La sentencia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó contra el antiguo secretariado de las FARC-EP en el Macrocaso 01 marca un punto de inflexión en la historia judicial de Colombia. No se trata únicamente de un fallo sobre delitos cometidos durante el conflicto armado, sino de una respuesta, tardía pero necesaria, al clamor de miles de víctimas que durante años exigieron que el secuestro fuese reconocido como lo que realmente fue: una política planificada que redujo a seres humanos a simples fichas de intercambio.
Ese reconocimiento tiene un valor que trasciende lo jurídico. Significa que la verdad que las víctimas denunciaron incansablemente hoy se ratifica institucionalmente. En un país donde el silencio y la negación han sido tantas veces la norma, la voz de las víctimas se abre paso en la justicia transicional.
La JEP no solo ha trabajado en este frente. El Macrocaso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, muestra la otra cara del horror, un Estado que, en lugar de proteger a sus ciudadanos, permitió que miles de inocentes fueran asesinados para inflar resultados militares. Que ambos casos avancen en paralelo es una señal de que la justicia transicional puede enfrentar la complejidad del conflicto sin privilegios ni exclusiones.
La JEP no llegó hasta aquí sin tropiezos, las objeciones del gobierno de Iván Duque retrasaron su entrada en funcionamiento y prolongaron la espera de las víctimas, mientras la política ponía en duda un mandato refrendado en el Acuerdo Final. A ello se suma la resistencia de sectores que aún hoy prefieren no conocer la verdad completa. Para algunos resulta insoportable aceptar que hubo una política sistemática de secuestro desde la guerrilla o ejecuciones extrajudiciales desde el Estado. Pero negarlo no borra el pasado, solo perpetúa el riesgo de repetirlo.
El diseño de la JEP responde al Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, que estableció un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En este marco, se optó por un modelo de justicia restaurativa, distinto al tradicional enfoque punitivo. La justicia restaurativa no busca únicamente castigar, sino restaurar los vínculos rotos por la violencia, dignificar a las víctimas, garantizar el derecho a la verdad y comprometer a los responsables a reparar de manera activa el daño causado. Por eso, las sanciones propias no se limitan a privaciones de libertad, sino que incluyen medidas restaurativas y reparadoras en beneficio de las víctimas, comunidades y territorios que vulneraron.
El carácter restaurativo de las sanciones propias dictadas por la JEP abre un terreno inédito. No se trata de encarcelar a los máximos responsables, sino de llevarlos a reconocer públicamente sus crímenes, a cumplir con medidas que reparen los daños, a garantizar que la verdad sea contada y que pongan todo de su parte para que los horrores del conflicto armado no se repita. Para muchas víctimas, escuchar ese reconocimiento directo puede ser más transformador que una condena en años de prisión.
No obstante, el camino no es sencillo, persisten dudas legítimas: ¿cómo garantizar que esas sanciones restaurativas no se queden en gestos simbólicos?, ¿cómo asegurar que los responsables no oculten información crucial?, ¿qué pasa si las comunidades sienten que lo recibido no compensa el daño sufrido? La crítica es necesaria precisamente para que la justicia transicional no se vacíe de contenido.
La sentencia al antiguo Secretariado es un hito, pero también una prueba. Demuestra que en Colombia se puede responsabilizar a quienes tomaron las decisiones más dolorosas del conflicto y, al mismo tiempo, recuerda que la paz solo será duradera si las víctimas siguen en el centro. No es una concesión a los victimarios, es un acto de dignificación de quienes padecieron la guerra en carne propia.
Estas son apenas las primeras sentencias de muchas que vendrán. El país debe estar preparado para escucharlas, asumirlas y acompañar su implementación con madurez democrática. Porque cada decisión judicial de la JEP será un espejo incómodo de lo que fuimos, pero también una oportunidad para reconciliarnos y para construir un país posible para todos, donde la verdad no sea temida, sino reconocida como la base de una paz estable y duradera.
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