“una reforma pensional debe corregir las injusticias del sistema actual y mejorar la eficiencia y capacidad administrativa de Colpensiones. Obligar a todos los trabajadores formales a afiliarse a las AFPs sin opción de cambiar al RPM y redirigir los subsidios para beneficiar a quienes no tengan acceso a una pensión formal, es una solución efectiva y justa para garantizar un sistema de ahorros pensionales sostenible y equitativo”
Considero que la Ley 100 de 1993 ha sido una respuesta válida y efectiva para garantizar que todos los asalariados puedan recibir algún ingreso cuando tengan poca capacidad para seguir trabajando. Con la creación e implantación de los fondos privados de pensiones, se logró que 18,3 millones de afiliados cumplan con los requisitos para recibir pensiones, en la práctica, de entre el 30 y 50% del salario devengado durante los últimos años.
Sin embargo, los objetivos de la Ley 100 no se cumplieron a cabalidad. El llamado Régimen de Prima Media (RPM) nunca desapareció y continuó entregando pensiones mucho más altas que las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP), gracias a gigantescos subsidios del erario público. Peor aún, se permitió el traslado de los afiliados de las AFP al RPM para aprovecharse descaradamente de estos desproporcionados subsidios.
Es evidente que los 10-15 billones de pesos anuales de subsidio que proporciona Colpensiones están dirigidos en un 80% a las 250 mil pensiones más altas, con subsidios per cápita de entre 20 y 180 millones de pesos anuales. Esta escandalosa injusticia es lo primero que una reforma pensional debe corregir, obligando a todos los trabajadores formales a afiliarse a las AFP sin opción de cambiar al RPM y redirigiendo los subsidios para beneficiar a quienes no tengan acceso a una pensión.
El segundo elemento para una reforma es mejorar la eficiencia y capacidad administrativa de Colpensiones, concentrándose solo en atender el segmento de la población que no tiene acceso a una pensión formal. Actualmente, la entidad tiene 6,8 millones de afiliados y 1,57 millones de pensionados, y sus costos de funcionamiento son tan onerosos que más de la mitad del presupuesto de Colpensiones viene de la nación.
La burocracia de la entidad consume los recursos que deberían ser destinados a pagar pensiones. Es necesario que Colpensiones mejore en su eficiencia y capacidad administrativa para cumplir su labor satisfactoriamente.
El galimatías presentado por el gobierno al Congreso contamina lo que funciona con lo que no funciona. Busca premiar la ineficiencia e ineficacia de Colpensiones entregándole recursos para malgastar, los cuales no se destinarán a incrementar el ahorro pensional. Busca castigar la buena administración de las AFP y obligar a las empresas y afiliados a duplicar sus trámites para el pago de sus contribuciones y la obtención de sus mesadas.
Así las cosas, una reforma pensional debe corregir las injusticias del sistema actual y mejorar la eficiencia y capacidad administrativa de Colpensiones. Obligar a todos los trabajadores formales a afiliarse a las AFP sin opción de cambiar al RPM y redirigir los subsidios para beneficiar a quienes no tengan acceso a una pensión formal, es una solución efectiva y justa para garantizar un sistema de ahorros pensionales sostenible y equitativo.
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