El pasado 30 de noviembre de 2017 se prorrogó la medida que prohíbe el parrillero hombre en Itagüí, el decreto 1052 fue firmado por el alcalde León Mario Bedoya.
Me llama la atención que Itagüí siga con esta norma si la percepción de seguridad es buena (no hablo sobre lo que oficialmente dice la alcaldía, sino, en el diálogo permanente con las personas). Lo único que logran con esta medida es estigmatizar a motociclistas y parrilleros porque a la luz del decreto, somos delincuentes en potencia los que necesitamos movilizarnos por la ciudad en condición de parrillero.
Está reseñado en varios estudios de calidad de vida del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) que la moto en Colombia ha contribuido a la economía familiar, porque es un medio de transporte barato que hace que pueda ser más llevadera la situación económica en los hogares de estratos medios y bajos.
En mi caso no es la excepción, mi hermano se ahorra una buena cantidad de dinero en transporte gracias a que cuenta con su moto permanentemente, pero conmigo ocurre todo lo contrario. Aunque en muchas ocasiones mis familiares se han ofrecido a llevarme a mi lugar de trabajo, esto no ha sido posible porque pueden quitarle la moto si algún guarda de tránsito o policía nos aborda en el trayecto.
Como el mío, son muchos los casos que ocurren en una ciudad como Itagüí donde el transporte no es muy eficiente y las distancias que se deben recorrer son largas, entre otras cosas, porque nos toca trabajar por fuera del municipio.
Negar que los fleteos y asesinatos no se hace en moto, es como querer hacer creer que los niños los trae la cigüeña cada 9 meses, y en esta columna lo que menos pretendo es amainar el fenómeno del sicariato y del fleteo que vivimos constantemente; pero no se puede pretender echar a todo el mundo en el mismo saco.
El decreto 1052 de 2017 que la alcaldía expidió el año pasado tiene varias ambigüedades en su justificación de la prórroga sobre la prohibición del parrillero hombre, que va hasta junio de este año. Aunque la Corte en varias oportunidades ha fallado en estos temas y ha declarado estos decretos como inconstitucionales y ha hecho que alcaldías como la de Sabaneta y la de Medellín deroguen dichos decretos, la Alcaldía de Itagüí sigue con esta norma y además extendió su vigencia.
Ver Decreto 1052 del 30 11 2017
Analicemos en el literal F del que dice:
La prevención de la criminalidad es uno de los objetivos que todas las administraciones persiguen y que a la luz de las cifras es claro que se deben de evaluar medidas como éstas; pero se evidenció, por ejemplo que el martes 16 de enero de este año, ocurrió el asesinato de un comerciante en la vía de la moda en el horario en el que hay restricción de la norma; es decir, usted puede ser parrillero hombre en los horarios de pico y placa que va de 5:00 am a 7:30 am y de 5:00pm a 7:30 pm como vimos, no importa horarios; el comerciante fue asesinado a la 7:45 de la mañana, es decir, hora donde la exención de parrillero había pasado. En conclusión, en cualquier momento del día con o sin exención pueden asesinar alguien.
Otro de los factores que llaman la atención en este literal, es sobre reducir los índices de accidentalidad, reconozco que es una intención genuina porque los motociclistas tienen el delirio de siempre quedar de primeros en los semáforos y arrancar como volador sin palo, que hace que las imprudencias estén por doquier; pero este fenómeno es algo de pedagogía institucional que se tiene que librar a diario y que los motociclistas también tienen que poner de su parte.
En Itagüí hay que comenzar a hablar de unos conceptos que poco o nada los Itagüiseños relacionamos o ponemos en práctica: cultura ciudadana y cultura de la legalidad. Todos los males de la sociedad tienen que tener penas coercitivas para poder de alguna manera tener el control, como es la pretensión seguramente de la administración municipal con este decreto; pero también se debe tener conciencia que la coerción, coerción y coerción no es el camino.
El decreto priva de libertades a un gran sector de la población, generando un descontento, está motivando a que las personas se salten la ley. Hay que educar, enseñarle a la sociedad a hablar de cultura ciudadana, enseñarle a la sociedad a tener cultura de legalidad y que como municipio verdaderamente podamos avanzar. Debemos como ciudad, pensar que la cultura ciudadana y la cultura de la legalidad tiene que ser una regla de oro en la que se debe de invertir para no tener que sufrir estos fenómenos de descomposición social.
