Después de 23 meses de revisar y analizar el estudio de impacto ambiental del proyecto Quebradona, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, conceptuó que el trámite debe archivarse.
El documento fue construido con estudios, datos e informes de Minera de Cobre Quebradona y de decenas de empresas, todos elaborados por profesionales nacionales y extranjeros idóneos y con experiencia técnica y práctica. A su vez, estas empresas y los profesionales cuentan en sus currículos con aprobación de otros trámites de licenciamiento ambiental, tanto en el país, como en el extranjero.
Los estudios ambientales tienen unos lineamientos técnicos generales y particulares, sumado, en este caso, a que lo presentado es robusto y suficiente, lo cual debió permitir emitir el concepto de aprobación o cancelación del trámite. Pero, la normativa mantiene la puerta abierta para que jurídica, social o políticamente, se use la figura de que no hay suficiente información para conceptuar, llevando en este caso al archivo del trámite, amparados en que ”no es posible emitir una decisión de fondo sobre la solicitud de licencia”. Esta decisión se respeta, se acata, pero técnica y profesionalmente no se digiere.
Una autoridad, además de su legitimidad y potestad debe, con su prestigio y crédito, amparado en su calidad y competencia, emitir conceptos definitivos. Para ello, se debe ser docto (en estudios y experiencia), para que con autoridad se califique si algo está bien o mal.
Ya la ANLA actuó de forma semejante ante trámite de MINESA en Santander, ahora hace lo mismo en Jericó y el mensaje enviado a la sociedad en general, a inversionistas, a empresas, a profesionales, a consultores, a comunidades y a opositores, es de una gravedad que difícilmente podrá amortiguarse en el futuro cercano. La gravedad consiste en que nuestra autoridad de licencias ambientales, al parecer, jamás podrá tener suficientes datos, estudios, conceptos y reportes, que le permitan emitir, con autoridad, si se aprueba o reprueba, pero ”elegantemente” sí puede archivar un producto fruto de años de trabajo profesional.
Coloquialmente, esto significa que el estudio no está ni bueno, ni malo, sino todo lo contrario, lo que, mirado con otra lupa, transmite el mensaje de que el evaluador no tiene la capacidad técnica para negar o aprobar y por ello archiva.
Ahora bien, si la autoridad no tiene capacidad de aprobar o reprobar, difícilmente, el estado colombiano, con los actuales evaluadores, podrá hacerlo en el transcurso de este año o en el 2022. Como profesional y ciudadano que apoya y promueve el desarrollo sostenible y responsable de Colombia, opinó que lo más recomendable es que las empresas no presenten trámites de licenciamiento, hasta que este asunto sea subsanado.
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