos factura” por nuestra nefastas explotaciones y egoísmo con nuestro planeta tierra.
