A pesar de estar en Cundinamarca, Bogotá como Distrito Capital siempre ha mantenido su distancia. Si bien todos los caminos en este departamento conducen a ella y sus habitantes mantienen relaciones laborales, académicas, comerciales e industriales con los municipios circunvecinos son pocas las oportunidades de colaboración. Las actividades económicas del departamento giran alrededor de lo que sucede en esta ciudad.
Con la idea de crear una “región metropolitana” se da oportunidad para que la región crezca con una visión clara, organizada e integrada, mediante el Proyecto de Acto Legislativo[1] enfocado en la cooperación e integración de los municipios circunvecinos a la capital, un cambio bienvenido cuando administración tras administración solo ha pensado de manera local.
La creación del Consejo Regional cómo máximo órgano de gobierno dentro de la región metropolitana es una decisión apropiada pero a la vez llena de posibles obstáculos. Cuando el gobierno de Bogotá está al mismo nivel que los gobiernos de otros municipios se espera que los proyectos y recursos se puedan distribuir de manera equitativa; pero que impide que Bogotá no jale para su lado. ¿Quién controla a este elefante de concreto y evita que la política de la ciudad termine afectando la política departamental?. Lo que ocurre en Bogotá afecta de una manera u otra lo que sucede en el departamento y hace esencial un modelo de trabajo que articule la visión de todos.
Dejar que la aprobación de la integración de Bogotá y del Departamento esté en manos del Concejo Distrital y de la Asamblea Departamental permite que haya consenso dentro de las corporaciones sobre los temas que se tratarán en la región metropolitana. Dejando a voluntad de los municipios el querer o no integrarse respetando su autonomía. Además, no habrá un municipio núcleo, es decir que ningún municipio podrá imponer su voluntad sobre los demás; ninguna gobernación va a estar por encima de otra y parte del éxito de este proyecto va a ser que se logre trabajar en conjunto.
Con la formulación de la Ley Orgánica, que además reglamenta el Consejo Regional, se darán a conocer las condiciones para la conformación y puesta en marcha de la región metropolitana. En esta se busca garantizar un mecanismo de participación ciudadana en el que se defina cómo será el ingreso de los municipios. Sin embargo, lograr que los gobiernos locales trabajen en conjunto es el menor reto. Si el proyecto funciona se tendría un modelo replicable que involucra la participación ciudadana en la toma de decisiones. Una región que no ha tenido una voz ciudadana ahora tiene una opción para crear sus propias oportunidades.
Dentro del proyecto se incluye no modificar el régimen de financiación y jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) o de la RAP-E[2] es decir, se mantienen las funciones propias de cada una impidiendo que la región metropolitana interfiera en ellas. Algo a destacar es que estas corporaciones mantienen su independencia; por lo tanto los proyectos que estén bajo su responsabilidad se mantendrán separados de los proyectos de la región metropolitana.
Una de las ventajas de este nuevo modelo de integración es darle poder a los consejos municipales como entes de control político sobre las decisiones tomadas por el Consejo Regional, la ciudadanía podrá participar de manera activa en el desarrollo de los proyectos y verificar que se cumplan, ejerciendo mayor presión a aquellos problemas que los afecta en común para que se generen soluciones con impacto regional.
Al ser un sistema de integración entre los municipios aledaños y la capital, abre oportunidades a las zonas industriales de recibir incentivos para mejorar y contribuir con la productividad de la región, la cual aporta cerca del 30 % del PIB nacional, aglutinando el mayor mercado de trabajo de la nación y el 34 % de las empresas del país. Esta es la promesa de este proyecto, convertir a la región metropolitana en el centro económico, social, cultural y de integración del país, buscando el progreso de los municipios que se asocien.
[1] Norma expedida por el Congreso cuyo objetivo es reformar, adicionar o derogar un artículo o parte de él en la Constitución Política de Colombia.
[2] Región Administrativa y de Planeación Especial integrada por Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.
Comentar