El bienestar y el desarrollo van atados a educación,tecnificación,inversión y producción; es desde este ángulo donde abordaremos los conceptos planteados, buscando revisar qué tanto interfiere en el territorio la seguridad y el precepto de paz, en el desarrollo de la economía regional y local y esto en la mayor o menor oferta laboral y el bienestar colectivo.
El concepto de seguridad, como obligación Estatal, es permanente y se entiende como la garantía de, que a los ciudadanos colombianos y extranjeros se les brinda una prestación estatal de no ser asesinados, secuestrados, robados, amenazados, intimidados o desplazados en el territorio, y esta garantía se materializa desde dos tópicos: la de fuerza pública (ffmm y Policía Nacional) con sus despliegues, inteligencia y capacidades para anticipar hechos y desde la fiscalía general con investigación criminal para esclarecer, investigar,capturar y llevar a condenas a los que violen el código penal.
Es vital comprender que para esto se disponen de recursos, personas, medios, entrenamiento, estrategias, capacidades especiales como tecnología de punta y sobre todo motivación de los hombres y mujeres que detrás del uniforme realizan una compleja labor, igual, de un aparato de justicia ágil, eficiente, garantista pero contundente y unas cárceles y centros de detención que desde la dignidad humana y los derechos humanos cumplan la función resocializadora de las penas; en nuestro país siendo una democracia en vía de desarrollo con economías en crecimiento y un gran potencial en tierras, ríos, todos los pisos térmicos, es vital y perentorio poder desde los territorios garantizar un modelo de seguridad que permita desarrollar todo el potencial de los mismos, requiriendo claridad en que nada aportan grupos armados ilegales como el ELN, residual de farc-1, disidencias de Marquetalia, ni el denominado Clan del Golfo también llamado AGC y otros GAO, GDOS, es desde la necesidad de la construcción de paz diferencial y territorial, inclusiva que se debe diseñar y rápido, un modelo que logre negociar en condiciones aceptables la DDR, (desmovilización, dejación de armas y reintegración), pero que esta vez no sea un canto a la bandera u otra decepción para los campesinos, afros, indígenas, territorios relegados y maltratados por la guerra, y quienes estamos convencidos que nuestro país requiere pasar esta página para desbloquear todo nuestro potencial.
El análisis debe partir del cómo y allí es donde se hace vital el conocimiento, el pragmatismo y el abandonar ideologías políticas de algunos o muy “guerreristas” o muy “pazologos”, que desde diferentes orillas siguen atizando los conflictos, pero con ropaje de constructores de paz, es decir pasaron de la guerra de los fusiles a las guerras híbridas o de quinta generación, donde el componente político, jurídico, ideológico, mediático y de organizaciones, sirve solo a los fines de imponerse ante el adversario y doblegar su voluntad de lucha, aniquilar el adversario.
Es allí donde se identifican los principales riesgos y peligros para el modelo de construcción de paz desde los teritorios o paz territorial, también llamado seguridad multidimensional, se requiere y pronto tener claridad en la voluntad de paz de los actores presentes en los territorios, no importa si son con negociación política o son de sometimiento, y es con acciones y no con palabras, que se comprometan a no reclutar menores de edad, entregar al ICBF a los menores que tengan en las filas y hacer una manifestación pública de acatar, respetar y aplicar el DIH, para protección de la población civil; sería un buen comienzo en sede de construcción de confianza y de otro lado en este modelo muy importante que quienes tienen la obligación constitucional o de protección y que pueden ser vinculados y juzgados por acción, omisión o extralimitación, es decir fuerza pública, policías y soldados, estén claros de sus roles y funciones y que ante comisión de delitos siempre deberán actuar, NO pueden vacilar en la defensa, garantía y protección de la población civil y los funcionarios públicos en colombia.
Esto se logra con lenguaje claro y directo, órdenes claras desde el máximo nivel Estatal, los soldados y policías no son un obstáculo para la consolidación de la Paz pero deben hacer su trabajo muy eficiente y con todo el apoyo del Estado hasta que esto se logre, si no es así, algunos grupos ilegales o guerrillas seguirán intencionados en copar territorios, buscar mayores rentas ilegales y sacarle provecho a figuras de cese al fuego y de hostilidades para mejorar y fortalecer sus máquinas de guerra; esto destrozaría las economías regionales, confinaría a los campesinos e indígenas en parcelas y resguardos, frenaría llegada de capitales inversionistas extranjeros, encarecería el desarrollo territorial de vías, acueductos, y haría difícil o imposible el despliegue de escuelas ,educadores, puestos de salud, frenando en seco inversión territorial, desarrollo, proyectos y abandonando el campo, lo que repercutiría automáticamente en menos impuestos a alcaldías y gobernaciones, es decidir quedaríamos sin recursos para financiar el desarrollo y reinvertir y disparando desplazados en cinturones de miseria en ciudades principales e intermedias.
Es en este equilibrio muy necesario, entender que donde no se garantiza seguridad no llega nadie a invertir y esa falta de inversión frena desarrollo territorial, educación, proyectos de vías, productivos e incluso de titulación de tierras o retornos y reubicaciones de comunidades desplazadas; si se quiere dar un salto cuantitativo de desarrollo urge fortalecer la fuerza pública, desideologizar los discursos, que los grupos armados ilegales den muestras claras de acatar el DIH, respetar el Estado pasa por no secuestrar, ni extorsionar, pero también por no asesinar soldados ni policías bajo ningún pretexto, ni menos justificar secuestros ni homicidios, entender que los mejores aliados de la Paz son los miembros de la fuerza pública que entienden la necesidad de la Paz que acatan la constitución política, que aman a su país, pero que entienden que no pueden fallarle, ni a sus funciones en los temas de defensa y seguridad y con esto de garantizar la seguridad nacional, pública y ciudadana de la mano de todas las instituciones desarrollando el precepto constitucional de “colaboración armónica entre las instituciones estatales para cumplir los fines del Estado” están siendo constructores de paz con visión de futuro y estabilidad, garantizando desarrollo y participando en el con desminado, placas huellas, acción en desastres naturales, asegurando los activos estratégicos en lo rural y urbano y garantizando la vida, honra y bienes de TODOS los Colombianos, para poder seguir transformando los territorios y el bienestar que solo será posible con empleo digno, desarrollo, capital de inversión, educación técnica y superior y sustitución de cultivos de coca y marihuana, pues este ha sido el motor de todos los conflictos, desplazamientos y masacres.
Sin miedo a equivocarme, la motivación y compromiso de la fuerza pública es el principal activo estratégico de la construcción de paz en Colombia.
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