De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se comete un suicidio en el mundo afectándose con este la salud pública a nivel global. Para el caso colombiano, desde las políticas públicas de orden nacional, departamental y municipal se ha intentado mitigar este fenómeno e incluso, han sido trazadas metas desde el año 2012, proyectándose su cumplimiento medible en 2021.
A partir de la promulgación y entrada en vigor de la Constitución Política de 1991 Colombia se estableció como un Estado Social de Derecho en el cual, dentro de sus fines, contempla la garantía de la “efectividad de los principios, derechos y deberes”. Asimismo, en el marco normativo nacional se estipuló el derecho a la seguridad social de la población como uno de carácter irrenunciable en cabeza de todos los habitantes del territorio colombiano y bajo el control Estatal; derecho que debe ser prestado por este último, con sujeción a los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad.
Como forma de materializar lo plasmado en la Carta Magna fue creado en el país el Sistema General de Seguridad Social mediante la ley 100 de 1993, teniendo este como objetivo macro el amparo y protección de las posibles contingencias a las que la población puede exponerse en materia económica y de salud. Regulación que a grandes rasgos es contentiva del sistema general de pensiones, salud, riesgos laborales y servicios sociales complementarios, a nivel nacional.
Con la ley 100 de 1993, se inició además un proceso de cambios profundos en la administración y prestación de los servicios de salud al punto de continuar siendo esta la piedra angular del sistema que propende por la universalidad y calidad del servicio. En esta, se dio prevalencia específica a la necesidad de construcción continua de políticas en materia de salud pública, estipulándose posteriormente dentro de los recursos del Sistema General de Participaciones, un rubro específico para la financiación de dichas acciones, definidas como prioritarias a nivel nacional.
Ahora, la salud mental como integrante de la salud pública, ha tomado consecuencialmente especial trascendencia durante décadas a nivel mundial, de ahí que su regulación haya buscado ir más allá y sea este un tema recurrente en las políticas públicas nacionales posteriores. En cumplimiento de lo afirmado, y bajo la concepción de que las políticas públicas son el resultado de procesos integradores adelantados por la autoridad estatal, en el 2005 desde el Ministerio de Salud y Protección Social colombiano, se hizo manifiesta la necesidad de establecer una Política Nacional de Salud Mental en la que se buscara la reducción de la carga que representan los trastornos mentales en la salud de la población y las consecuencias que este tiene en el desarrollo social; así como el propender por el mejoramiento de las capacidades del Estado, instituciones y la sociedad en general para afrontar la problemática, dentro del contexto del Sistema de Protección Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En concordancia con lo señalado, la significación de las políticas en materia de salud mental a nivel mundial paralela a la regulación colombiana ha sido dada por el aumento de la carga de la enfermedad mental, al punto de convertirse este en un problema que preocupa la salud pública global; en especial, la prevalencia generalizada del fenómeno del suicidio en la población, el cual a la fecha ocupa un lugar entre las primeras diez causas de muerte en las estadísticas.
Dada la necesidad imperante a nivel mundial de dar una respuesta conjunta para mejorar la salud mental, en el año 2013 la Organización Mundial de la Salud puso en marcha el Plan de acción integral sobre salud mental 2013- 2020, el cual actualmente tiene aplicación en los países miembros de la OMS incluido Colombia, y establece cuatro pilares básicos para abordar y dar solución a la problemática latente. Asimismo, en el caso colombiano, como estrategia para la mitigación de este fenómeno fueron presentados a nivel nacional diversos planes de prevención en materia de salud mental, iniciándose con la resolución 2358 de 1998, en la que expresamente se reconoció la alteración en la población general como un problema en aumento; y para su atención oportuna, se determinó la eventual correlación fáctica de situaciones nacionales, así como los factores de incidencia y medidas de atención a la población en general.
De forma progresiva, en el país fueron establecidos también los Lineamientos de Política de Salud Mental, teniendo en cuenta los hallazgos relativos a la orientación que debe tener cualquier política pública en materia de salud; ello es, la protección, promoción y mejoramiento de las condiciones de vida de la población, con el fin de posibilitar el trascender a la ausencia de enfermedad como condición básica “para el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas (cognitivas, afectivas y relacionales)”. Seguido de ello, y en conjunto con el Observatorio Nacional de Salud Mental, desde el Ministerio de Salud y Protección Social fue expedido el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 trazándose con la regulación nacional, metas cualitativas y cuantitativas en materia de promoción de la salud mental y convivencia, y la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales. Finalmente, en 2018, se expidió la resolución 4886 por la cual se adoptó en Colombia la Política Nacional de Salud Mental y se vio compilado en esta, los documentos, trabajos y estudios previos mencionados, realizados en el país relativos a la salud mental de su población.
Estas dos últimas normatividades mencionadas, Plan Decenal de Salud Pública y Política Nacional de Salud Mental, constituyen un hito a nivel nacional ya que, compilan y focalizan la atención del sistema de salud en la promoción y prevención de la población en riesgo, incluyendo dentro de sus pilares básicos el fomento del autocuidado y estableciendo como meta cuantitativa macro la disminución de la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas a 4,7 por 100.000 habitantes.
Ahora, particularmente la resolución 4886 de 2018 como política de salud mental nacional, y como marco vigente de lo que es el tratamiento de la enfermedad mental en Colombia a la fecha, es el resultado de la compilación de esfuerzos históricos en la materia. No obstante, a la fecha, la salud mental de la población continúa generando una alta preocupación en la salud pública como se verá más adelante, pudiéndose afirmar de forma anticipada que si bien desde el plano fáctico, el sistema de salud ha experimentado transformaciones importantes en las últimas décadas, la salud mental a nivel nacional va más allá de la regulación en materia médica.
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