Por mi formación profesional y académica como Administrador de Empresas Agropecuarias, he estado en mora de referirme a la situación del sector agropecuario en Colombia; cuestión que hasta el momento se ha abordado desde una perspectiva simplista y poco rigurosa, limitada a sobre diagnosticar los problemas y subutilizar el potencial del país en esta materia; en tal sentido, el objeto de esta columna es hacer una reflexión diáfana que conduzca a centrar la atención del debate agrario en los temas que hoy suscitan preocupación.
La importancia estratégica del sector agropecuario, no debe suscitar la menor duda; según cifras del Departamento Nacional de Planeación, el sector aporta en promedio 6,1% del PIB, lo que aporta 0,3 puntos porcentuales al crecimiento agregado, genera el 16,3% del empleo; produce anualmente 28.5 millones de toneladas de alimentos, el 30,4% de la población colombiana vive en zonas rurales, y por si fuera poco, Colombia tiene aproximadamente 42,3 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, lo significa una ventaja comparativa estratégica respecto de otros países comparables; en este mismo sentido, la FAO señala a Colombia entre los doce países con mayor diversidad biológica del mundo (54.871 especies registradas entre vertebrados, invertebrados y plantas); susceptibles de explotación (en la medida de lo posible).
En contraste, el sector agropecuario colombiano no ha gozado de buena atención por parte del Estado, pese a que fue el precursor de la industrialización del país durante el siglo XX, en cuanto a financiación, bienes públicos, instituciones y recurso humano, lo que ha llevado inexorablemente a crisis de todo tipo: según la Sociedad de Agricultores de Colombia, mientras que las exportaciones crecieron 4,8% entre los años 2000 y 2015, las importaciones, para este mismo periodo, aumentaron 107%, lo que significa que el país importa cerca del 30% de los alimentos que consume; igualmente, de la cantidad de tierras con vocación agropecuaria, el país solo explota el 24% , el 76% de quienes acceden a la tierra tienen menos de cinco hectáreas, 59% de los hogares rurales no tienen título formal de propiedad, según la FAO, Colombia cuenta con 4,4 millones de personas subalimentadas, 75% de la población rural gana menos de un salario mínimo, 63% de los empleados no cotiza a pensiones y el índice de Gini que mide la concentración de la tierra es 0,89, en otras palabras, según Oxfam, el 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra; mientras que el 99% restante se reparte menos del 20% de la tierra; desigualdad que ha sido la principal causa del conflicto armado en el país.
Desde el punto de vista de la competitividad y la productividad del sector agropecuario, el rezago también es evidente: 5,2% de los hogares tiene acceso a crédito, 65% de las vías terciarias se encuentran en mal estado, en Colombia, según el Departamento Nacional de Planeación, se pierden 9,76 millones de toneladas de comida que representan aproximadamente el 34% del consumo nacional de alimentos; y por último, según el Consejo Privado de Competitividad, en el sector agropecuario, se requieren 10,5 trabajadores para producir el mismo valor agregado que un agricultor en Estados Unidos.
Por otra parte, en la actual coyuntura, el sector agropecuario, según ANIF, para el 2017, se consolidó como el sector líder en el crecimiento económico (4,9%) en contraste con el 2016 (1,6%), esto asociado principalmente a la superación del fenómeno del niño y al programa Colombia Siembra que de algún modo ha expandido el área sembrada y mejorado los rendimientos de algunos cultivos, no obstante los bajos niveles de rentabilidad del sector atribuibles a los elevados costos de producción y a bajas en los precios pagados al productor.
Ahora bien, es posible que la opinión pública ya tenga conocimiento de estas cifras, pero los hechos indican que estas realidades no se están considerando; ya que, se siguen aplicando políticas con disfuncionalidades evidentes, por ejemplo, no se puede pretender mejorar la productividad del sector, privatizando los servicios de asistencia técnica (Ley 1876 de 2017), cuando subsectores como la ganadería y la caficultura están compuestos predominantemente por pequeños productores de bajos ingresos. De otra parte, aunque al programa Colombia Siembra se le reconoce su impacto positivo en el crecimiento del sector, sigue careciendo de mecanismos de mercadeo y comercialización que hoy representan una de las principales dificultades para los productores, especialmente para aquellos que hacen parte de los programas de sustitución de cultivos. Por último, tampoco se puede pretender resolver el tema de la informalidad en la tenencia de la tierra y los bajos niveles de industrialización del campo a través de políticas de extranjerización del territorio (Ley 1776 de 2016) violatorias del ordenamiento constitucional y del Acuerdo suscrito en la Habana.
En cuanto a los Tratados de Libre Comercio, que los han presentado como un gran avance en materia económica y comercial, han resultado absolutamente desventajosos para el país. Según un informe de la Contraloría; después de 60 meses de la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales mostraron un incremento del 18%, mientras las importaciones lo hicieron en 68%, es decir, casi tres veces más, principalmente por el aumento de compras externas de cereales, carnes, lácteos, entre otros; así mismo, también afirma que entre los años 2012 y 2016 las exportaciones de Colombia a Estados Unidos y a la Unión Europea no se diversificaron, dado que sus índices de concentración pasaron de 1447 a 1481, y de 1904 a 2113, respectivamente; luego estos tratados no son tan virtuosos como nos lo han querido vender, siendo importante resaltar también, que en matrería institucional tampoco había la preparación suficiente.
En este sentido, las soluciones estructurales a los problemas del sector agropecuario , se deben concebir en función de las siguientes variables:
- Financiación: Que se especifiquen claramente las metodologías de financiación de los fondos de estabilización de precios, así como el origen de los recursos para la infraestructura vial y la provisión de bienes y servicios públicos en la ruralidad.
- Instituciones: Promover la despolitización de las instituciones del sector, evaluando su efectividad, fortaleciendo técnica y financieramente sus competencias, eliminando duplicidades, nóminas paralelas y consolidando en alianza con la Comisión Nacional del Servicio Civil mecanismos objetivos para la selección del personal.
- Recurso Humano: Que se fortalezcan los centros de formación tanto técnicos, tecnológicos y de educación superior en cuanto a pertinencia y alianzas con el sector productivo en los ámbitos laboral, académico e investigativo en función de la optimización de la productividad agrícola y pecuaria.
- Seguridad Jurídica: Darle solución de una vez por todas a la informalidad en la tenencia de la tierra, respetando los derechos adquiridos y la tenencia de buena fe, del mismo modo, diseñar un mecanismo que permita a los obreros agrícolas no vinculados formalmente tener acceso a la seguridad social, crear una jurisdicción especializada asuntos agrarios que resuelva en última instancia los conflictos civiles, especialmente los referidos a la tenencia de la tierra, compromiso total con la reglamentación del catastro multipropósito.
- Industrialización: Promover el fortalecimiento técnico, financiero e institucional del sector solidario como un mecanismo de asociatividad para el pequeño y mediano agricultor en función del valor agregado, emprendimiento social y agroturismo. Desarrollar mecanismos que permitan el acceso a matrices energéticas alternativas para la disminución de los costos.
- Costo país: Procurar por la intervención con fines de reducción los costos de los insumos agropecuarios y la renegociación de los Tratados de Libre Comercio, especialmente en materia arancelaria y de importaciones.
- Mercado: Se debe abrir el debate de volver al modelo del Instituto Nacional de Mercadeo Agropecuario con las modificaciones que corresponda, se debe promover un mayor acceso al mercado financiero (pese a los esfuerzos de Finagro y el Banco Agrario), al mercado de bienes, mercado externo y al mercado bursátil, desarrollar mecanismos de política económica que fortalezcan la demanda interna y externa de productos agropecuarios.
- Infraestructura: Garantizar fondos de destinación específica que cubran las necesidades de infraestructura vial, productiva, habitacional y de acceso a bienes tecnológicos en la ruralidad.
- Medio Ambiente: Promover el uso adecuado del suelo y el agua, fortaleciendo la institucionalidad agropecuaria y ambiental. Establecer acuerdos de reconversión productiva para garantizar el uso adecuado suelos y aguas.
Estas, por supuesto, son consideraciones generales que una política pública seria debe llevar al detalle. Lo que más debería suscitar preocupación, no es solamente el balance socio económico del sector, sino la degradación progresiva de los recursos naturales esenciales como la tierra y el agua, que al final resultan, como la financiación, la asistencia técnica y la tecnología; fundamentales para la generación de riqueza en el sector agropecuario.
