La situación actual de la política de salud pública, en especial del componente de gestión del riesgo o preventivo en el país es crítico. Esta situación del sistema ha sido creada por la aplicación fáctica de la política de salud pública en el país, donde se evidencian diferentes falencias en la ejecución de los planes de gestión del riesgo por parte de las entidades promotoras de servicios de salud (EPS), según el Informe final sobre la prestación de los servicios de las EPS elaborado por el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2016, se evidencia que solo el 11% de las personas accede a programas de prevención de la enfermedad y promoción en salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, sin embargo, dentro de estos programas solo el 2% (en el régimen contributivo) y el 1.3% (en el régimen subsidiado) corresponden a los programas de prevención en salud mental.
La debilidad en la prestación del servicio preventivo de salud por parte de las entidades promotoras de salud se entiende como una situación delicada, especialmente por parte de las instituciones encargadas de vigilar la ejecución de la política de salud pública como la Superintendencia nacional de salud y el observatorio nacional de salud mental (ONSM), desde donde se busca reforzar el componente de gestión de riesgo (componente preventivo) de la política de salud pública, especialmente en aquellas temáticas que requieren una acción focalizada sobre la prevención y la educación de la ciudadanía, como por ejemplo, alrededor de patologías específicas de la atención de las conductas suicidas, los intentos suicidas, los pensamientos suicidas y la atención de la drogadicción.
La divergencia entre la postura institucional que busca reforzar el componente preventivo de la política de salud pública y la ejecución real del sistema de gestión del riesgo por parte de las instituciones promotoras de servicios de salud, donde solo se registran los casos de suicidios consumados, momento en el cual es imposible activar los mecanismos de prevención y respuesta inmediata ante el hecho, ha creado la necesidad imperante de reforzar los procesos de prevención de la enfermedad, aumentando su financiación y su ejecución por parte de las EPS, en especial en aquellos casos en los que se puede actuar para aliviar la patología, como por ejemplo en los casos de conductas suicidas e intentos de suicidio, en los que los mecanismos de atención pueden ser activados posterior al hecho patológico.
Si miramos el contexto regional y local, en América Latina y el Caribe se han presentado históricamente tasas de suicidio inferiores al promedio mundial, en la última década se ha presentado un incremento alarmante en los casos de suicidios consumados. Según cifras oficiales de Medicina Legal entregadas en el Informe Forensis 2017 y del Observatorio Nacional de Salud Mental, en 2017 se registró un incremento de los casos de suicidio en un 11,30% con respecto al año 2016 y de 25% con relación a 2008. La tasa por 100.000 habitantes en el 2016 fue de 4.74 y en el 2017 fue de 5,72, la mayor del decenio. Fue mayor el deceso de hombres (81,49%); por cada 10 mujeres que se quitaron la vida, lo hicieron 44 hombres. Los departamentos con las tasas por 100.000 habitantes más elevadas de suicidios durante 2017 fueron, en su orden, Arauca (15,77), Vaupés (15,59), Quindío (10,65), Norte de Santander (8,30) y Putumayo (8,28).
Teniendo en cuenta estas cifras del suicidio en Colombia, es necesario apuntar que, aunque el número de muertes por suicidio representa el dato más visible dentro de las mediciones del impacto del suicidio en la salud pública, se debe considerar la ampliación del registro y atención de otras conductas suicidas que permita aumentar el número de casos atendidos de manera preventiva y permita medir de manera más precisa los impactos y las implicaciones de este fenómeno. Esta necesidad de ampliar el registro es evidenciada por el subregistro de los casos de ideación suicida, la planificación suicida y los intentos de suicidio; ya que en diversos estudios se ha mostrado que por cada suicidio registrado como consumado se presentan entre 15 y 20 intentos suicidas, los cuales quedan por fuera de los mecanismos de atención preventiva y de análisis de impacto sobre la salud pública, debido a la falta de sistemas de vigilancia y registro que tomen estos datos dentro de las mediciones sobre suicidio.
Es primordial entonces tomar medidas concretas que permitan, no solo incluir una mayor gama de casos que facilite la caracterización de la población más afectada y sus entornos sociales, sino que permita brindar una atención integral a las personas que sufren de dichas patologías, por medio de políticas públicas y acciones de la sociedad civil organizada que impacten positivamente en la condición de estas personas con un enfoque preventivo.
Ministerio de Salud y Protección Social – https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/evalacion-servicios-eps-2016.pdf
Por: Juan Esteban Pérez. Politólogo Pontificia Universidad Javeriana y consultor en políticas y gestión públicas.
