“Lo que se quiere de fondo con ambas resoluciones es prohibir actividades económicas bajo una supuesta defensa ambiental”.
El pasado 5 de febrero en Támesis, Antioquia, se realizó el evento convocado por la ministra de Agricultura Martha Carvajalino para hablar sobre las controvertidas APPA que en teoría son para proteger la producción de alimentos, pero a costa de restringir otras actividades económicas como la industria, la minería, el comercio; como si no pudiéramos desarrollar todas las actividades económicas que se han realizado en la región ni tampoco desarrollar otras que tienen potencial.
Las APPA condenan al suroeste a una sola actividad económica que además no es la principal de la subregión ni tampoco la que más empleos genera.
Allí, el gobernador de Antioquia junto con los alcaldes del suroeste antioqueño, manifestaron unánimemente su rechazo a esta medida del gobierno nacional. Rendón explicó que el 80% de los suelos del suroeste antioqueño, y basado en estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no son aptos para la producción alimentos; no en vano, es la región del Oriente antioqueño la más productiva en este campo y donde no ha habido necesidad de implementar una resolución APPA para desarrollar este sector.
Por el contrario, el Suroeste de Antioquia tiene como uno de sus principales productos el café que no es alimento, así como minería en municipios como Angelópolis, Titiribí, Amagá y que esta medida del gobierno nacional estaría restringiendo.
En el mismo evento, las ministras de Agricultura y Ambiente mencionaron que las resoluciones que van a implementar en la región, respetarán los derechos adquiridos, es decir que empresas mineras que estén operando y tengan licencia ambiental podrán seguir operando; sin embargo, la resolución que expedirá el Ministerio de Ambiente sobre reservas temporales, de acuerdo con la ministra Muhamad, y que cubrirá más de 30 mil hectáreas del suroeste, impedirá el desarrollo de la actividad minera, con el argumento de que se realicen los estudios que determinen si esta actividad económica es compatible con la región poniendo en riesgo cientos de trabajos que dependen de esta actividad.
Habrá que ver como hilan desde los ministerios de Agricultura y Ambiente estas dos resoluciones, porque si se declara un área de reserva así sea temporal, ninguna actividad económica se podrá realizar en la zona declarada incluyendo la agricultura, minería, ganadería, industria.
Lo que se quiere de fondo con ambas resoluciones es prohibir actividades económicas bajo una supuesta defensa ambiental. El desarrollo debe ser sostenible y eso incluye proteger el ambiente, pero a la vez aprovechar los recursos naturales con responsabilidad para llevar prosperidad a las comunidades. De nada sirve restringir las actividades económicas con la excusa de una defensa ambiental, si se pierden empleos y se lleva a la pobreza a las personas que gozaban de condiciones dignas y a las que no se les da opciones.
En el mismo escenario de Támesis, el alcalde de Amagá le preguntó a las ministras que qué le iba a decir a 5 mil familias mineras que iban a quedar sin empleo por culpa de estas resoluciones. Porque la resolución restringe y elimina empleos, pero no los crea.
No tiene sentido que un país como Colombia con tantas brechas sociales, haya sectores que sigan empeñados en destruir oportunidades económicas que podemos desarrollar para que la mayoría de los colombianos puedan disfrutar de mejores condiciones de vida.
*Empleado de Minera de Cobre Quebradona, mis opiniones no representan a mi empleador.
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