En el curso de las negociaciones, el ELN dejó clara su prioridad en la participación de la sociedad en la construcción de paz, por lo que el resultado de la Mesa, además del cese de la violencia en todas sus formas, debería traducirse en unos acuerdos en que la participación pase del discurso a su ejercicio efectivo, convirtiéndola en instrumento de transformación positiva en la vida de las personas, tanto en la implementación de acuerdos parciales en los territorios, como en la de un Acuerdo Final.
De hecho, el de México convoca el compromiso de la institucionalidad estatal y la participación de todos los sectores sociales, “para pactar las transformaciones que requieren las regiones y el país en su conjunto”.
¿Cómo lograr esa participación articulada entre una institucionalidad que la sociedad percibe lejana, y esa misma sociedad inmersa en una realidad de inequidad y violencia, sobre todo en el sector rural? Esa es la tarea.
La Mesa podría encerrarse con la institucionalidad a lograr acuerdos que luzcan como “los mejores” y sean “vinculantes” para el Estado, pero que no lograrían comprometer a la sociedad civil ausente. Ese no es el camino.
La Mesa podría organizar eventos con comunidades de base, minorías y organizaciones sociales, para que expresen sus expectativas y propuestas; un bello ejercicio de democracia que puede terminar en participación tumultuosa, difícilmente incorporable a los acuerdos y, menos aún, “vinculante” para la institucionalidad ausente. Ese tampoco es el camino.
El camino es el del medio, por el que puedan andar juntos, la sociedad civil toda, no solo las minorías y las organizaciones sociales, sino la Academia, los estudiantes, los gremios, los trabajadores, etc., con propuestas organizadas; y a su lado, la institucionalidad con los diagnósticos de situación, para acotarlas a la realidad de lo posible, lo legal y lo constitucional.
En ese contexto, es necesaria la participación de entidades especializadas, como INVIAS en el tema de vías terciarias y las Cortes en el de justicia, o de la Contraloría General de la República, con su panorámica del Estado a partir del control de gestión y la evaluación de la política pública; y la Procuraduría General de la Nación, representante constitucional de los ciudadanos ante el Estado.
Es sencillo; si el ELN negocia con el Gobierno en representación del Estado, no puede hacerlo a espaldas del mismo Estado. En últimas, se trata de que la Mesa reciba insumos valiosos para que produzca resultados valiosos, verdaderos “acuerdos” que sean vinculantes, no solo porque obliguen al Estado, que no estuvo ausente, sino porque comprometan a la sociedad que participó activamente.
Colombia toda debe unirse para andar ese camino que conduce al fortalecimiento de la democracia y la construcción colectiva de la paz, porque “si caminas solo iras más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos”.
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