Petro se radicaliza. Tanto en el discurso como en las acciones, acentúa su giro a la izquierda extrema. Una de las tácticas es barrer con los técnicos del gobierno y nombrar leales. Aunque no son ni mucho menos los únicos casos, los más visibles son la dirección del DNP, la de presupuesto del Ministerio de Hacienda y el DPS. En Planeación, el organismo más técnico del gobierno, nombró a un activista de izquierda, antiguo sindicalista, que ni siquiera es economista y sin experiencia alguna en el tema, al que vinculan con el Eln. En Presupuesto salió de una funcionaria con casi 20 años en Hacienda y designó un contador que tiene por exclusiva credencial haber hecho parte de la UTL de Gustavo Bolívar y que, posesionado, dijo que sabía «un poquito» del tema. En el DPS, eligió al mencionado libretista de televisión, que no es universitario y que tiene por único mérito haber quebrado sus propios emprendimientos y no pagarle a sus proveedores, en algún caso con la trágica consecuencia del suicidio del acreedor impagado.
Otra tiene una triple cara. Por un lado, acentuar el control por parte de exguerrilleros sobre los organismos del Estado que cumplen funciones de inteligencia o controlan información sensible de los ciudadanos. En manos del M19 están la Unidad Nacional de Protección, Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia y Función Pública, la entidad que supervisa el funcionamiento interno del Estado. Por el otro, profundizar el debilitamiento de la Fuerza Pública, el muro frente a los violentos y frente a cualquier amenaza de autogolpe. Con ese propósito borró de un plumazo el liderazgo de militares y policías y nombró un MinDefensa enemigo de ambas fuerzas, les recortó el presupuesto y les ató las manos con las negociaciones y los ceses del fuego con los violentos. Ahora los dejará sin capacidad de operación por su decisión de no comprar más armamento a Israel. Esa no es una sanción para los israelíes, el mercado colombiano es minúsculo para ellos, sino un castigo para nuestras Fuerzas Armadas, el grueso de cuyo equipo y armamento, desde los fusiles Galil hasta los aviones Kafir, tiene ese origen. Finalmente, el gobierno avanza en lo que parece un proceso de constitución de grupos milicianos. Además de promover y proteger las guardias indígenas y las seudocampesinas, que está probado tienen vínculos cercanos con las Farc, ya puso en marcha el programa de financiación de jóvenes que «están o tienen riesgo de estar vinculados a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado». En otras palabras, pagará a un centenar de miles de muchachos con experiencia en el uso de armas y el crimen, fáciles de organizar si a Petro le parece necesario.
Por último, Petro está decidido a buscar mecanismos que le permitan controlar el gasto presupuestal por fuera de las reglas institucionales, a las que ve como una camisa de fuerza que le impide hacer lo que quiere. Con ese propósito quiso saltarse la ley de presupuesto y disponer a su antojo de trece billones de pesos. En la misma dirección van los proyectos de facultades extraordinarias para que sea él quien decida en última instancia sobre el pago y el destino de las vigencias futuras y quien regule los servicios públicos.
Por una vía y por la otra, hay un proceso de debilitamiento de la Fuerza Pública y de fortalecimiento de los criminales, de desinstitucionalización, de desmonte de la capacidad técnica del Estado, de posicionamiento de leales aunque sean ignorantes e incapaces, y de concentración del poder en manos presidenciales.
En ese escenario, se hace prioritario cuidar en extremo la elección del Fiscal. Es claro que Petro quiere uno de bolsillo y que ninguna de las candidatas da certeza de ecuanimidad e independencia. Todas son de extrema izquierda y no dan garantía de que no serán instrumento para perseguir a los opositores y de que continuarán las investigaciones contra los familiares y allegados de Petro.
Finalmente, es urgente construir una plataforma común de oposición. La fragmentación excesiva aumenta la vulnerabilidad y hace muy difícil construir narrativas y acciones comunes para la defensa de la democracia, la libertad y el estado de derecho frente a la arremetida petrista.
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