Digámoslo de una vez, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar libre a Jesús Santrich ha dejado desnudas las falencias que acometió el Gobierno Colombiano (el 26 de septiembre de 2016), para allegarse a la firma de acuerdo de La Paz.
Esta decisión, hay que volverlo a recordar, pone en relieve lo que el Gobierno Colombiano, precedido en aquel entonces por Juan Manuel Santos, dio unas concesiones injustificables tales como abrirles las puertas a mafiosos y narcotraficantes para que tuvieran fuero político, y de en cuyo caso les ha permitido, desde entonces, gozar de una acomodaticia impunidad frente al imperio de la Ley colombiano. También es propicio recordar que el fuero político dado a los narcotraficantes de las FARC no fue validado por los ciudadanos de este país, en menoscabo del libre ejercicio del sufragio, decidiendo que no se quería un acuerdo de paz bajo tales condiciones. Y que, huelga decir y recordar; que Juan Manuel Santos desoyó con franca alevosía.
Los argumentos de la Corte Suprema de Justicia son, como no, lícitos. Nos guste o no, el estado de colombiano debe ceñirse a la institucionalizad, que significa respetar la condición, que no es más que el conjunto de privilegios o exenciones jurídicas que gozan los diputados del congreso. Y que deben ser respetados.
Los artilugios políticos van y vienen, pero lo cierto es que los hechos les gritan a los colombianos que ahí están campantes los hombres que lograron sembrar las indecibles cenizas muerte y odio en el país. Ahora usan corbata blanca y pretenden pontificar ante la ley.
Ahora Iván Duque le tocará, si puede o lo dejan, recoger el agua derramada, porque al cuerdo de paz se le han comenzado a ver las costuras.
