“Cuando lo que se impone es la política del reparto, la democracia deja de ser un sistema de incertidumbre organizada para convertirse en un mercado de votos donde las normas que regulan la interacción entre los actores políticos pasan a segundo plano”.
“A mí no me van a venir a ofrecer de pasa cafés, a mí me dan ministerio completo o nada”. En estos términos se refería la subcoordinadora de Pachakutik a la negociación con el ex ministro de gobierno para evitar la destitución del presidente, aunque, según ella, todo se dijo en sentido figurado.
Parece que los miembros de esta organización están acostumbrados a hablar de forma confusa. Ya hace algún tiempo una asambleísta tuvo que aclarar que le habían entendido mal cuando advertía a sus copartidarios que “si roban, roben bien”. Lo mismo le ocurrió hace poco más de un mes a un alcalde electo que aseguró que la ley permite a las autoridades llevarse un 30% de la contratación de una obra a su bolsillo. “Error de lenguaje” lo llamó.
Fallos léxicos o no, lo cierto es que la política del reparto ha estado siempre presente en un movimiento cuya tendencia a las prácticas corporativistas se ha convertido en su seña de identidad. Sería un desacierto, sin embargo, atribuirle a Pachakutik el monopolio de esta forma de hacer política. En primer lugar, porque la disposición a recibir cargos o ministerios a cambio de votos está presente en todas las organizaciones políticas ecuatorianas—mal llamadas “partidos”—, pero, además, porque el reparto lo ejecuta el que dispone de los cargos.
En una democracia institucionalizada, la política se ejerce mediante acuerdos y estos se alcanzan tras un tira y afloja en el que los objetivos programáticos y los principios ideológicos desempeñan un rol fundamental. Acordar, en este sentido, es ceder, no cargos ni principios, sino ciertos objetivos secundarios en beneficio de los grandes objetivos que las fuerzas políticas coinciden en identificar como trascendentales para lograr el bienestar común.
Para nuestros demócratas criollos, en cambio, la política sólo puede seguir dos vías: la del bloqueo o la del reparto. La primera, de larga trayectoria en nuestra historia republicana, se encuentra bien representada por la bancada de las mentes lúcidas y los corazones ardientes. Para el Amado Líder —y, por extensión, para sus discípulos— no existe un punto medio entre ejercer una oposición desleal y gobernar sin oposición. Cansados ya de lo primero, ahora claman por la muerte cruzada para recuperar el poder en unas elecciones anticipadas. No parece preocuparles demasiado la incoherencia que supone hacer este llamado en medio de un juicio político al presidente en el que ellos fungen como parte acusadora.
Para más columnas como esta síguenos en: Twitter – Facebook – Instagram
Con esto, el correísmo deja en claro que el juicio político al presidente nunca fue su prioridad porque la sucesión constitucional no les ofrece elecciones anticipadas e involucraría alcanzar acuerdos democráticos con el nuevo presidente, algo que va en contra de los principios del Gran Ausente.
La segunda vía, en cambio, ha sido tomada por el gobierno y, de momento, un par de bancadas. Horas antes de que se revelara el audio de la subcoordinadora de Pachakutik, el presidente Lasso afirmaba en un medio internacional que no existían los votos para destituirlo. A pesar de la convicción mostrada en esa declaración, días después se desdijo, aludiendo a su potestad de decretar la muerte cruzada, lo que indicaría que los votos no están asegurados.
Lo único que podemos sacar en claro del cinismo de unos, la incoherencia de otros y la ambición de los de siempre, es que los votos por la destitución o por la salvación del presidente cotizan al alza conforme se acerca el día decisivo. Bajo este escenario, el desenlace es impredecible.
Cuando la democracia está institucionalizada, ella opera como un sistema de “incertidumbre organizada”, en palabras del politólogo Adam Przeworski. Esto no significa que todo resultado sea indeterminado, sino que los actores políticos saben lo que es posible, pero no necesariamente lo que es probable. Conocen los desenlaces posibles porque las normas democráticas los determinan, pero no saben cuál de ellos se producirá efectivamente hasta el momento en el que alcancen un acuerdo público.
Cuando lo que se impone es la política del reparto, la democracia deja de ser un sistema de incertidumbre organizada para convertirse en un mercado de votos donde las normas que regulan la interacción entre los actores políticos pasan a segundo plano. Los resultados posibles no están determinados por la Constitución y las leyes, sino por el apetito momentáneo de los oferentes y los demandantes.
Al final, la actuación de los asambleístas y los miembros del gobierno —y sus respectivos ejércitos de asesores— alrededor del juicio político denota su ignorancia jurídica y su desdén por los intereses que dicen representar. Lo que debía operar como un mecanismo de control democrático y una salida institucional al desgobierno que vive el Ecuador se ha convertido en el enésimo desenmascaramiento de una clase política irresponsable e inmediatista.
Comentar