Los Estados tienen el deber de configurar una serie de garantías que permitan la adecuada reproducción de la vida de sus ciudadanos, esto inevitablemente significa que el Estado debe intervenir en los medios que atraviesan dicha actividad, con el propósito de asegurar unas reglas básicas para todos aquellos que con la sola participación en el mercado no alcanzan a satisfacer sus necesidades.
La forma e intensidad con la cual el Estado interviene en el mercado establece qué se entiende por bienestar. Sin embargo, esta idea no es una imposición institucional, sino que se construye paralelamente a partir de lo que, como sociedad, consideramos meritorio de intervención. En ese sentido, la intervención Estatal revela lo que como sociedad estamos dispuestos o no a tolerar.
Si bien todos los Estados se ven inmersos en la contradicción propia de las relaciones entre trabajo y capital, en Colombia también se debe hacer frente a las consecuencias de la guerra, es decir, en Colombia enfrentamos una doble contradicción, no es suficiente con intervenir en el mercado para garantizar el bienestar de las personas porque la guerra, como fenómeno social, atraviesa directa y destructivamente los medios de reproducción de la vida y la satisfacción de necesidades. Entonces, la política social en Colombia tiene que atender, además de necesidades económicas, necesidades civiles.
Y si algo es claro, es que la política social en Colombia no ha sido suficiente para brindar oportunidades ni económicas ni civiles, está, por lo poco, limitada a aquellos casos que podríamos definir como extremos. Por lo tanto, las personas terminan en redes de comunitarización y familiarización que suplen el papel del Estado en materia de garantizar bienestar.
Teniendo en cuenta entonces lo problemático que es en Colombia conjurar esta especie de doble cuestión social, podemos introducir un análisis del reciente proyecto de ley radicado por el presidente, el cual, a pesar de apelar a una supuesta solidaridad sostenible, no deja de ser una reforma tributaria más que ambiciosa, como la han llamado algunos, parcialmente desconectada de la realidad del país.
Antes de comenzar este análisis es importante hacer la siguiente anotación: para comprender la reforma tributaria que plantea el presidente Iván Duque y el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, es necesario salirse de los discursos políticos que han nublado su discusión, pues sólo ha servido para posicionarse en el ojo de la opinión pública de cara a las elecciones del 2022. También es necesario desligarse de esa necesidad de pensarla como algo binario, es decir, como buena o mala, ya que esa discusión apela más a la emotividad que a la razón. Como ultima consideración, o incluso invitación, es a separarla de lo que normalmente hemos entendido por ideología, pues nada más contradictorio que un presidente de derecha proponga, entre otras cosas, invertir ampliamente en gasto social, que su partido de gobierno sea uno de los que critique fuertemente el proyecto y además que la izquierda rechace rotundamente esta intervención social que promete establecer una renta básica.
El proyecto de ley que cuenta con 163 artículos reúne tres micro reformas: redefinición de la regla fiscal, fortalecimiento y focalización del gasto social y redistribución de las cargas tributarias y ambientales. Aquí nos centraremos en analizar sobre todo lo referente al gasto social, lo cual es el grueso del proyecto de ley pues necesariamente toca los otros dos puntos.
En pocas palabras, la bandera del presidente en este proyecto de ley, o la zanahoria como dicen algunos analistas, es el mantenimiento del ingreso solidario hasta hacerlo permanente en hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Esta renta básica es monetaria, no condicionada y periódica, además, escalona el valor del ingreso a partir de la cantidad de personas pertenecientes al hogar y establece un límite al mismo. El nuevo ingreso solidario, según el análisis que realiza Corficolombiana, impactaría 4,7 millones de hogares, de los cuales 3,4 millones están en pobreza monetaria y 1,3 en pobreza extrema.
Sin embargo, es claro que para esta intervención es necesario recaudar el dinero que se va a invertir en gasto social (también en el pago de la deuda y otros gastos), para ello el proyecto de ley pone el mayor peso de este recaudo en las personas naturales, por ejemplo al proponer que algunos productos como las carnes, el arroz y los medicamentos pasen de estar exentos de IVA a estar excluidos de IVA; en ambos casos el valor del IVA es cero, pero no sus costos de producción, como consecuencia cuando el producto está exento la empresa puede pedir a la DIAN que devuelva el IVA correspondiente al costo de producción, cosa que no es posible cuando el producto está excluido y resulta en un costo extra en el valor de compra. Otros productos pasarían de estar excluidos a tener IVA como los servicios funerarios y servicios públicos para estrados 4, 5 y 6. Productos como los paneles solares tendrían un IVA del 5%, mientras que otros productos, como la gasolina, pasarían de tener un IVA del 5% al 19%.
Por otro lado, el proyecto de ley busca bajar el umbral para aquellos que declaran renta y también para aquellos que pagarán impuesto de renta. Así, para 2022 deberán pagar impuestos las personas que tengan ingresos anuales mayores a 39 millones de pesos y en 2023 aquellos con ingresos anuales mayores a 27 millones de pesos, según Corficolombiana esto corresponde a ingresos mensuales de 3,2 y 2,3 millones respectivamente.
Ahora bien, ¿Esto que significa en materia de política social? ¿Qué entienden entonces Duque y Carrasquilla por bienestar? Primero, la implementación de impuestos regresivos a productos de consumo común representará para aquellos con menor capacidad adquisitiva un gasto adicional y gravar con IVA los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6 es innecesario pues ya son estratificados, además estos son servicios básicos para el desarrollo de la vida, aumentar su valor da a entender que para el gobierno garantizar servicios públicos para todos no es una prioridad. A pesar de que este proyecto de ley surge a partir de la crisis económica por el covid-19, no tiene en cuenta si realmente los colombianos tendrían la capacidad de pagar dichos impuestos. Este argumento es diferente a pensar si quieren o no, porque nos estamos preguntando directamente si la tributación se puede mantener.
Colombia es un país que tiene una gran deuda con la política social y es claro que garantizar una renta básica permanente para una población focalizada que la merece representaría un avance en ese difícil camino que es tratar la doble cuestión social, sin embargo, no puede hacerse de manera descontextualizada. Esto no significa que una reforma tributaria en pro de replantear el gasto social no sea necesaria, el punto central es que dicha reforma exige un verdadero entendimiento de la sociedad.
En conclusión, el proyecto de ley no es más que una expresión de la desconexión existente entre el gobierno y los colombianos, es evidencia del desconocimiento y la apatía frente a la realidad social pues, proponer una renta básica porque el covid-19 nos ha dejado, entre otras cosas, una crisis económica, es desconocer que antes del covid-19 en Colombia ya existían razones estructurales que impulsaban la pobreza y desigualdad, pero si deja claro que lo que no había era voluntad política para hacerla.
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