“Si se sabía o si era posible saber… que había menores de edad reclutados…Si no se sabía, por qué no se sabía y si es que era inevitable saberlo… Si se sabía, qué previsiones se tomaron”. Esta fue la respuesta del procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, sobre lo que buscan establecer las investigaciones por bombardeos con muerte de menores, aunque más parece un juego bizantino de palabras.
Es la discusión de moda, con los medios atizando emociones frente a la “incoherencia” de Petro, que hoy defiende lo que ayer condenaba, cuando acompañó la moción de censura contra el exministro Botero, promovida por el camaleónico Roy.
En la mitad, el “centro movedizo”, pasmado ante un viraje en la política de seguridad de Petro que no sabe si rechazar o defender, sin parecer incoherente ni arriesgar sus cálculos electorales.
No ayuda la Defensoría del Pueblo, arguyendo que la presencia de menores “con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, mientras condena el reclutamiento forzado que, entre 2024 y lo corrido de 2025, suma más de 740 menores convertidos en combatientes. Es la posición ambivalente de las ONG que rechazan los bombardeos y defienden la prioritaria protección de la niñez, mientras exigen respeto al DIH y el fin del reclutamiento forzado. ¿A quién se lo exigen…, acaso a Mordisco?
Para el DIH, “Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados…”, rango de edad compartido por la Corte Penal Internacional, que tipifica el reclutamiento como crimen de guerra.
La Convención sobre los Derechos del Niño (1990) definió la niñez hasta los 18 años, aunque dejó la posibilidad a las Fuerzas Armadas de reclutar menores entre 15 y 18, pero lo prohibió a grupos que no pertenezcan a las fuerzas armadas de un Estado.
En Colombia, por ley se es niño entre 0 y 12 años y adolescente entre 12 y 18, y el Código Penal tipifica como delito el reclutamiento de menores de 18 años.
Fin de la discusión. El mismo procurador Osuna, a pesar de su galimatías inicial, lo dejó claro: “Los niños reclutados siguen siendo niños, pero también son combatientes. Y si se trata de un combate militar, se les aplica el régimen de los combatientes”.
Desde la Operación Berlín (2010-2011), cuando las Farc pretendían cruzar el país con un ejército de niños que fue interceptado y, según medicina legal, murieron 28, aunque más de 70 para las narrativas de la izquierda, como señala María Fernanda Cabal en uno de sus ensayos, “la izquierda abrió un juicio moral contra el Ejército, pero se le olvidó abrir un juicio moral contra quienes utilizaron a menores como escudos humanos para evitar la acción legítima de la Fuerza Pública”.
No es una discusión nueva ni bizantina, sino interesada para deslegitimar y atar las manos de quienes deben defendernos porque la Constitución no solo lo autoriza…, lo ordena. Y punto.
Comentar