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El derecho penal “el control social de los poderosos”

Photo by Ulrich Baumgarten via Getty Images

“(…) la fuerza y la violencia del Estado se convierte en derecho penal, sometiendo al ciudadano a un falso interés general (…)

El derecho penal en Colombia es un desarrollo del poder económico presentado a los ciudadanos como control social para prevenir y resocializar, en él, se desarrolla un ordenamiento represivo, desigual y vengativo en cabeza del Estado, desconociéndose  la dignidad humana, derecho penal que pretende solucionar todos los problemas sociales con cárcel, con policía y con condenas desproporcionadas que son una verdadera pena de muerte, ¿a quién se le ocurre que el hambre y la desigualdad social se remedian con la fuerza del Estado?

Es una poesía decir que “Colombia es una república unitaria, fundada en un estado social de derecho, basado en el reconocimiento de derechos fundamentales y en el reconocimiento de la dignidad humana como principio del desarrollo jurídico del país”, pero solo se queda en hermosas palabras y en una pretensión e ideal que cada vez es más lejano, la verdad es que nuestro país tiene un derecho penal que sin temor a equivocarme, no es más que la maquinaria jurídica con poder punitivo para degradar sendos derechos, ¿pero cómo lograr que el derecho penal respete derechos fundamentales? La respuesta es aterradora: ¡no se puede lograr nada!, porque el derecho penal es una representación del poder y protección del sistema económico del momento, como por ejemplo,  en el modelo de producción esclavista donde la riqueza radicaba en la tenencia de esclavos buscar la libertad era un delito que sancionaba con la muerte, sanción legal que la desarrollaba el derecho penal en PROTECCIÓN DE UN SISTEMA ECONÓMICO.

El derecho penal en Colombia es una manipulación de poderes estatales e internacionales con el fin de controlar una sociedad la cual no tiene derecho a pensar, exigir, protestar y salir de la pobreza, ante el triste panorama es bueno resaltar:

La definición de Seguridad en el mundo a partir del 11 de septiembre del 2001 implica una intromisión al desarrollo de derechos y libertades públicas por parte del Estado como prenda de garantía del bien general, lo cual es un mandato de las altas potencias, y quien no esté de acuerdo es un terrorista que amenaza el orden mundial, para el caso de Colombia las permanentes consignas norteamericanas disfrazadas con el nombre de “Plan Colombia”, han sido el pretexto perfecto de constantes violaciones  de derechos humanos y vejámenes contra campesinos humildes, un vil ejemplo claro son las ejecuciones extralegales, los mal llamados “falsos positivos”, y ni qué decir de la OCDE que entre sus recomendaciones económicas, las cuales Colombia está dispuesto a cumplir para lograr un desarrollo económico sostenible incrementa impuestos, disminuye el poder adquisitivo de los trabajadores y disminuye la inversión social, lo cual ha traído hambre y desolación en regiones apartadas como el Chocó, la Guajira, el Guaviare y entre otros; si nos alzamos contra sistematización y desigualdad social somos delincuentes que el derecho penal está dispuesto a controlar de la forma más indignante, o contestemos la pregunta ¿Qué de digno tiene una cárcel en Colombia?.

 El derecho penal con su violencia desarraigada, en nombre del control social y la política de turno impone una socialización envenenada que no reduce los niveles de pobreza y de desigualdad de la ciudadanía, convirtiéndose este en una defensa de clases sociales donde el más poderoso siempre gana, bien lo decían los abuelos “la ley es para los de ruana”

Hoy por hoy solo se habla de enemigos nacionales e internacionales resumidos en una palabra “terroristas”, en la aplicación del derecho penal pareciere que los operadores jurídicos tuvieran esa visión fascista y discriminadora frente al sujeto activo del injusto penal, y en este contexto se comienza hacer explicaciones inverosímiles del terrorismo y se comienza hablar de terrorismo financiero, político, psicológico, de estado, virtual y entre otros que abruptamente el legislador considere, convirtiendo a los administrados en una completa amenaza para la sociedad, el mejor ejemplo es escuchar al exdirector de la Policía Nacional General Nieto, cuando en mayo del 2017 expreso a los medios de comunicación que las protestas sociales en Buenaventura son más que un sinfín de actos vandálicos y de terrorismo, que la Policía y la Fiscalia no está dispuesta a permitir, lo cual demuestra que el hambre y el olvido también es terrorismo.

El derecho penal con su violencia desarraigada, en nombre del control social y la política de turno impone una socialización envenenada que no reduce los niveles de pobreza y de desigualdad de la ciudadanía, convirtiéndose este en una defensa de clases sociales donde el más poderoso siempre gana, bien lo decían los abuelos “la ley es para los de ruana”

A mi buen juicio el derecho penal actual es demasiado violento y responde con soluciones violentas las problemáticas sociales, el derecho penal es represivo con los pobres, convirtiendo sus vidas en algo degradante, algo muy parecido a un chiquero de cerdos donde solo se tiene derecho a comer, dormir y vivir bajo unos mismos estándares, eso sí, el que se quiera salir del chiquero tendrá que enfrentarse a un sistema penal que lo degradara más si es llevado a una cárcel.

Lo que demuestro con el anterior planteamiento es que no somos libres y estamos siendo controlados por un derecho penal que no es autónomo, es propiedad del sistema económico de turno, en pleno siglo XX la raza humana está siendo controlada como animales y estamos siendo vigilados en todo momento por cámaras, veedurías y entre otros, se le niega al hombre un desarrollo libre de su ser, está bien que se coloquen límites para vivir en sociedad pero de ningún modo someternos a las cadenas de la esclavitud social como prenda de garantía de una convivencia absoluta, con el pretexto de proteger bienes jurídicos tutelados, la grandeza del ser humano está en el desarrollo libre de sus ideas y del ejercicio de sus libertades.

El capitalismo salvaje en Colombia viene abriendo una brecha cada vez más honda entre ricos y pobres, donde los pobres son vistos por el estado como enemigos públicos, es aquí donde el capitalismo es defendido con una política criminal que amenaza a los administrados con sus penas arcaicas y degradantes y sus cárceles que no son más que verdaderos campos de concentración al mejor estilo NAZI, lo cual demuestra que el poder, la fuerza y la violencia del Estado se convierte en derecho penal, sometiendo al ciudadano a un falso interés general, convirtiendo el derecho simplemente en una conveniencia del Estado.

Esto fue escrito por

James Velarde

Paisa de 40 años, casado, dos hijos, 22 años de servicio en la Policía Nacional, hoy por hoy pensionado, abogado de la Corporación Universitaria Americana sede Medellín, docente policial en las áreas de derecho penal, derecho penal militar, derecho de policía y codigo nacional de policía en la escuela de Policía Carlos Holguin, en la actualidad litigante independiente y una visión critica del mundo actual.