Mucho se ha hablado recientemente de los gastos y excesos de los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño, y sin entrar en detalle de los viajes de la primera dama o de los gastos inexplicables para el amoblamiento de las casas privadas del presidente y la vicepresidente con recursos públicos, el debate de fondo debe ser sobre la pulcritud a la hora de administrar los dineros del Estado, sean en el orden nacional, regional o local.
Miremos por ejemplo lo ocurrido en Cali, en donde en un contrato escandaloso de Emcali, hacen compras de mobiliario por unos precios que exceden el realismo mágico y nos adentra en escenarios de evidente mal uso de los impuestos, por no hablar de corrupción.
Estas situaciones se presentan cuando en el país se discute una reforma tributaria que pretende recaudar 25 billones de pesos, con alertas de afectar estructuralmente la economía nacional, lacerando la productividad y por ende el desarrollo. La pregunta que nos hacemos los colombianos es entonces ¿los impuestos nuestros son para que unos pocos vivan sabroso?
En Colombia debe empezar a hacer curso la exigencia ciudadana para que nuestros dirigentes, del espectro político que sea, manejen con decencia los recursos del erario y no se «desvíen» para uso, goce y disfrute de quienes ostentan el poder momentáneamente.
Es lamentable que muchos aspirantes a cargos públicos, así como servidores en ejercicio, no tengan ambiciones reales de trabajar por el bienestar de la gente y transformar nuestras realidades sociales, sino que lo hagan con el objetivo de engordar sus propios bolsillos, demostrando así un desdén por la ciudadanía. A muchos se les olvidó que el escenario de lo público debe tener la inquebrantable voluntad y firmeza de servir a la comunidad, y dirigir el recaudo para la prosperidad popular.
Finalmente, no quisiera terminar esta columna sin decir que la prosperidad, el bienestar y el desarrollo, no surgen espontáneamente ni por el ejercicio exclusivo de la administración pública, sino que intervienen múltiples actores como las organizaciones sociales, la academia y la empresa privada, y que debe haber armonía entre todos los involucrados para lograr el anhelado objetivo de salir adelante como sociedad. Bajo esta premisa, es fundamental que los gobiernos sean los articuladores y promotores de esta sinergia y no disociadores, como ocurre actualmente en Medellín.
Solo unidos, con un proyecto común y con el espíritu de servicio a la comunidad, podremos trabajar en pro de toda la sociedad.
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