La realidad es que en Colombia 1 de cada 10 niños sufre de desnutrición crónica y que a la semana mueren entre 4 y 5 niños por desnutrición, y mientras pudiéramos alimentarlos, se roban $140 mil millones destinados precisamente para ello.
La indignación en Colombia parece ser absolutamente desproporcionada. ¿En dónde están las miles de personas que marchaban hace meses por los derechos de los niños y contra la “imposición” de la ideología de género, ahora que los niños padecen hambre a causa de la corrupción?
Estos días las miradas se han puesto sobre la ciudad de Cartagena, específicamente por los hechos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). En principio parecía un plan importante y necesario en una ciudad, que después de Quibdó, es la que cuenta con el más alto porcentaje de pobreza monetaria, donde un poco más de 290 mil personas viven en esta condición y más de 50 mil cartageneros se encuentran en condición de miseria.
La indignación se apoderó de los medios en estas fechas al enterarnos que además de la compra de cada kilo de pechuga de pollo a $40.000, el kilo de carne a $25.000, el kilo de carne molida a $38.000 y el kilo de bofe a $15.000, se descubrió que la ejecución del PAE en Cartagena, durante el segundo semestre de 2016, se dio a través de la empresa comercializadora “La Nueva Esperanza”, que en la Cámara de Comercio de esta ciudad registra como su actividad principal el comercio al por menor de artículos de ferretería, pintura y productos de vidrio, actividades que nada tienen que ver con el suministro de alimentos a niños y niñas.
El principal responsable de estos hechos parece ser Manuel Vicente Duque, quien es el ex alcalde de Cartagena. A Duque además ser investigado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias, cohecho y concierto para delinquir por otros hechos, también lo investiga la Contraloría, pues esta puso recientemente sobre la mesa un banquete de irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de todo el país, y de entre los más graves está el caso de Cartagena, en donde la investigación de los contratos del PAE en situaciones abiertamente irregulares sumarían $23.427 millones.
Durante todo el 2016 Manuel Duque hizo lo que quiso literalmente con el presupuesto de los Cartageneros, especialmente el destinado a la alimentación de los niños, por ejemplo, el 5 de agosto del mismo año, el ex alcalde Duque firmaba un contrato por $15.831 millones, con el propósito de entregar 131.000 raciones diarias a todos los estudiantes de los colegios públicos de la ciudad, contrato que hoy en día es materia de investigación por la Contraloría.
Pero este no es el único caso en donde la violación a los derechos de los niños ha generado indignación en el país. Ese agosto de 2016 precisamente, mientras Duque firmaba contratos a dedo, se presentaban en Colombia unas manifestaciones para la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como nunca se había visto antes en el país. El ex procurador Alejandro Ordóñez, la diputada santandereana Ángela Hernández, el autodenominado “concejal de la familia” Marco Fidel Ramírez en Bogotá, la Iglesia Católica, confesiones evangélicas y algunos partidos políticos, habían realizado convocatorias a nivel nacional desde las cuales se desembocaron varias marchas y plantones el 10 de Agosto de 2016 en contra de las supuestas indicaciones que, según algunos, el Ministerio de Educación Nacional habría formulado para la inclusión de la ideología de género en los manuales de convivencia de los colegios. En la tarde de ese 10 de Agosto, en al menos 14 ciudades del país, miles de personas salieron a protestar con arengas como “¡Nuestros hijos no están solos!”, «¡No a la ideología de género!», y “¡Que renuncie, que renuncie!”, refiriéndose a la entonces Ministra de Educación Gina Parody.
Cartagena no fue ajena a estas protestas, pues en la Plaza de la Aduana se desarrolló un plantón de personas que se han declarado “a favor de la familia y de nuestros niños y niñas”. Curiosamente en la Heroica, Alejandro Ordóñez salía a marchar como cualquier otro ciudadano, o cómo él dijo “como un padre de familia”. Aunque la gente lo recibió con aplausos, Ordoñez se negó a hablar en tarima, prácticamente porque no podía hacerlo en ejercicio de sus funciones, aunque sí dio declaraciones a los medios de comunicación, como si fuera grande la diferencia. Pero ¿qué hacía Alejandro Ordóñez en Cartagena el 10 de agosto de 2016, en una fecha tan importante para su próxima candidatura presidencial y donde se desarrollaban a nivel nacional concurridas protestas que él mismo había promovido? Pues paradójicamente, en Cartagena, a unos 10 minutos de una alcaldía donde según la fiscalía se delinquía y se robaba la plata de la alimentación de los niños, en el Centro de Convenciones también se daba inicio al Foro Internacional “Procuraduría: A la vanguardia en la lucha contra la corrupción y por la transparencia”. Como se enuncia en el nombre de dicho foro, la Procuraduría General de la Nación era la organizadora del evento en cabeza del entonces Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado.
Resulta que mientras el Procurador General se reunía con personeros de todo el país, quienes son precisamente los encargados constitucionalmente de proteger los derechos humanos, quizá a sólo unos metros de distancia de este foro, los niños cartageneros pasaban hambre por culpa de unos corruptos, quienes curiosamente estaban a sólo unos metros de distancia de él, y a quienes también le correspondía investigar y sancionar. Es de recordar que antes de que se cumpliera un mes después, el Consejo de Estado destituiría a Ordóñez por nombrar a familiares de magistrados que votaron por su reelección, o sea, por corrupción y falta de transparencia, otra paradoja a la razón de dicho foro.
El problema de fondo es que hoy en día, muchos meses después, no se organizará un plantón en la Plaza de la Aduana, donde Alejandro Ordóñez, quien ahora sí puede dar discursos, repudie el sobrecosto de pechugas a $40.000 y de canela de $39 millones. Tampoco veremos marchas en las principales ciudades del país a favor del derecho que tienen los niños de alimentarse sanamente. No existirán pronunciamientos de Marco Fidel Ramírez en Bogotá, debido a que el mismo representante legal del consorcio que cobró pechugas a 40 mil pesos en Cartagena y que es investigada en por la Contraloría, ganó una nueva licitación en Bogotá para almacenar alimentos de refrigerios escolares. El contrato tiene un valor por $177.461 millones.
No creo tampoco que la diputada de Santander, Ángela Hernández, convoque una marcha frente a la gobernación del mismo Departamento para protestar contra las irregularidades en la contratación del programa de alimentación escolar, que hoy tienen en la cárcel a la Secretaría de Educación, Ana de Dios Tarazona, y a otras dos personas, por hechos inexplicables que van desde la compra ficticia de tamales por 30 millones de pesos, que nunca fueron suministrados a los pequeños beneficiarios de colegios en 84 municipios, hasta 290 millones de pesos del programa desviados para la compra de un apartamento a nombre de un particular.
Lamentablemente puede movilizar a más personas las mentiras, pues luego se terminó demostrando que una cuenta en Twitter, opositora al gobierno Santos, inventó que las cartillas con contenidos sexuales se repartirían en colegios de la costa caribe (casualmente en Cartagena), que noticias reales y daños reales a la niñez. La realidad es que esto es tan grave, que por estos daños ya se han realizado 88 capturas y 94 personas ya fueron llamadas a imputación de cargos.
La realidad es que en Colombia 1 de cada 10 niños sufre de desnutrición crónica y que a la semana mueren entre 4 y 5 niños por desnutrición, y mientras pudiéramos alimentarlos, se roban $140 mil millones destinados precisamente para ello. Sin embargo, no tendremos una convocatoria que ponga a miles de personas en las calles arengando por la alimentación sana de los menores, acribillada por la corrupción y arengando “¡Que renuncie, que renuncie!” absolutamente nadie.
