George Steiner advirtió que, cuando el lenguaje se corrompe, también se deteriora la vida política.
En Las Euménides, tercera tragedia de la Orestíada, Esquilo narra el paso de la venganza a la justicia. Orestes asesina a su madre, Clitemnestra, y es perseguido por las Erinias, divinidades encargadas de castigar los crímenes de sangre. Una muerte reclama otra y la violencia termina confundiéndose con la justicia. Atenea rompe ese círculo cuando convoca un tribunal en el Areópago y lleva el conflicto al terreno de la palabra, la escucha y la deliberación. No elimina el conflicto: cambia la manera de enfrentarlo. La violencia da paso al argumento.
Esta escena contiene un mensaje valioso entorno a la manera de concebir el debate político: la vida pública no consiste en eliminar los conflictos, sino en encontrar formas de tramitarlos sin violencia. Para Hannah Arendt, la política surge en ese espacio compartido donde los seres humanos hablan, se escuchan y procuran persuadirse. Allí donde la palabra pierde su lugar, la fuerza comienza a ocuparlo. Por eso, una democracia no debería temer al desacuerdo. En una sociedad con distintas ideas sobre la justicia, la economía, la libertad o el poder, las posiciones enfrentadas son inevitables. El problema comienza cuando el adversario deja de ser alguien con quien se discrepa y pasa a convertirse en alguien que debe ser humillado, silenciado o destruido simbólicamente.
El carácter de la palabra era bien valorado en la antigua Roma. El senatus era un espacio de deliberación sobre los asuntos de la República y quien intervenía allí asumía una responsabilidad ante la comunidad. Precisamente, Platón advierte en La República sobre los riesgos de una libertad separada de la formación, la prudencia y el bien común. Esta cuestión adquiere importancia en el contexto del Congreso colombiano. Los discursos expuestos allí circulan por medios de comunicación, redes sociales y conversaciones cotidianas. Una intervención puede convertirse en argumento, pero también en consigna, insulto o espectáculo. Por eso conviene distinguir entre la crítica, la expresión ofensiva y el discurso de odio.
No toda palabra fuerte, ni siquiera todo insulto, constituye jurídicamente un discurso de odio. La jurisprudencia constitucional colombiana ha dado a esta categoría un alcance restringido. ¿Qué sucede cuando una palabra, aunque no constituya jurídicamente un discurso de odio, es utilizada de manera sistemática para degradar al adversario? La tradición kantiana ofrece un punto de partida: el ser humano debe ser tratado como un fin en sí mismo y nunca solamente como un medio. Llevado al terreno político, significa que quien piensa distinto no pierde por ello su dignidad. El adversario es una persona, aunque pertenezca a otro espectro ideológico o defienda una posición que consideramos equivocada. Cuando el lenguaje se convierte en objeto de burla, desprecio o humillación, comienza a desaparecer el reconocimiento del otro como interlocutor.
La Constitución Política de Colombia coloca la dignidad humana entre los fundamentos del Estado Social de Derecho y reconoce el pluralismo como principio de la organización política. La libertad de expresión merece protección, pero convive con otros derechos y principios. Por eso la ética pública no puede agotarse en el cumplimiento de las normas. Cuando la descalificación produce más atención que el argumento, la humillación se convierte en espectáculo y la agresión se interpreta como fuerza, la política corre el riesgo de acostumbrarnos a una violencia que comienza en el lenguaje. De ahí, cabe inquirir: ¿existen mecanismos para regular la conducta ética de los congresistas?
La respuesta es afirmativa. La Ley 1828 de 2017 establece el marco de responsabilidad ética y disciplinaria de los miembros del Congreso por conductas indecorosas, irregulares o inmorales relacionadas con sus funciones. También asigna a las Comisiones de Ética y Estatuto del Congresista el ejercicio de la acción ética disciplinaria y establece deberes de respeto, transparencia e integridad. La legislación señala que las actuaciones e intervenciones deben realizarse de manera respetuosa, clara, objetiva y veraz, sin perjuicio del derecho a controvertir. Pero las normas pueden establecer límites y las instituciones imponer sanciones; ninguna reemplaza la conciencia. La ética comienza antes de la sanción: escuchar al contradictor, reconocer su derecho a pensar diferente y responder con razones.
Esta responsabilidad tampoco recae exclusivamente sobre quienes ocupan una curul. La ciudadanía participa en la construcción de la cultura política. Cada elección expresa una preferencia, pero también una valoración de quienes aspiran a representar a la sociedad. Conviene preguntarnos qué valoramos cuando elegimos. ¿Confundimos la vehemencia con el liderazgo? ¿Celebramos una agresión porque está dirigida contra alguien con quien estamos en desacuerdo? ¿Cuestionamos también a quienes defienden nuestras propias ideas? Elegir implica considerar propuestas, trayectoria, comportamiento público, respeto por las instituciones y capacidad para deliberar. La pluralidad no significa ausencia de conflicto; significa crear condiciones para que las diferencias puedan tramitarse sin convertirse en enfrentamiento permanente.
El Parlamento tiene una tarea esencial: no acabar con las diferencias, sino darles una forma política. No conseguir que todos piensen igual, sino mostrar que es posible pensar distinto sin convertir al otro en enemigo. La política necesita pasión, pero también razón; confrontación, pero no violencia; libertad, pero una libertad consciente de que las palabras tienen consecuencias. También necesita oposición, porque sin ella el poder corre el riesgo de quedarse sin interlocutor. Recuperar la ética del debate parlamentario no significa añorar una supuesta época dorada de la política. Significa recordar algo más elemental: la democracia necesita un lenguaje en el que el otro pueda seguir siendo reconocido como interlocutor.
El problema no consiste solamente en establecer cuándo una expresión cruza el límite jurídico del discurso de odio. También debemos preguntarnos qué ocurre cuando la descalificación personal ocupa el lugar del argumento. Una democracia necesita desacuerdo, crítica, oposición y confrontación de ideas. Lo preocupante es que el espacio destinado a tramitar las diferencias termine reproduciendo la violencia que el Congreso está llamado a contener. La pregunta de Esquilo sigue abierta: ¿somos capaces de sustituir la violencia por la palabra antes de que el conflicto vuelva a convertirse en violencia?
Una tarea urgente es aprender a discutir sin destruir al otro pues, gobernar, en última instancia, también es aprender a hablar.
Comentar