“Lo cierto es que, igual que la de Lasso, la consulta popular de Noboa es un costoso termómetro de popularidad, una consulta demagógica que, como todas las de su tipo, ofrece cambiarlo todo para que todo siga igual”.
Como si de una macabra bienvenida del nuevo año se tratara, los dos primeros días de 2024 se saldaron con 50 asesinatos en todo el país. Ciertamente, que Ecuador cerrara 2023 como el país más violento de la región no podía anticipar nada distinto.
Así, la ilusión ciudadana con el cambio de gobierno se va disipando conforme avanzan los días y el silencio gubernamental ante el desangramiento del país se vuelve ensordecedor. Por su parte, la actual Asamblea parece empeñada en superar las cifras de desaprobación de su antecesora. Y sobre nuestra función judicial… prefiero callar para evitar el uso de palabras malsonantes.
El anticorreísmo se ha lanzado a una cruzada en contra del periodista que reveló los nexos de altos funcionarios del gobierno pasado con el crimen organizado, mientras guardan un deshonroso silencio frente a las revelaciones de Fiscalía que apuntan en contra de los suyos. El correísmo, en cambio, mantiene como único punto en su agenda la impunidad de sus líderes.
Y así, mientras nuestra clase política, de la que nada se esperaba, nada está haciendo, la violencia prosigue su espiral ascendente y el país se hunde en el pozo de su nueva normalidad: masacres, extorsiones, narcotráfico y pobreza.
Pero habrá quien diga que el gobierno sí está trabajando por combatir la inseguridad, y que así lo demuestra su anuncio de una consulta popular. Permítaseme disentir.
Efectivamente, el gobierno de Daniel Noboa ha hecho pública su intención de llevar a cabo su principal propuesta de campaña, enviando a la Corte Constitucional 11 preguntas para su correspondiente visto bueno.
Según nuestro presidente, la consulta popular tiene tres objetivos: fortalecer el rol de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen, intervenir el sistema de justicia y promover el empleo. Tres objetivos ciertamente loables, pero inalcanzables por medio de las preguntas enviadas a la Corte.
Partamos del hecho de que ninguna de las preguntas plantea reformas normativas concretas, con lo que más que un referéndum se trata de un plebiscito. Además, con esto se le otorga un enorme grado de discrecionalidad al gobierno a la hora de elaborar dichas reformas en caso de que la respuesta de la ciudadanía sea positiva.
Algunas preguntas plantean reformas al código penal o a leyes orgánicas que el gobierno podría llevar adelante sin necesidad de una consulta popular si tan sólo tuviera la voluntad de hacerlo. Otras son puras manifestaciones del populismo penal que tanto entusiasma a los gobernantes mediocres.
La cereza del pastel es la inclusión de una pregunta que propone la reapertura de casinos y casas de apuestas. Ciertamente esta clase de negocios puede contribuir a generar unos cuantos cientos de empleos —también a empobrecer a ludópatas, dicho sea de paso—, como lo haría la legalización del mercado de órganos, por ejemplo. El problema de fondo es que los casinos y casas de apuestas resultan muy útiles para el lavado de activos, con lo que nuestro presidente se lanza a combatir el crimen organizado dotando a sus soldados de rifles con la mira desviada.
Con excepción de esta última, las preguntas de la consulta popular propuesta por nuestro presidente pueden resumirse en una sola: ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno por fin haga su trabajo? Tal es el grado de improvisación.
Lo cierto es que, igual que la de Lasso, la consulta popular de Noboa es un costoso termómetro de popularidad, una consulta demagógica que, como todas las de su tipo, ofrece cambiarlo todo para que todo siga igual.
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