Salud o economía: un discurso populista

Los mandatarios locales que no estén a la altura del presidente Duque en tomar decisiones rápidas y efectivas para incentivar el empleo y la economía se condenarán a ser recordados por tres años de pésimo recaudo y paupérrima inversión social.

Los mandatarios locales que no estén a la altura del presidente Duque en tomar decisiones rápidas y efectivas para incentivar el empleo y la economía se condenarán a ser recordados por tres años de pésimo recaudo y paupérrima inversión social.

Entender la afirmación anterior en un contexto donde gran parte de mi generación y las que la prosiguen demandan al Estado suplir la mayoría de las necesidades de la población, se hace imposible; sin detenerme a mencionar algo que aunque pueda parecer obvio, es frecuentemente olvidado (muchas veces de forma intencional), esto es, que el gobierno nacional, las alcaldías y las gobernaciones como cualquier empresa o familia están atadas a una relación de ingresos y gastos, en otras palabras, el Estado es como el padre de familia que obtiene un ingreso (salario) el cual debe gastar en arriendo, comida, servicios, diversión… e impuestos y todo lo demás.

Así mismo, utilizando los impuestos (como una generalización para hacer referencia a los tributos) que pagamos los ciudadanos y las empresas, el papá Estado gasta en programas de educación, vivienda, alimentación y toda clase de subsidios que exige un sector de la población, con un gran sentido paternalista, siempre con la constante de no explicar o proponer de dónde se obtendrá el ingreso (recaudo).

Si recordamos las acciones que tomó el Presidente Duque al inicio de la pandemia del COVID-19 para beneficiar a los sectores que se verían más afectados, las cuales aplaudo, en donde se atendieron principalmente las personas de menores recursos y, por supuesto los generadores de empleo (las empresas), todas iban dirigidas a aumentar los ingresos de éstas con cargo al dinero disponible (creando y aumentando subsidios) y disminuirles el gasto con cargo al recaudo (prorrogando los plazos para pago de impuestos). Es decir, por el bien de las familias colombianas, hoy el Estado tiene menos dinero y menos mecanismos para recuperar los mismos, lo cual, como ocurriría en cualquier familia se deben sacrificar otros gastos, en este caso la inversión en otros sectores y proyectos sociales.

A pesar de lo que desean ciertos sectores políticos, que incitan a los ciudadanos a exigir la continuación prolongada de la cuarentena, en la cual, el gobierno deba satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos, es sencillamente imposible; pues para hacerlo el Estado debería dejar de recaudar y aumentar el gasto, a la larga se quedaría sin dinero y no tendría como “ayudar a los ciudadanos” a garantizar estas necesidades o ninguna otra, dejando a la economía de consumo en un punto muerto, el resultado inequívocamente sería la violencia y el desorden social con el fin de garantizar el acceso a necesidades que se requieren para sobrevivir a cualquier medio (todo con tal de no morirse de hambre).

En este punto muchos deben estar pensando en dos alternativas que no he considerado y esbozado, que serían mecanismos (a mi juicio facilistas e irresponsables) para que los gobiernos locales que no son afines al presidente Duque puedan sostener su postura y al mismo tiempo lograr la inversión que requieren sus planes de desarrollo; estos son: la venta de bienes (activos en general) y la deuda (financiación). En el primer caso, sería el equivalente a que el padre vendiera la casa para celebrarle la fiesta de 15 años a la hija, lo que en temas de ciudad es, dejar sin un bien valioso a la ciudad para mostrar que la gestión de su alcaldía o gobernación fue buena; y en el segundo, es como si pidiera un crédito a 20 años para un paseo de 15 días con la familia, es decir, salvo mi imagen y la de mi período como alcalde o gobernador y que los otros se defiendan como puedan. Sin duda alguna en este punto sería necesario una veeduría juiciosa de los ciudadanos y que los diputados y concejales hagan un trabajo acorde a sus funciones (que no sean de bolsillo del gobernante), con el fin de evitar esto.

Si no se recurre por los gobiernos locales a la enajenación de activos y la financiación, solo queda incentivar el recaudo, y seamos sinceros, en una emergencia en la cual se deba decidir si mercar o pagar impuestos (aún cuando se multe por no hacerlo), primará la necesidad de asegurar las necesidades básicas, por lo que una fórmula netamente coercitiva no es viable. Por lo que se debe lograr la circulación del dinero, fortaleciendo el trabajo, para lo cual, se necesita maximizar el consumo y facilitar el acceso a los bienes y servicios. Es que no hay mejor forma de explicar esto que con la frase que leí en el Twitter de un diputado de Antioquia, al cual admiro por sus cualidades humanas, en el cual citaba al Dr. Carlos Andrés Pineda Osorio, Director Ejecutivo de FENALCO: “no hay mejor programa de asistencia social que el empleo”. 

Soy consciente que mis palabras no cambiarán la percepción de “el Estado no se quiebra” o “en Medellín siempre habrá dinero, tenemos a EPM”, pues sí, es cierto, somos afortunados al tener una gran empresa como esta que nos brinda valiosos recursos para la inversión de nuestra ciudad, sin embargo, esta situación me hizo recordar cuando en el colegio nos llevaban a las empresas a escuchar a los padres de familia sobre sus trabajos, en aquella ocasión nos hablaba el Dr. Javier Genaro Gutiérrez, para la fecha gerente general de ISA, quien nos contó una anécdota, se preparaban para atender la demanda de energía del país en un día en el cual la selección Colombia jugaba un importante partido en el mundial de fútbol, se esperaba que la gran mayoría de colombianos vieran el partido, por lo que nos preguntó: “¿qué creen que pasó con el consumo de energía?”, a lo que la mayoría contestamos: “¡se incrementó!, porque todos estaban viendo el partido”, contestándonos con una sonrisa: “nosotros también pensábamos que pasaría eso, pero cayó drásticamente por que la industria y el comercio paró para que todos lo vieran el partido”, esta pequeña anécdota puede servir para imaginarnos cómo se encuentra el sector energético en un momento en el cual gran parte de la industria y el comercio han parado y donde hay una política de no suspensión del servicio a los hogares por no pago (medida responsable del gobierno nacional y que ha llevado a algunos municipios a subsidiar con cargo a sus recursos a los estratos más bajos, aún cuando Medellín que es dueño de EPM no lo ha hecho en su territorio).

Por todo lo anterior, la medida de reactivación económica adoptada por el gobierno nacional, no podría ser más acorde y necesaria, la cual, ha realizado de forma gradual con el mayor éxito; es que tiene lógica que una vez reactivada la manufactura, se debiera reactivar el comercio, como se hizo de forma parcial el próximo 11 de mayo; sin embargo, es preocupante que algunos gobiernos locales parecieran ir en contravía del gobierno nacional, sin tomar las medidas para lograr dinamizar la economía (porque si no se vende, no se necesita producir, lo que hace que esos trabajos sobren y cause que menos familias tengan ingreso), un ejemplo puntual son los municipios del Valle de Aburrá que mantienen la restricción a la movilidad con el mismo pico y cédula, donde una persona puede salir 6 veces al mes de acuerdo con el último dígito de su cédula, medida que se entiende cuando el comercio no está operando, pero que al mantenerla sin aumentar los días de libre circulación, evita el intercambio de dinero, es decir, la reactivación económica que tanto necesita el país en este momento, e incluso se ha llegado a ordenar la restricción completa con la promulgación de toques de queda, sin entender las necesidades reales del momento de la crisis en la cual nos encontramos.

Por lo que me permito hacer esta pregunta: ¿necesita el gobierno nacional reglamentar los límites de estas medidas que van en contra de sus decisiones técnicas con miras a la reactivación económica, ya que hoy es imposible limitar el debate y las medidas a detener el avance del COVID-19, sin pensar y contrarrestar los efectos adyacentes?.

Camilo Salazar Restrepo

Abogado, Especialista en Derecho Administrativo, Magister en Gobierno (e.f) y docente universitario.