“Cada día que pasa la izquierda pierde la escasa credibilidad que conquistó camino a las elecciones de 2022. Estrategia delineada con los primera línea, y aquellos actos conexos a las milicias urbanas, se diluye ante las manifestaciones populares, libres y espontáneas, que atomizan el ego de Gustavo Francisco Petro Urrego.”
Claro es que Gustavo Francisco Petro Urrego jamás pensó y dimensionó lo que sería gobernar, complejo es mandar para quien siempre estuvo acostumbrado a obedecer. Acción de protesta pacífica que tuvo el país, este 6 de marzo, denota que atrás quedaron la incineración de CAI y buses, la vulneración de bienes públicos y privados, o el amedrantamiento al ciudadano en vía pública. Manipulación que se gestó, desde la izquierda, sobre la gente, exaltó una táctica de desinformación que ahora se materializa con las fallidas reformas del gobierno del cambio. Sesgo socialista que se esparce sobre Colombia teje el miedo que cada vez invade con mayor fuerza el entramado social. Camino al abismo que transita Colombia es la consecuencia de no poner un freno a tiempo a quien está obsesionado con el poder y ahora busca reelegirse, pese a que se raja en su gestión y es incapaz de sacudirse para reconocer su error y corregir el camino a seguir.
Delirio de persecución, que atormenta a Gustavo Francisco Petro Urrego, es el que llama a encontrar culpas en los otros, denunciar supuestos fraudes, y exaltar suspicacias de indelicadezas con el erario lejos del progresismo socialista. Rumbo perdido, que envolató el norte, tiene un solo responsable, su presidente. Es él quien maneja el aparato estatal como si se tratara de una tienda. Nombramiento de gente sin experiencia, ni conocimientos técnicos, se corresponde con la urgente necesidad de un personaje que poco y nada sabe de administración y teme que quede en evidencia su ignorancia. El populismo que acompaña a su mandatario fue una experiencia omnipresente que logró atraer a aquellos defraudados por la democracia y sus limitaciones, esos que ahora se sienten traicionados al ver la revelación de la verdadera cara, e intenciones, de aquel en quien confiaron.
Maltrecha credibilidad, e imagen favorable, que acompaña a su presidente en las últimas encuestas de percepción, es la muestra palpable de que el ciudadano empieza a ver en Gustavo Francisco Petro Urrego a un traidor. Pérdida de músculo político y social deja entrever que el incendiar el país con marchas, que paralizaron el aparato productivo, el convocar con dádivas a los cabildos indígenas, presionar a los estudiantes, o encontrar el respaldo de los empleados públicos, con amenazas, fue el gran error de una apuesta política que no sabe qué hacer con el poder. Promesa de cambio que llegó a transgredir la línea ética quedó en ridículo al mostrar que, es más, o quizás peor, de lo mismo. Ilusión de extrapolar a Colombia el modelo cubano, venezolano o argentino, poco a poco se diluye frente a una sociedad que no es inútil, improductiva, e ignara, colectivo que tiene claro que quienes dependen de las limosnas del estado, en el mediano y largo plazo, están condenados al fracaso.
Colombia cometió un error en las urnas en junio de 2022, pero no está dispuesta a permitir que quien tiene anhelos de dictadura se pueda perpetuar en el poder. El país se hunde en la extorsión, la inseguridad y el caos, lo que está pasando al interior del gobierno lleva a la nación al precipicio que tanto se anunció. Mitomanía, de Gustavo Francisco Petro Urrego, es el diario vivir de un séquito de aduladores que se tatuaron en el corazón una ideología socialista que está presente y solo puede ser soportada con amañados procesos de paz. Entregarles la nación a los bandidos, ahora vistos como gestores de convivencia, demanda una profunda reflexión sobre lo que representa, y significa, que quienes ejercieron el secuestro, extorsionaron, reclutaron niños, expropiaron tierras a la fuerza, entre otros factores, sean ahora prototipo de moral, honor y lealtad al pueblo.
Triste es ver que en Colombia se está normalizando la violencia, la tortura y el vandalismo por reivindicar unos derechos ancestrales encarnados en la izquierda progresista congregada en el Pacto Histórico. Presión que se ejerce desde el gobierno a la Corte Suprema de Justicia antes que garantizar los derechos humanos de la población abre paso a la impunidad y la corrupción. Lo anómalo en la administración Petro Urrego tiene nombre y apellido, por eso la celeridad que se tiene para crear cargos, y hacer nombramientos, para mantener lejos y callado a quien sabe mucho o tiene algo que contar. Serias incógnitas dejan quienes llegan a ocupar puestos públicos, escenario que debería llenar de orgullo, y responden con actos que solo generan vergüenza. Corruptelas que se meten a la brava debajo del tapete tienen un solo propósito, aprobar las reformas lesivas que pretenden mantener en el poder una visión de país que derrocha subsidios y perdona delitos de lesa humanidad.
Radicalización que se empieza a desprender del discurso y la acción de su mandatario enciende las alarmas frente a la intensión que se tiene de llenar a Colombia de colectivos paramilitares, aquello que Antonio García, del ELN, dice tener «palabreado» y se venderá como frentes de seguridad rurales. Ruptura de la seguridad democrática denota que el sentir del pueblo es real, su voz es ignorada y pisoteada por aquellos que prometieron representarlo. Gustavo Francisco Petro Urrego olvidó que su poder proviene del pueblo, y con ello está traicionando la razón misma de la democracia. Despilfarro que se ejecuta desde la izquierda lleva a ver cómo los recursos que podrían ser destinados a proyectos de infraestructura, y servicios básicos, son desviados hacia contratos dudosos, como los vistos en los últimos días en la Guajira.
Lo que hoy se vive en Colombia es el resultado de estar regido por quien tiene los valores invertidos, persona que solo piensa en su postura arrogante y querer ganarle a la oposición, antes que trabajar por quienes prometió ayudar en campaña, las clases populares. El país está enfrascado entre las amenazas de su presidente y las reacciones que se proponen desde la oposición, polarización extrema que muestra niveles de sesgo e irracionalidad. Problema complejo que lleva a una diatriba entre no aprender de la historia nacional y continuar la ruta que conduce a revivir y revictimizar la violencia. No se puede seguir incorporando elementos a ese ADN de conflicto y enfrentamiento propio de una sociedad como la colombiana. Es hora de controlar el tonito, y concertar esfuerzos en propuestas que desde las diferencias construya una sociedad que saque a flote las riquezas de un país como Colombia.
Más que difamar, pretender borrar la memoria de los colombianos, y sustentar las mentiras de quien anhela tapar el sol con un dedo para convencer al ciudadano de lo innegable, es momento de fijar una postura consecuente frente a un gobierno auspiciador de la violencia. Es necesario reconocer las limitantes del escenario, desmarcarse de los intereses progresistas para concertar e implementar medidas que saquen a Colombia del caos en el que se encuentra sumida. La representación y visibilidad de la masa popular está en manos de un colectivo político que está llamado a dejar las imposiciones y ser parte de una conversación nacional distante de la desestabilización democrática. La radicalización del discurso, y las acciones de Gustavo Francisco Petro Urrego, aumenta las discrepancias e impide ponerse en actitud y trabajar por un país que no se puede paralizar al vaivén y ansias de poder de su mandatario. La miopía, cofosis e intransigencia de una ideología recalcitrante de izquierda no puede seguir negando lo evidente. Colombia no puede caer en las macabras intenciones de cabecillas fracasados, la democracia y la institucionalidad deben ser el estandarte de la construcción de un país equitativo y una sociedad justa.
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