Subsidios: ¿Ayuda Real o Estratagema Electoral?

Queridos lectores de Al Poniente.

En Colombia, las ciudades se dividen en seis estratos, del uno al seis. Este sistema, único en el mundo, fue creado a mediados de los noventa para garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su nivel socioeconómico, tuvieran acceso a servicios esenciales como agua, gas y electricidad. Sin embargo, con el tiempo, este modelo ha resultado ser más complejo de lo esperado, desde su implementación, ha sido influenciado por diferentes gobiernos en Colombia, cada uno con sus políticas sobre cómo manejar las desigualdades socioeconómicas, reflejadas en la forma en que se subsidian o se cobran los servicios básicos.

Durante la presidencia de César Gaviria (1990-1994), se estableció el sistema de estratos como medida para regularizar y organizar el acceso a servicios básicos en un contexto de crisis económica. Sin embargo, esta implementación inicial fue criticada por su falta de equidad. Posteriormente, durante el mandato de Andrés Pastrana (1998-2002), el sistema se consolidó como un mecanismo para subsidiar los servicios básicos en los estratos más bajos, aunque las tarifas de los servicios públicos aumentaron significativamente, generando malestar y protestas sociales.

Bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), se fortaleció el programa «Familias en Acción», el cual mejoró en cierta medida las condiciones de vida en los estratos más bajos mediante subsidios y otros programas sociales. A pesar de ello, persistieron críticas sobre su efectividad y equidad.

Durante la administración de Manuel Santos (2010-2018), se implementaron reformas destinadas a mejorar la eficiencia y equidad del sistema, buscando reducir las disparidades socioeconómicas y mejorar la calidad de vida de los estratos más vulnerables. Sin embargo, la movilidad social siguió siendo un desafío significativo.

En la gestión de Iván Duque (2018-2022), se adaptó el sistema a las nuevas realidades socioeconómicas del país, proponiendo iniciativas para mejorar la eficiencia en la distribución de subsidios y reducir las disparidades socioeconómicas. Sin embargo, la implementación enfrentó desafíos significativos en el contexto político y social de ese momento. En contraste, el mandatario Gustavo Petro (2022-presente) ha introducido propuestas significativas para reformar el sistema. Actualmente, se están revisando los criterios de asignación de servicios básicos para asegurar un acceso más equitativo y efectivo.

Este sistema no solo divide las ciudades colombianas en segmentos socioeconómicos, sino que también ha tenido un profundo impacto en la dinámica social y cultural del país. Define el acceso a servicios y desempeña un papel crucial en la percepción de estatus y poder dentro de la sociedad. Aunque su objetivo teórico es promover la equidad y asegurar el acceso a servicios básicos, en la práctica ha exacerbado las divisiones sociales y las percepciones de clase. Los estratos más bajos frecuentemente enfrentan estigmatización social, mientras que los estratos más altos pueden resentirse por lo que consideran un subsidio injusto.

En Colombia, las disparidades en la asignación de subsidios entre estratos socioeconómicos son evidentes y preocupantes. Según un informe reciente de la Contraloría General de la República, alrededor del 30% de los subsidios de vivienda del programa «Mi Casa Ya» fueron destinados a hogares en estratos socioeconómicos altos (estratos 4, 5 y 6), a pesar de que estos estratos representan solo alrededor del 20% de la población total. Esta situación no solo perpetúa las divisiones socioeconómicas, sino que también limita las oportunidades de movilidad social para los residentes de estratos más bajos, quienes enfrentan dificultades significativas para mejorar su estatus social y económico.

En Colombia, las diferencias en la asignación de subsidios entre estratos socioeconómicos reflejan una percepción generalizada de injusticia y desigualdad. A lo largo de los años, se han reportado varios casos de corrupción y clientelismo que han afectado la distribución equitativa de subsidios destinados a los estratos más bajos. Por ejemplo, en 2020 se reveló un escándalo en el que funcionarios públicos desviaron fondos destinados a subsidios de vivienda para beneficiar a familiares y allegados, dejando desatendidas a miles de familias de estratos bajos que cumplían con los requisitos para recibir el apoyo.

Estos casos han socavado la confianza en las instituciones encargadas de implementar estos programas, generando dudas sobre la efectividad y equidad del sistema. La administración actual está enfocada en reformar el sistema para asegurar un acceso más equitativo y efectivo a los servicios básicos. Se están evaluando cambios en los criterios de asignación y se han propuesto medidas para promover la movilidad social y reducir las disparidades económicas.

Sin embargo, la implementación de estas reformas enfrenta desafíos significativos debido aconsideraciones políticas y sociales, lo que resalta la necesidad de abordar las preocupaciones de equidad y justicia social de manera efectiva. En resumen, el sistema en Colombia, aunque diseñado para promover la equidad, ha enfrentado críticas por su falta de transparencia y la percepción de favoritismo hacia ciertos grupos. Estos problemas no solo afectan la cohesión social, sino que también plantean interrogantes sobre la justicia y la efectividad de las políticas públicas en el país.


Todas las columnas de la autora en este enlace: Laura Cristina Barbosa Cifuentes

Laura Cristina Barbosa Cifuentes

Comunicadora Social y Periodista, apasionada por la radio, la televisión y la investigación, con enfoque centrado en el estudio de la violencia en Colombia.

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