Ocupados como estábamos tratando de evitar que Quintero Calle hiciera desastres en Hidroituango, hemos olvidado los desastres que pueden estar ocurriendo en AFINIA.
El primero de octubre de 2020, EPM asumió el control de la empresa Caribe Mar S.A.S ESP para gestionar, bajo el nombre comercial de AFINIA, el mercado de comercialización-distribución integrado por los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar y once municipios del sur del Magdalena. Al frente de la empresa se puso a la economista Blanca Liliana Ruiz Arroyave, profesional con más de 25 años de experiencia en EPM y quien había participado activamente en los procesos de debida diligencia adelantados para decidir la participación de EPM en la subasta convocada por el Gobierno Nacional para elegir las empresas que habrían de sustituir a la fracasada Gas Natural-Fenosa.
Durante los 10 meses que estuvo al frente de la Empresa, la economista Ruiz Arroyave adelantó una notable gestión cuyos logros fueron reconocidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la propia Junta Directiva de EPM, a la que presentó los resultados. No obstante, después de que Álvaro Guillermo Rendón, quien la había nombrado, fuera retirado de la gerencia, algunos directivos EPM y funcionarios de la alcaldía hicieron todo lo posible para forzar la renuncia de Ruiz Arroyave.
Finalmente, amparados en el hecho de que el nombramiento de Ruiz Arroyave era una especie de encargo, para permitirle adelantar sus funciones gerenciales en AFINIA sin desvincularse de EPM, por instrucción del alcalde Quintero Calle se montó un proceso de selección para el nombramiento de un gerente en propiedad.
En el proceso la firma caza talentos ARISTOS tuvo una participación marginal y el nombramiento, que recayó en el señor Javier Lastra Fuscaldo, lo hizo la junta directiva de AFINIA, compuesta en su totalidad por vicepresidentes de EPM afines al alcalde Quintero Calle y que responden a su secretaria privada María Camila Villamizar.
El nombramiento del señor Lastra Fuscaldo ha sido cuestionado por estar inhabilitado de por vida para ejercer cargos de elección popular, en virtud de un fallo del Consejo de Estado ratificado por la Corte Constitucional. Adicionalmente, algunos abogados consultados consideran que, en virtud de los dispuesto en la ley 489 de 1998 y el decreto 128 de 1976, la inhabilidad del señor Lastra Fuscaldo se extiende al cargo de gerente general de empresas industriales y comerciales del estado, como es el caso de AFINIA.
Es bueno recordar que, en noviembre de 2018, el señor Lastra Fuscaldo fue retirado de su cargo de gerente interventor de Electricaribe por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, sin que mediara explicación alguna. La salida de Ruiz Arroyave y la llegada de Lastra Fuscaldo fueron decisiones muy decepcionantes para directivos y profesionales de AFINIA.
La junta directiva de AFINIA, en su reunión de septiembre de 2021, aprobó, a solicitud del gerente Lastra, el nombramiento, como asesores de la gerencia de los señores Henry García González y Juan Felipe Salazar Saldarriaga, con una remuneración de 20 millones de pesos mensuales cada uno. Posteriormente se han nombrado cuatro asesoras más, también jugosamente remuneradas. Funcionarios de AFINIA, que prefieren guardar el anonimato, informan que desde una sede alterna y semiclandestina esos asesores mantienen reuniones con los contratistas.
En una empresa que arrastra pérdidas multimillonarias y donde la austeridad debe estar al orden del día, esos nombramientos no se pueden justificar como quiera que el gerente general de AFINIA cuenta con el apoyo de un equipo de doce gerencias y dos direcciones. Entre esos asesores no hay ningún ingeniero eléctrico, pero si abogados y hasta un odontólogo. Las averiguaciones hasta ahora realizadas no se ha podido establecer su experiencia en asuntos de servicios públicos en general y de energía eléctrica en particular.
La recuperación del servicio eléctrico en la Costa Atlántica requiere cuantiosas inversiones en los próximos años. En el caso de AFINIA, el total de inversiones entre 2021 y 2030 asciende a 4 billones de pesos de 2017, el 51% en infraestructura, 23% en gestión de pérdidas y 26% en tecnología. A lo largo de toda la historia, la corrupción ha sido uno fenómeno crónico en la prestación del servicio eléctrico en la Costa Atlántica. Con las inversiones que se viene hay para dar y convidar.
La sustitución de una gerente con gran competencia técnica y elevados valores morales por un personaje de escasos conocimientos en servicios públicos y energía eléctrica y con antecedentes más bien oscuros y que se ha rodeado de un exótico equipo de “asesores”, plantea inquietudes sobre lo que pueda ocurrir con la ejecución de las cuantiosas inversiones y gastos que debe realizar AFINIA en los próximos años.
Esto debería llamar la atención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría y la Contraloría. Para que luego no digan que nada sabían, se los pongo con mayúscula: ¡OJO CON AFINIA!
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