Ramos y los testigos falsos de la corte

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Han pasado dos años y siete meses desde que Luis Alfredo Ramos fue privado de su libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia. La razón que llevó a esta irregularidad tuvo como fundamento los testimonios de Carlos Enrique Areiza, Pablo Hernán Sierra alias “Alberto Guerrero” y Andrés Vélez. De los testimonios entregados a la Corte por los mencionados criminales, dos de ellos han sido desvirtuados y el otro ha cambiado su versión de los hechos 10 veces, lo cual no parece importarle a la Corte puesto que sigue siendo mas importante mantener encerrado a Luis Alfredo Ramos, sin pruebas en su contra, que admitir que desde el primer momento se viene cometiendo una injusticia y violación a los derechos de un posible candidato presidencial para las pasadas elecciones de 2014.

Si bien la captura se llevó a cabo el 28 de agosto de 2013, tan solo unos días después de que Luis Alfredo anunciara su precandidatura para las elecciones presidenciales, el proceso en su contra viene fraguándose desde comienzos del año 2012, cuando comenzaron a prepararse las declaraciones de los criminales y se comenzó a montar toda una plataforma que sustentaría el supuesto vinculo de Luis Alfredo Ramos con grupos paramilitares. El problema de este caso es que la calidad de los testigos y sus respectivas declaraciones demuestran que existen anomalías procesales que dan cuenta de que todo este proceso no es mas que una injusticia que tiene como base algo que se ha vuelto fundamental para mantener callados y encerrados a los principales opositores que representan una amenaza al actual Gobierno y sus políticas: los falsos testigos. Incluso, cabe resaltar que todos los supuestos testigos que dieron sus declaraciones buscaron obtener rebajas en sus respectivas condenas.

Como mencioné anteriormente, la Corte ordenó la captura de Ramos con base en los testimonios de tres testigos. El primero de estos, Andrés de Jesús Vélez, condenado por estafa, lavado de activos y falso testimonio, quien luego de haber pedido rebaja a su actual condena para hablar de supuestos dineros provenientes del paramilitarismo para la campaña de Luis Alfredo Ramos, desvirtúa por completo su testimonio cuando admite ante la Corte no haber conocido a Ramos, ni saber si se le había dado plata a la campaña, dijo que lo único que hizo fue dar un mensaje a un empresario en Bogotá de parte del Bloque Centauros de las AUC. El segundo testigo es Carlos Enrique Areiza, quien actualmente está condenado por extorsión agravada y fraude procesal, y tiene diversos procesos en su contra por múltiples delitos, entre los cuales se encuentran extorsión, estafa y falso testimonio, tanto así que incluso es conocido por la Fiscalía como “traficante de información con fines económicos”. En días pasados, este delincuente admitió en el programa Los Informantes haber mentido en su testimonio contra Luis Alfredo Ramos, presionado por Alberto Guerrero y en virtud de beneficios que se le habían ofrecido en sus condiciones carcelarias por declarar en su contra. El ultimo de los testigos, alias Alberto Guerrero, con cuyo testimonio inicia el proceso, dijo a la Corte en su primera declaración que conocía a Luis Alfredo Ramos desde antes y mencionó haber estado presente en una reunión entre Ramos y Báez, que tuvo lugar en Bello, Antioquia. Inclusive, dijo que en dicha reunión se llegó a un acuerdo sobre el tema de justicia y paz para favorecer al grupo paramilitar. El problema con este primer testigo radica en que en declaraciones posteriores admitió nunca haberse relacionado con políticos antioqueños y cambió su declaración diciendo que en realidad no estuvo presente en la reunión de Bello, esto sin mencionar otras tantas contradicciones que presentó en las declaraciones. Además, es importante resaltar que este testigo no se acogió oportunamente a la ley de Justicia y Paz, por lo que actualmente busca beneficios que lo ayuden a rebajar su condena de 300 a 8 años.

Es importante recordar que los hechos que dieron lugar a que se le acusara a Luis Alfredo Ramos por vínculos con paramilitares surgen a raíz de una reunión que se realizó en Bello, Antioquia, en el 2004, a la que Luis Alfredo Ramos asistió en su calidad de senador para escuchar las dudas del entonces vocero de las AUC, alias Ernesto Báez, sobre el proceso de desmovilización. Para aquel entonces, Ernesto Báez contaba con legitimación expresa del Gobierno y la Fiscalía para movilizarse por el País con el propósito de socializar el proceso, tanto así, que el 28 de julio de 2004 Báez asistió al Congreso en presencia de senadores, representantes a la cámara, representantes de países europeos y la OEA. De esta manera, cumpliendo con sus deberes constitucionales como senador, la reunión a la que asistió Ramos en 2004 se limitó a escuchar a Báez y nunca se llegó a ningún acuerdo de ningún tipo entre los asistentes a la reunión, como quisieron hacerlo ver los testigos, sino que constituyó una simple reunión entre personas legitimadas por el Gobierno para hablar sobre un proceso de desmovilización tal y como ocurre con las negociaciones de la Habana.

De lo anterior se vislumbran ciertas irregularidades en la forma como la Corte Suprema de Justicia ha llevado este proceso, no solo porque parece omitir que los testimonios que soportan el proceso en contra de Ramos son bastante débiles y contradictorios, sino porque incluso decidió no llamar a declarar en audiencias, ni tener en cuenta los testimonios de alias Ernesto Báez en los que afirmaba que en la reunión que tuvo con Luis Alfredo Ramos en Bello nunca se llegó a pactos o acuerdos de algún tipo y que después de ese día nunca volvió a verlo. Por otro lado, a la fecha de hoy, la Corte tampoco ha querido decretar unos testigos que fueron solicitados por la defensa de Luis Alfredo Ramos en febrero de 2015 y ratificados en febrero de 2016, ni dar las fechas para la siguiente audiencia del proceso. Por ultimo, es importante mencionar que la Procuraduría ha solicitado a la Corte la libertad de Luis Alfredo Ramos en dos ocasiones, argumentando que el tiempo que lleva detenido es excesivo, que no presenta un peligro para la sociedad y que no hay posibilidad de manipular testigos en tanto los testigos que faltan por declarar son los de la defensa. A estas solicitudes se niega la Corte, en el mes de diciembre, argumentando que dos años y cuatro meses no constituye un tiempo prudente para tener detenida a una persona, que el expediente que tienen que estudiar para este caso es muy extenso y que faltaban unos testigos por declarar, de quienes la Corte tomó sus respectivas declaraciones en el mes de febrero.

Un proceso con tantas anomalías como lo es el de Luis Alfredo Ramos lleva a preguntarse: ¿Por qué en los medios se ignora una de las detenciones mas arbitrarias que ha cometido este Gobierno? No es posible que la Corte esté empeñada en mantener detenido a Ramos con base en falsos testigos, ignorando que una detención preventiva de mas de un año es absolutamente excesiva en todos los países, incluyendo a Colombia, donde el 6 de julio del presente año entra en vigencia una ley que prohíbe prolongar este tipo de detenciones por un tiempo superior a este. Por otro lado, argumentar que el expediente es muy extenso es una completa falta de diligencia y cumplimiento de sus deberes como Corte Suprema de Justicia.  Además,  fue la misma Corte la primera en filtrar a los medios información sobre el caso de Ramos y no olvidemos que es la única encargada de investigar, acusar y fallar este caso en única instancia, violando de esta manera los derechos de Luis Alfredo Ramos.

Por: Isabella Osorio Restrepo

 

 

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