“Trampolín político que se construyó entorno a la “Paz Total” va dejando de lado la cortina de humo que lo acompaña y asume la triste realidad, escasa voluntad de los grupos violentos para cumplir los acuerdos, deponer las armas y apartarse del lucrativo negocio del narcotráfico.”
Verdadera voluntad de Paz por parte de los insurgentes es el eje coyuntural del proceso, con los actores al margen de la ley, que ahora emprende el gobierno del cambio. Psicología de la violencia, acompañada de campañas de desinformación, se tejen alrededor de las mesas con el ELN, y las disidencias de las FARC, para propiciar elementos que aticen los ánimos y desvíen la atención sobre lo que se está gestando desde el Pacto Histórico y sus fuerzas aliadas. El tiempo y los hechos han ratificado, con gran fuerza, que el imperfecto acuerdo de La Habana, lejos de mitos y señalamientos infundados en la narrativa de crisis, dejó serias preocupaciones por el escenario que se abre para legitimar el narcotráfico, el terrorismo y el asesinato de líderes sociales. Alcahuetear a los delincuentes, dar validez a las acciones de los protagonistas del proceso, avalará que la consecución de los objetivos políticos es por la fuerza, y con las armas, no a través del ejercicio democrático en las urnas.
Experiencias del triunfo del NO en el Plebiscito por la Paz, el 2 de octubre de 2016, delinea que a los colombianos les “emberraca” el cinismo que acompaña a quienes firmaron lo pactado y luego, vinculados en acciones non sanctas, se apartaron de la reincorporación fingiendo un supuesto entrampamiento. Agentes que reaparecen, pues supuestamente habían sido dados de baja, asombran con su procacidad para volver a la mesa y hacer el esguince para no cumplir con las reglas de juego del pasado proceso: reincidencia, e incumplimientos a los compromisos, deben ser pagados con cárcel. Empoderamiento que se brinda a las figuras de la negociación, sujetos risueños y desafiantes, marca el camino de mentiras que tiene pagando a Colombia por firmar entendimientos que distraen al pueblo y al final nadie cumple. Se está al frente de una nueva salida en falso, ahora de la administración Petro Urrego, que destruye la democracia de un país que está a merced de un demagogo que predica doctrinas falsas que encantan a las clases populares.
Flaca memoria de los colombianos es la que propicia que se repita de forma indefinida la historia, anhelo de paz abre una nueva mesa en la que todos dialogarán, unos aceptarán, confesarán y se apartarán de su mala conducta, y otros no se sentirán representados y armarán disidencias que seguirán al margen de la ley. Burla a las víctimas que otorga impunidad, riqueza y beneficios políticos a nuevos cabecillas discordantes se constituye en un círculo vicioso, acto circunstancial que da pie para que surjan noveles comandantes en busca de lo mismo. Peligroso es seguir dándole gusto a los violentos que, desde la impunidad, apuestan por mantener lo ganado con el terrorismo, la usurpación de terrenos y el cultivo de sustancias ilícitas. Beneficios a la criminalidad, auspiciados por el gobierno, atomizan el progreso de una sociedad que sucumbe en el miedo y la indignación que produce el ver cómo se destinan onerosos rubros del presupuesto para resarcir el apetito de los violentos y no el dolor del pueblo martirizado.
Permitir que sigan pasando de “agache” las violaciones cometidas, por los agentes al margen de la ley, ante la inoperancia y beneplácito de organismos como la JEP, es la degradación absoluta de una patria que se cae a pedazos en manos de la politiquería y la corrupción. Negociación sin reparación es el grave pecado de lo pactado en Cuba, prueba fehaciente de que los grupos armados solo llegan a la mesa en busca de ganar un brazo político en el Congreso. La participación pública de los exmilitantes guerrilleros distante está de un ejercicio democrático ajustado al pago de unas penas y el cumplimiento de lo convenido, lo visto con los Comunes deja en evidencia una estrategia ideológica que impacta a la población desde el legislativo y la línea militar armada. Renuencia al cumplimiento de la ley debería conducir a la muerte política de quienes, aprovechando la carta abierta y sin condiciones que les dio Juan Manuel Santos Calderón, verdaderamente hicieron trizas la Paz.
Entorno promisorio de negociación que se quiere vender, desde la izquierda, no puede tapar el sol con un dedo, pretender deponer la fuerza legítima del estado en pro de una «Paz Total». La estrategia de diálogo sin condiciones, en donde nada está acordado hasta que esté firmado, ya está trillada, pero además fracasada y ha demostrado su inutilidad para alcanzar el fin de la violencia. El país, por estos días, está sometido a la ola de terror que propician los grupos armados emergentes, clanes delincuenciales que buscan doblegar la institucionalidad masacrando a soldados y policías, e insultando a las familias de millones de víctimas colombianas. Complejo es que las propuestas populistas de su presidente amarran a las fuerzas del orden desconociendo que el estado tiene las capacidades suficientes para someterlos si así lo quiere. Retribución de favores a los delincuentes, en donde no hay ninguna acción frente al infractor, demuestra que en la nación se vive una política en la que el “crimen sí paga”.
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Apuesta de Paz no puede ser un montaje como el que se confeccionó en La Habana para favorecer a los victimarios y ganar uno que otro reconocimiento internacional. Colombia requiere de un proceso que no siga dando espacios para que los ejes del mal continúen delinquiendo, si se les dan más oportunidades a los agentes, al margen de la ley, son para cumplirlas en el corto, mediano y largo plazo. La mano firme desde la institucionalidad no está en juego, renunciar a las libertades y los derechos es poner a los colombianos a merced de la guerra, la impunidad, la revictimización y las promesas rotas. Quienes votaron por el NO, en el Plebiscito por la Paz, tienen ahora la prueba reina para ratificar que el “conejo” más grande de la historia de Colombia fue la Paz de la administración Santos Calderón, foco de negociación que sirvió para favorecer delincuentes y alimentar la reinante impunidad. ¡Engaño al país y al mundo!
Piedra angular de la “Paz Total”, propuesta por su mandatario, será dotar de legalidad el dar beneficios a quienes no se acogieron al proceso de La Habana, revestir de legitimidad una nueva causa con fuerzas disidentes y conquistar un apoyo político que parece esquivo. Marco jurídico de la negociación no puede seguir feriando curules en el Congreso a los cabecillas de los grupos al margen de la ley, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad deben pagar sus penas antes de reasumir sus derechos políticos. Engaño que agudizó la división de los colombianos se constituyó en la desarticulación y desaparición de las FARC, venta del alma al diablo que dejó una facción como cartel narcoguerrillero y otros que fungen como grupo político conocido como los Comunes. Déjà vu que traza cómo será la burla y las mentiras que traerán más de lo mismo, dedo en la llaga que escalfa aspiraciones de perdón y olvido mientras se lavan activos y se traen dineros a la legalidad.
Engorroso resulta reconocer a las disidencias de las FARC como un actor político, acto que busca reunir en un solo proceso a todos los que transgredieron la ley es muestra de la entrega de un gobierno dispuesto a favorecer y proteger criminales. La impunidad total es aceptar que incumplir los Acuerdos de Paz no genera consecuencias, y de allí que nada garantice que indefinidamente se incumplan. Envalentonados seguirán las bases criminales si se les sigue dando estatus político, se les promete inmunidad y se les manda al Congreso, recinto que en los próximos años parece que tendrá más miembros de los grupos terroristas que de los colombianos honestos. Articulación de la realidad colombiana convoca a replantear la relación entre cada una de las esferas del colectivo social y el entorno, volver al origen de la cultura y encontrar los valores comunes que permiten la construcción de la Nación.
De los ciudadanos depende la construcción de la Paz, el reconocimiento de los actores sociales y las diferencias que constituyen la cultura nacional. La disrupción política que enmaraña la relación de izquierda y derecha recrudece la polarización ideológica del colectivo y contribuye al clima de hostilidad social que no permite concentrar esfuerzos en la unión social que conlleve a enfrentar las vicisitudes del momento. La verdad, la justicia y la reparación a las víctimas es y seguirá siendo un eje importante de acuerdo, el dolor causado no puede quedar en la impunidad. La reparación no ha pasado de ser un ideal pactado en el papel. Peligro de la proposición de Paz está en los oscuros intereses que acompañan a quienes torpedean el sistema desde principios y propósitos populistas, demagogia que está a la pesquisa de puntos comunes que despierten simpatías a través de promesas ideales imposibles de ser llevadas a la realidad.
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