Este título, donde parafraseo al excandidato presidencial Germán Vargas Lleras en una entrevista con Yolanda Ruiz en RCN Radio; sintetiza mi opinión sobre el crédito que otorgará el gobierno nacional a Avianca.
Considero que después de esta prueba reina, es más que necesario poner sobre la mesa de discusión nacional, la realidad de sobre nuestro deforme –y por supuesto chimbo– sistema económico que no posee, en sus niveles más básicos, nociones claras para generar el desarrollo necesario para abandonar la miseria abyecta; en la que está el país.
Capitalismo de amigotes
Una característica tradicional de TODOS los políticos en Colombia, de los últimos 50 años; es que han sabido explotar los incentivos perversos que el keynesianismo crea por su naturaleza entrometida y despilfarradora. Para no ahondar en tecnicismos académicos, el keynesianismo –como mutación malévola del capitalismo– incentiva para que los gobernantes –con dudoso sustento académico– realicen acciones económicas totalmente imprudentes, generando un desequilibrio en el mercado que termina, en su mayoría de veces, perjudicando a todos.
Eso sí, en ese “perjudicando a todos” no entran por supuesto los que han recibido los recursos financieros, humanos, legales o de cualquier clase y que; –para sorpresa de nadie– tienen algún tipo de relación cercana con el político que ostenta el poder. Esto, aunque suena muy similar a corrupción, –y en parte lo es– realmente es una de las bases del sistema económico del país.
Colombia es un país de economía mixta, lo que significa que el Estado tiene una fuerte intervención en todos y cada uno de los procesos que existen dentro del mercado. Además de implementar a merced de su propia voluntad –y la del político de turno–; objetivos “sociales” o de “bien común” por encima del desarrollo libre y natural del mercado.
Evidencia de esta afirmación, dejo parte del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia:
“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos (…) Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones.”
Las mil caras del interés social y/o público
De todo este fragmento, lo único que se repite constantemente en las diferentes leyes, decretos y planes de desarrollo es el término “interés social y/o público”. Muchos políticos –tanto de derecha como de izquierda– incluso han usado el término para adornar su ponzoñoso discurso frente a las masas. Pero se han preguntado ¿Quién define lo que es de interés público y/o social? Pues, la respuesta sigue estando en la noticia del crédito para Avianca.
Citando al presidente Iván Duque:
“Es un crédito de carácter contingente que protege cerca de 500.000 puestos de trabajo en el país y mucho más cuando esta aerolínea representa cerca del 50% de conectividad en el país.”
Él, en ejercicio de sus funciones, ha determinado que invertir recursos –extraídos de manera violenta vía impuestos a usted– para prestarlos a Avianca; es algo de “interés público” por las razones que expone. Y poco menos se puede hacer, aunque el senador Petro este invitando a una acción popular para revocar la decisión, le informo a todos los curiosos que esta, aunque parezca “corrupta”, tiene un sustento legal muy sólido:
Según el artículo 1 del Decreto 811 de 2020:
“Este Decreto Legislativo establece el régimen especial aplicable a la inversión y la enajenación de los instrumentos de capital en empresas que adquiera o reciba la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de mitigar los efectos económicos adversos que dieron lugar a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada a través del Decreto 637 de 2020, incluyendo los instrumentos que adquiera o reciba en virtud de la autorización conferida en el artículo 15 del Decreto 444 de 2020.”
Y si vemos el artículo 15 del Decreto 444 de 2020:
“Fortalecimiento Patrimonial. Con el fin exclusivo de la continuidad en la operación de que presten de interés nacional, y que se encuentren gravemente afectadas por la emergencia decretada mediante el Decreto 417 de 2020, con cargo a los recursos del FOME, el Gobierno nacional podrá́ invertir en instrumentos de capital y/o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas, incluyendo acciones con condiciones de participación, dividendos y/o recompra, entre otras. (…)”
No se confundan por un segundo. Que este último fragmento diga “interés nacional” es sólo una formalidad del lenguaje; y sigue siendo lo mismo que “interés público”. Lo realmente importante, es que estos decretos ya cuentan con el visto bueno de la corte constitucional y están en plena vigencia.
Un sistema trucado
Como pueden ver, el mercantilismo de Estado imperante en Colombia es defendido no sólo por sus mayores benefactores –la oligarquía política–, sino también por el propio marco jurídico que, desde la Constitución, le da las justificaciones necesarias para disponer de esos recursos extraídos a todos los colombianos e invertirlos donde ellos quieran. Y si metemos a nuestro débil sistema judicial, ni se diga.
En el caso específico, es más que obvio que Avianca tendrá ahora una posición muy ventajosa, muy por encima del resto de aerolíneas que operan en el país; y sus dueños, estarán tranquilos porque en caso de quiebra, no será su capital el que estará perdido. Por otro lado, también matará la posibilidad de que otras aerolíneas extrajeras se interesen en competir por el mercado colombiano –cosa que siempre lo beneficia a usted–. Por último, pero no menos importante, toca seguir aguantando los abusos en tarifas, mala atención y retrasos sin poder hacer nada.
Este artículo se publicó primero en El Bastión
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