Ante la evidencia de que no tenía mayorías en el Congreso ni en entre los ciudadanos, ni tiempo suficiente para sacar adelante su propuesta de asamblea nacional constituyente, Petro se movió rápido a lo que ha llamado un «proceso constituyente».
Una idea aún gaseosa, indeterminada, pero que debe seguirse con atención por los riesgos que insinúa. Si lo que busca ese «proceso constituyente» es cambiar la Constitución por mecanismos no consagrados en la misma carta política, es decir, una ruptura del orden constitucional, estaríamos frente a un golpe de estado, un autogolpe que, en cualquier caso, estaría destinado al fracaso. Petro no tiene -ni puede conseguir a mediano plazo- los suficientes factores de poder para ser exitoso en semejante aventura. De manera que la consecuencia no podría ser otra que la captura y el juicio penal de Petro.
Ahora permítaseme aclarar algunas dudas que circulan en las redes sociales. Una, Petro no puede declarar un estado de excepción y por esa vía convocar a una constituyente. Se caería en la Corte Constitucional. Desconocer la decisión de la Constitucional supondría, de nuevo, dar un golpe de estado. Otra hipótesis es que pacte una constituyente con el Eln. En el horizonte no se ve cercano un acuerdo final con ese grupo. Pero aún si el acuerdo se consiguiera, lo convenido entre Petro y los elenos tendría que pasar por el Congreso para que hiciera parte del orden jurídico, como ocurrió con lo pactado con las Farc. No tengo duda de que, después de la derrota del Sí en el plebiscito del 2016, ni Petro ni los elenos se expondrían a los riesgos de acudir a un mecanismo similar de refrendación ciudadana de lo pactado. La alternativa, la constituyente, tendría que tramitarse en el marco de lo que la Constitución ordena. Hacerla por fuera, insisto, sería un golpe de estado.
Pero puede ser también que Petro solo esté buscando usar ese «proceso» como una mecanismo de proselitismo político con miras a las elecciones del 26, agitando y lubricando sus bases de indígenas, estudiantes, juntas de acción comunal y sindicatos. El planteamiento subyacente es que «el cambio» es imposible en el marco constitucional actual y que, en consecuencia, la izquierda debe ganar las elecciones del 2026. Petro lo ha sostenido en distintas ocasiones. Ha dicho, por ejemplo, que «esperamos ser el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar» y que «la oligarquía no saca a Petro del gobierno, porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir».
Ese discurso empieza a ser repetitivo y es peligroso. Es antidemocrático y muestra una deriva autoritaria que debe prender todas las alarmas. Es populismo del peor. Parte de la premisa falsa de que hay un solo pueblo y que Petro lo representa. Para empezar, es contrafáctico. Dejando de lado la cuestión, muy importante, de la ilegitimidad de su triunfo, resultado de la trampa en la financiación y la violación de los topes electorales y del apoyo de los grupos criminales como resultado de pactos celebrados en campaña, Petro ganó la segunda vuelta con el 50,44%, la mitad de los votantes. Pero ese 49,66% que no votó por él también es «pueblo». Como lo es, además, el 42% de los potenciales votantes que se abstuvo de participar en los comicios. Es decir, por Petro votó solo el 28,9% de los ciudadanos. El 71,1% que no votó por él, no puede olvidarse, también es «pueblo», tanto como el que sí sufragó por Petro. Para hacer más evidente la simplificación de Petro, hoy todas las encuestas, con algunas variaciones menores entre ellas, muestran que ha perdido el apoyo de parte sustantiva de quienes lo votaron.
Además, y no es menos importante, en una democracia el «pueblo» se refleja mucho más en el Congreso que en en el ejecutivo, precisamente porque las distintas expresiones y posiciones del «pueblo», que nunca son una sola y única y siempre van cambiando, se expresan mejor en las distintas y variopintas bancadas parlamentarias. Por eso el legislativo es siempre la expresión por excelencia de la democracia y son los congresos donde el «pueblo», los «pueblos», debaten y alcanzan acuerdos. Desconocer el Congreso, como pretende Petro con la reforma a la salud, vía decreto y abusando de las superintendencias como policías políticas, es una desviación despótica.
En fin, suponer que «el pueblo» es solo el petrista supone una evidente amenaza de vulneración por parte del gobierno de los derechos y libertades del «pueblo» no petrista, mayoritario como he resaltado, y del principio de igualdad frente a la ley.
El discurso de apropiación del «pueblo» por parte de Petro es también antipluralista y viene acompañado con el agravio permanente (fascistas, oligarcas, esclavistas, mafiosos, corruptos, etc) a sus contradictores. Busca socavar la legitimidad y la autoridad moral de quienes se le oponen. En ese marco, el gobierno es solo para el «pueblo» petrista y únicamente busca beneficiar a esa fracción. Con el pretexto de defender al «pueblo» o de un supuesto mandato del mismo, se gobierna por encima de las leyes y las instituciones, que se convierten en un obstáculo que hay que destruir. El gobierno se torna faccioso y, por eso mismo, antidemocrático.
Es el escenario al que Petro nos va llevando. Más allá de un golpe de estado, que al menos ahora no se ve, la deriva autoritaria de Petro hace indispensable que todos los demócratas nos unamos, más allá de egos, vanidades, ambiciones personales e insustantivas diferencias ideológicas.
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