La raíz del problema evoca el típico ejemplo de captura del Estado: intereses privados con políticos en su bolsillo que legislan y gobiernan para su propio beneficio. En Segovia en particular, esta realidad se suma a una equivocada respuesta represiva por parte del Gobierno Nacional que ha desembocado en una profundización del conflicto con graves consecuencias humanitarias.
Por siglos los grandes dueños de las minas han convivido con pequeños mineros artesanales. La razón es que las minas en su mayoría están conformadas por una gran beta central acompañada por pequeñas betas alrededor que si bien solo representan entre el 2% y el 8% del total de la mina, han sido el sustento de millones de familias rurales en Colombia (en el caso de Segovia unas 42,000 personas). En general, el dueño de la mina explota la beta central con maquinaria pesada y sobre el territorio de betas pequeñas negocia con los mineros ancestrales un arrendamiento de varios años pagaderos en cuotas mensuales iguales para que de esta manera quede legalizado su trabajo.
Es el “modus operandi” de la mayoría de mineros colombianos, que si bien le deja la gran tajada a una porción pequeña de propietarios, permite que muchas familias rurales vivan de la minería ancestral. Era también la forma de trabajar de la Frontino Gold Mines, empresa colombiana con títulos mineros en Segovia.
En 2001 empresas canadienses redactan un regresivo Código Minero para Colombia. Esta normativa facilita la inversión extranjera en el sector, incita a las empresas colombianas a vender su propiedad y títulos mineros a inversionistas transnacionales, disminuye las regalías para el Estado colombiano, y convierte los predios mineros en pequeñas repúblicas independientes donde las empresas extranjeras tienen total soberanía.
En consecuencia la Frontino Gold Mines, al igual que muchas otras empresas mineras colombianas, fue liquidada en una muy dudosa operación financiera que supuestamente debía beneficiar a sus trabajadores pero que en últimas terminó con sus activos traspasados en 2010 a la multinacional canadiense Gran Colombia Gold a la que simplemente la tiene sin cuidado los mineros ancestrales, sus familias, o los territorios de los cuales extrae la riqueza.
En un abrir y cerrar de ojos la actividad que hace siglos han realizado nuestros mineros tradicionales por generaciones se volvió irregular bajo las nuevas regulaciones, caldo de cultivo para el mercado negro, la ilegalidad, y el fortalecimiento financiero de grupos al margen de la ley.
Hoy, mientras el oro de propiedad extranjera es fuertemente resguardado por el ejército y la policía para que los mineros tradicionales de Segovia no tengan acceso ni siquiera a las betas más pequeñas, sus protestan han sido respondidas con una represión violenta que prefiere moler la vida de nuestros campesinos a poner en cintura o exigirle a las mineras canadienses un poco de humanidad y de recursos para los habitantes del municipio de donde extraen sus U$ 82.7 millones de dólares anualmente.
Por supuesto, grupos armados han sabido pescar en río revuelto en estas revueltas ciudadanas empeorando la situación humanitaria. La demora en la respuesta estatal al inicio de las protestas aunada a una estrategia de represión violenta por parte de las autoridades ha ideologizado el conflicto interno en Segovia, empeorado la comunicación entre las autoridades y los habitantes, y profundizado la posición de los mineros hacia una estrategia de choque donde pobladores enardecidos se establecen tácticamente en el territorio tomándose el municipio y controlando la entrada y salida de productos y personas.
El saldo parcial a casi 40 días de protestas en este municipio es de un colegio destruido; más de 70 heridos entre ellos por lo menos tres mutilados, dos de manos y uno de pies; y tres muertos: Brandon Ochoa, estudiante de 17 años asesinado a la salida de su colegio Liborio Bataller luego de que su madre preocupada le aconsejara que se devolviera a su casa; Alexis Gregorio Acevedo Galvis minero del municipio de Segovia a quien en plena batalla con el ESMAD le explotó un artefacto de presión en su pecho dejando una viuda y cuatro hijos huérfanos de 8, 10, 15, y 19 años; y Hernán Tobón Meneses, también minero de un municipio cercano quien había llegado a Segovia en busca de oro hace apenas un par de semanas.
El saldo total para Colombia, sin embargo, es de unos políticos hoy igual de vendidos que antes, unas multinacionales mineras hoy más ricas que nunca, millones de familias mineras tradicionales sin sustento ni posibilidades, y unas bandas criminales que tienen la minería entre sus principales rubros de ingreso.
Entre tanto, alcaldes y gobernadores tratan de apalear una crisis que tiene sus raíces (y soluciones de fondo) en manos del gobierno nacional.
