El 6 de mayo, Colombia llegó a la cifra de 707 casos positivos con COVID-19 en las cárceles del país, lo que representa el 8.2% de los casos totales. De ese total, 679 están en la cárcel de Villavicencio, siendo el 38.3% del total de las personas allí recluidas. El primer caso se reportó el 10 de abril, en esta cárcel (el caso de una persona fallecida cinco días antes luego de ser hospitalizado por sus síntomas compatibles con COVID-19) y a partir de allí, el número de casos ha aumentado en promedio 26.1 casos diarios en este establecimiento. A la vez entre el personal de guardianes, se habían confirmado 75 casos con la enfermedad.
Desde el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como “Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional” y el 11 de marzo como pandemia, luego de lo cual, en su despliegue de recomendaciones a los países, el 15 de marzo publicó una guía de preparación, prevención y control de COVID-19 en prisiones y lugares de detención[1]
Posteriormente, el 27 de marzo el Centro para el control de enfermedades (CDC) de los Estados Unidos publicó su “Guía interina para el manejo de enfermedad en centros de detención y correccionales”.
Seguidamente, las Naciones Unidas editó una “Lista de Verificación” llamada “COVID-19 PREPARACIÓN Y RESPUESTA EN LUGARES DE DETENCIÓN”, una forma simple y didáctica para ayudar a las autoridades y los organismos de administración de estos lugares, en la planeación y control de las estrategias y actividades de prevención del contagio de personas privadas de la libertad, lo mismo que al personal de seguridad, administrativo y otros como el personal sanitario adscrito a los mismos.
De la misma manera, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó el documento denominado, “Recomendaciones Para La Prevención y Control de la Covid-19 en lugares de Detención”.
El fundamento de estas recomendaciones lo constituye la evidencia ampliamente reconocida de que las personas privadas de libertad en las cárceles e instituciones similares, son más vulnerables a diversas enfermedades, especialmente de tipo infectocontagioso. Como ejemplo, la OMS estima que la población privada de la libertad tiene un riesgo 100 veces mayor que la población general de sufrir tuberculosis.[2]
Por un lado, la convivencia permanente y con gran cercanía puede actuar como fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas dentro y más allá de las cárceles, pero además las condiciones históricas de exclusión de la población que en su mayoría llega a ser habitantes de estos lugares, explican sus condiciones de especial vulnerabilidad.
Si esto es fácil entenderlo, pues aún más lo será si se consideran establecimientos superpoblados, con pobres condiciones higiénicas y escasos recursos de salud, como lo son las cárceles en Colombia. No en vano, la medida por excelencia recomendada para reducir el contagio ha sido el aislamiento social, acompañado del uso de mascarillas, debido a la transmisión de los virus a través de las gotas que se generan incluso con actividades normales como el habla, además del lavado de manos debido al contacto permanente con superficies que han recibido el virus.
Ante estas evidencias y las rápidas recomendaciones ya anotadas, el gobierno colombiano aparenta una condición de parálisis mientras que como ciudadanos asistimos estupefactos ante lo que puede llegar a ser un desastre humanitario.
Según el Centro Estratégico de Información Penitenciaria-INPEC, el hacinamiento en las cárceles del país llega al 54,9% aunque en algunas se llega a decir que es al menos del 100%. En la cárcel de Villavicencio, por ejemplo es del 97% (tiene 1.773 internos y su capacidad es de 900)[3].
En las recomendaciones de los organismos ya anotados, la excarcelación es una opción a implementar con el fin de bajar los índices de ocupación. Esto acompañado de generar espacios de aislamiento para las personas en situación especial de vulnerabilidad debido a su edad y sus comorbilidades, de provisión de equipos de protección personal para el personal de seguridad, de mascarillas y de elementos de higiene como agua y jabón, además de educación, debían estar en primer orden de las medidas a tomar.
No obstante, solo hasta el 12 de abril, el personal del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, concretó su paquete de lineamientos[4] para el control de la epidemia en estos establecimientos, cuando el país ya reconocía sus dos primeros internos con Covid-19, a la vez ya fallecidos. Igualmente, solo hasta el 14 de abril, expidió el decreto 546 mediante el que se pretendió disminuir el hacinamiento en las cárceles, como medida transitoria para hacer frente a la pandemia.
Lo que ha seguido, es una cadena de denuncias de falta de provisión de equipos de protección al personal y de medidas higiénicas en los establecimientos. Se ha denunciado que el agua en la cárcel de Villavicencio solo se conecta durante tres horas al día y el jabón es escaso.
Como si fuera poco, a la fecha solo 320 reclusos han salido, a la vez que el Procurador General de la Nación, ha dicho que sin necesidad del Decreto, unas 30 mil personas podrían salir legalmente por diversas circunstancias, lo que eso sí, aliviaría la situación de hacinamiento y sería una medida de prevención y control en este que parece ser, como vamos, una bomba de tiempo en el país.
A todas luces, no parece haber ni sentido de la urgencia, ni la suficiente voluntad, ni diligencia para ejecutar las repetidas recomendaciones, no solo con los reclusos, sino también con el personal de trabajadores involucrado. No obstante, amén que el virus ha llegado a otras cinco cárceles, importado de la primera, podríamos estar a tiempo de evitar una verdadera calamidad, por cuenta de la expansión de la epidemia, como de la inacción del país.
[1] WHO, Europa. “Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention”
[2] https://www.who.int/tb/challenges/prisons/prisons-facts/es/
[3] https://www.inpec.gov.co/institucion/organizacion/establecimientos-penitenciarios/regional-central/epmsc-villavicencio
[4] República de Colombia, Ministerio de Salud y protección Social. Lineamientos para control, prevención y manejo de casos por covid-19 para la población privada de la libertad en Colombia. Bogotá 12.04.2020
