Opinión

Reforma policial ya

“La falta de preparación y capacitación de la policía para enfrentar y controlar las manifestaciones y desórdenes públicos, ponen en evidencia la carencia y ausencia de profesionalización de la policía”


La constitución política de Colombia de 1991, en su artículo 2, dice en su segunda parte, que “las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimientos de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. En ninguna parte de la constitución dice que el Estado deba cuidar solo de los bienes de una parte de la sociedad, de unos políticos de x o y afiliación o ideología política, de unos ciudadanos con ciertos beneficios y privilegios económicos, de los ciudadanos más ricos y pudientes, o de los ciudadanos amigos de cierto político, o de los ciudadanos que se autodenominan “personas de bien” y tienen armas y fusiles en sus casas, sino que fue específica la constitución al decir que deben proteger a todas las personas residentes de Colombia. La fuerza pública, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, son de la nación, no de un partido político, ni de una ideología política. A este tipo de Estado, se le llama un Estado social de derecho, pero en cambio, cuando el Estado mata a civiles, ciudadanos, entre ellos a niños, niñas, jóvenes, esto se llama terrorismo de Estado y es un crimen contra la humanidad.

En la pasada entrega a este mismo medio, hablé de cómo la historia violenta de la policía colombiana se repetía constantemente durante la historia de Colombia. La policía siempre ha sido usada como instrumento útil a todos los gobiernos dictatoriales y autoritarios que ha presidido Colombia. Los dictadores colombianos siempre se han escudado en la policía, dándoles la orden de disparar contra quienes levantan su voz en forma de protesta para exigir cambios básicos, garantías de vida y derechos fundamentales. El aprovechamiento de estos politiqueros de turno, han llevado al policía o al soldado joven y pobre, a enfrentarse en una guerra ajena con otro joven pobre, en el papel de ciudadano, violando de esta forma, en repetidas y ya cotidianas ocasiones, la constitución política de Colombia. Son jóvenes policías y soldados, los que en las calles se enfrentan en ocasiones a muerte, contra una juventud de civiles, una ciudadanía desarmada. La estrategia que han usado los gobiernos colombianos para perpetuar esta guerra, es lavarles el cerebro en la universidad y la academia militar a los jóvenes que se están formando como servidores públicos, convenciéndolos de que en Colombia, en los pueblos, en las ciudades y sus barrios populares hay un enemigo interno, y que ese enemigo interno es el joven consumidor de droga, o el joven que se manifiesta en una marcha por las calles exigiendo el cumplimiento de algún derecho fundamental, convirtiendo las manifestaciones pacíficas, culturales, artísticas y musicales en campos de guerra, olvidando que la manifestación ciudadana es un derecho universal; y mientras a estos jóvenes policías y militares los convencen de que el enemigo a perseguir es el joven consumidor de drogas en los barrios populares, porque según ellos, el delito mayor y más grave es el consumo de drogas, y perseguir a estos jóvenes hace parte de la falsa guerra contra las drogas, mientras que ellos, los politiqueros que impulsan esta falsa idea, se abrazan y se toman fotos con los narcotraficantes que financia sus campañas políticas. 

Esto es lo primero que se debe deshacer para que una reforma policial sea posible; esa idea del enemigo interno, debe desaparecer. La competencia y la lucha contra las drogas, no puede seguir en manos del ministerio de defensa. No se puede seguir pensando que el joven consumidor de drogas es el enemigo a derrotar, sino que el consumidor debe ser visto, como una víctima más de los clanes narcotraficantes. Por lo tanto, la lucha contra las drogas, debe pasar a la cartera del ministerio de salud, para que esto sea tratado como un problema de salud pública, y así el Estado le pueda facilitar al consumidor un tratamiento médico para controlar o superar su adicción. No se puede considerar más que esta nación, esta sociedad, se divide entre amigos y enemigos, no es verdad que exista un enemigo interno. Es indispensable comprender de una vez por todas, que todos somos hijos de un mismo pueblo, de una misma sangre, de una misma república. Los políticos que insisten en su vocabulario de guerra, incitando a exterminar a quienes no tengan su misma forma de pensar o de discernir las cosas, deben ser castigados con el olvido electoral; esos políticos llenos de odio y rencor, son los que no han permitido que Colombia alcance la tan anhelada paz que siempre ha añorado.  

Lo que estamos viviendo hoy es la quiebra ética del Estado colombiano, así como en años anteriores ya habíamos presenciado una quiebra similar con la ejecución ilegal de 6.402 jóvenes por parte de una política pública que propició que el ejército terminara involucrado en el peor caso de genocidio en la historia contemporánea de América. Esta quiebra ética del Estado, implica también que las actuaciones violentas y asesinas de la policía han quebrado a esta institución, causando que la ciudadanía pierda el respeto y la confianza depositados en esta institución. Es por eso que hoy, la policía es incapaz de poner orden en una pelea o altercado callejero entre ciudadanos, porque perdieron su credibilidad y con ella su legitimidad; la perdieron porque dejaron de cumplir sus deberes constitucionales, para ponerse al servicio de un régimen dictatorial que ordenó asesinar a personas desarmadas y manifestantes pacíficos. Este hecho los convierte de funcionarios públicos en asesinos. Las manifestaciones y las protestas sociales, son derechos fundamentales y universales en cualquier democracia, pero la policía y el ejército colombiano, por orden del gobierno dictatorial de Iván Duque, han hecho de las manifestaciones sociales, un campo de batalla.

La falta de preparación y capacitación de la policía para enfrentar y controlar las manifestaciones y desórdenes públicos, ponen en evidencia la carencia y ausencia de profesionalización de la policía. Los abusos y excesos de fuerza de la policía nacional hoy son evidentes y se hacen virales ante millones de espectadores no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Para nadie hoy es un secreto, que la policía nacional viola todos los reglamentos del derecho internacional humanitario. Su fuerza desmedida convierte la mayoría de veces una protesta pacífica en una guerra militar, con la aclaración, por supuesto, que mientras la policía está armada con escudos, armas de largo alcance, fusiles, bombas aturdidoras y tanquetas gigantescas, los manifestantes ante la violencia policial responden con palos y piedras. Se les olvida a los miembros de la fuerza pública, que la constitución nacional, les prohíbe disparar contra una población o manifestantes desarmados. Es por esto, que una verdadera reforma policial, debe incluir el aumento del presupuesto nacional en este sector, pero no para comprar más insumos de guerra ni armamento militar, sino para invertir en la educación y la formación técnica, tecnológica y profesional de los integrantes de la policía nacional; que el joven bachiller, tenga también la oportunidad de ingresar a una institución de educación superior, y que el Estado sea el que le pague sus estudios como remuneración a sus servicios prestados. En  cuanto a los temas de servicio de policía, gestión humana, transparencia e integridad, y la formación en derechos humanos, es indispensable y urgente, que el Estado haga una inversión grande para inculcar en los miembros de la fuerza pública estos conocimientos básicos para mantener la estabilidad de la democracia, y para garantizar el derecho constitucional a la protesta y la manifestación ciudadana. Si el Estado le brinda todo esto a los policías, ellos no van a salir a matar a la gente en las calles. Si se logra primero esto, como resultado veremos que la ciudadanía gradualmente irá recuperando la confianza hoy perdida en esta institución, y posteriormente, también como resultado de esto veremos que desaparecerá de las calles y de las manifestaciones, el irrespeto que hoy se ha vuelto cotidiano hacia los miembros de la Policía Nacional; si la policía está en defensa real de la ciudadanía, como se lo ordena la constitución, desaparecerán las agresiones y ataques violentos a los uniformados, el lanzamientos de cualquier elemento contundente, las agresiones verbales, y demás factores que en ocasiones hoy generan su reacción violenta. Este punto también generará la redignificación de la policía nacional como institución del Estado. 

También es cierto, que la violencia y la delincuencia común son un problema que por su magnitud, se les salió de las manos a la policía hace mucho tiempo; este no es el tema en esta ocasión, pero es menester aclarar que los gobiernos de Colombia, les han dejado esta responsabilidad a la fuerza pública en su totalidad, cuando es deber del Estado y los gobiernos de turno, brindar educación y programas de inclusión e integración social a la población de escasos recursos, para combatir la delincuencia común.

En una columna publicada por este medio hace algunos meses, propuse que las cárceles fueran convertidas en verdaderos centros de transformación social, donde las personas que ingresen allí, que entran como delincuentes, salgan con cierta formación artística, cultural y laboral, que les permita repensar su forma de actuar y de pensar, aportando para bien a la sociedad; y viéndolo de un modo preventivo, la inclusión social debe llegar a estos jóvenes antes de que caigan en las trampas de la delincuencia común. De este modo, reduciríamos en gran parte este problema, y aliviaríamos un poco las cargas de la policía.

En cuanto al tema de la corrupción institucional que hay en la policía, se debe exterminar la idea de que para que un agente de dicha institución llegue a un cargo alto, debe ser patrocinado por los clanes politiqueros corruptos, o que debe el joven que quiera llegar a un cargo alto dentro de la institución, venir de una familia adinerada que le pueda pagar millonarias sumas de dinero en una escuela de cadetes. Es el mismo Estado el que le debe facilitar a toda persona ascender a los cargos de inspector, mayor y general sin ninguna discriminación, y sin importar si viene de una familia pudiente o no, sin importar el género, el origen o las creencias de esa persona. Para la dignificación de las personas integrantes de la policía nacional, es menester replantear sus salarios, sobre todo los de las personas de cargos bajos. Hoy y siempre, ha sido común que cualquier ciudadano infractor de la ley, soborne con pequeñas o medianas sumas de dinero  a un agente de policía para evitar que este lo amoneste con un comparendo, y aún más fácil es para los grandes y pequeños narcotraficantes de drogas que operan en  los barrios populares de las grandes ciudades de Colombia, sobornar y comprar a los policías, para que los dejen seguir con sus actos delincuenciales. Todo esto, la facilidad de soborno a un agente policial, se debe a los bajos salarios esclavizantes a los que los tienen sometidos los gobernantes de este país. Re dignificar y reformar a la policía nacional, es replantear su remuneración económica conforme a sus funciones y riesgos profesionales, es valorar no solo con palabrerías y discursos baratos su trabajo, sino garantizarles una mejor calidad de vida.

Para cerrar la brecha enorme que se ha abierto entre la ciudadanía y la policía nacional, yo propondría fortalecer y promover el crecimiento de los grupos de convivencia social y de gestores de paz, para que estos sirvan como puente de conversación entre la institución y la ciudadanía, y sobre todo los manifestantes. Es necesaria la creación de un centro de pensamiento para entender el comportamiento ciudadano, en el desarrollo de la protesta social.

Estas son solo algunas propuestas que considero que deben ser incluidas en la reforma que se debe hacer de manera urgente en la Policía Nacional, para así garantizar los derechos y deberes que nos corresponde asumir como miembros de la sociedad colombiana a cada uno de nosotros.

Esto fue escrito por

Leonardo Sierra

Soy bogotano, me gusta leer, amante del arte, la literatura, y la música. creo en el cambio, así que propongo cambios para esta sociedad colombiana en la que vivo, creo en la paz, la reconciliación y el perdón. respeto y defiendo toda clase de libertad y expresión.

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