No vale la pena insistir en que Petro no tiene ni mayorías políticas, ni apoyo ciudadano ni tiempo para la asamblea nacional constituyente (ANC) que propuso. Si su pretensión es reformar la Constitución o hacer una nueva por las vías establecidas en la Carta del 91, no podrá hacerlo.
Ante estos hechos, hay quienes sostienen que el error es hacer el análisis desde la perspectiva constitucional y que el pasado, la ideología de extrema izquierda de Petro y el ejemplo de Chávez en Venezuela mostrarían que intentará hacer una constitución a su medida pero por vías distintas a las establecidas en el ordenamiento jurídico. Un «proceso constituyente» que no respetaría los mecanismos establecidos hoy para la reforma constitucional.
Si ese fuera el camino que escoge, tampoco será exitoso. Para serlo necesitaría que al menos la masa crítica de los factores reales de poder lo acompañaran en la aventura y no se ve por ningún lado que tal cosa ocurra o que pueda suceder en un futuro cercano. En efecto, con la exclusión de un Noticias Uno irrelevante, el grueso de los medios de comunicación son críticos de su gestión. Ni siquiera La W, que coquetea una y otra vez con el gobierno, lo acompañaría en la ocurrencia. Tampoco lo harían los partidos políticos, con la excepción del ala más radical del Pacto Histórico y algunos patillas, verdes por fuera y rojos por dentro. Incluso entre la izquierda más destacada han sido varias las voces que han criticado la idea de una constituyente, entre ellos Antonio Navarro, Rodrigo Uprimny y el mismo Iván Cepeda. Alcaldes y gobernadores, excepto algunos muy pocos y de muy poco peso, son antipetristas. Aunque hayan estado tan tibios, tan timoratos, tan callados frente al gobierno, pocas salvedades aparte, los empresarios y los gremios no se montarían en el despropósito. Ni siquiera lo harían los Gilinsky que, si se sintieran tentados, encontrarían el freno de los emiratís, sus socios estratégicos. Y la mayoría ciudadana, «el pueblo», tampoco está por la labor. Al menos dos terceras partes está en contra de Petro y dentro de ese 30% que todavía tiene una imagen favorable muchos tampoco apoyarían la idea de cambiar una constitución, la del 91, que aún con errores y debilidades ha fortalecido los derechos y libertades ciudadanas y sus mecanismos de protección.
Dejo para el final a la Fuerza Pública, de todos el más importante. Sin duda, las Fuerzas Militares y la Policía pasan por unos de los peores momentos en los últimos treinta años. Petro arrasó con su liderazgo, debilitó de manera sustantiva su capacidad logística y operativa, disminuyó su presupuesto y ha desmantelado sus aparatos de inteligencia. Pero mucho va de esa endeblez a que soldados y policías se embarquen en apoyar un intento de Petro de cambiar la Constitución a las malas. Aún en su decaimiento coyuntural y provocado, las nuestras siguen siendo unas Fuerzas Armadas institucionales, democráticas y sin ninguna vocación para los golpes y los autogolpes. Y por eso se aguantarán a Petro mientras que este se mantenga dentro de los márgenes de la institucionalidad. Hay que recordar que un es exguerrillero, con todo lo que eso significa, y no alguien que venga de las propias filas, un coronel, un Chávez. Una diferencia que no debe perderse de vista.
Así las cosas, si Petro escogiera un camino extraconstitucional para hacer una nueva carta política no tendría sino dos soportes fácticos que, aunque no deben subestimarse, son claramente insuficientes para el éxito de su aventura. Por un lado, la información que le provean los jefes de tres entidades que manejan datos ciudadanos sensibles, UNP, Migración y la Dirección Nacional de Inteligencia, todas en manos de excompañeros del M19. Por el otro, el apoyo que le brindarían los grupos violentos y las milicias. Ya el Eln ha anunciado públicamente que está con Petro en la idea de la constituyente. Ahora, con el sostén de los bandidos no le basta. Hacen mucho ruido y pueden hacer mucho daño, como quedó demostrado con la primera línea y el mal llamado «estallido social», pero no son suficientes para que triunfe un golpe de estado.
Porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre: tratar de cambiar la Constitución por una vía diferente a las establecidas en la Carta del 91 no es otra cosa que un golpe, un autogolpe. Y la consecuencia sería la misma que la de Castillo en el Perú: la destitución inmediata de Petro y su judicialización.
De manera que hay que olvidarse de la ANC y concentrarse en hacer el seguimiento del «proceso constituyente». Mientras que se quede en palabrería, que sería típico de Petro, no hay que preocuparse. Pero si intenta en los hechos cambiar la Constitución por estas vías, habrá que exigir que las instituciones actúen de inmediato y con contundencia y apoyarlas de manera irrestricta. Mientras tanto, ojo con los desvíos presupuestales para financiar milicias y comprar apoyos de algunos grupos sociales y mucho cuidado con la utilización de los organismos estatales con propósitos non sanctos.
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